Funcionarios del gobierno de Peña todavía encabezan 60% de las oficinas encargadas de detectar corrupción.

A tres meses del arranque del nuevo gobierno, en 127 dependencias y organismos federales se mantiene a los mismos titulares de los Órganos Internos de Control del gobierno anterior; sólo se han renovado 88 y el resto serán sustituidos en los próximos tres meses, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La dependencia promete que el proceso para seleccionar a los nuevos encargados se basará en la ética, los valores y la probidad de los candidatos.

El Órgano Interno de Control es la primera instancia para la detección de posibles irregularidades o mala actuación de los funcionarios públicos dentro de las dependencias, pues se encargan de recibir denuncias internas, dar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y hacer sus propias auditorías a las dependencias.

Aunque la designación del titular es una facultad de la Secretaría de la Función Pública, según la Ley de la Administración Pública Federal, en la práctica, los titulares de las dependencias recomendaban a funcionarios de su confianza para ocupar el cargo.

Y si bien se han detectado malas prácticas en la administración pública y existen funcionarios públicos sancionados por ello, casos de corrupción como Odebrecht, por ejemplo, nunca fueron detectados por los Órganos Internos de Control de Petróleos Mexicanos ni tampoco el esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra en alguna de las 11 dependencias donde ocurrió.

Por ello, la nueva administración estableció una serie de procedimientos para elegir a los nuevos titulares de estos puestos y asegurar que no sean allegados a los titulares, a quienes auditarán, afirma en entrevista con Animal Político, Daniel García, coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública.

Esta vez, dice, la elección ya no partirá de la recomendación de los secretarios de Estado sino de la comprobación de un proceso de selección donde se busca que cumplan con “un perfil de ética, de valores, de probidad. Que tengan esa hambre, fuerza de cambiar la administración pública en el país, que se conviertan en un actor que coadyuven para lograr la transformación que se está buscando”.

Aunque no hubo una convocatoria pública, para elegir a los aspirantes, la Función Pública usa “herramientas” como el Módulo de Atención de Talento que consiste en analizar los perfiles y encontrar la coincidencia con algunos de los cargos vacantes; también se revisa las bases de datos de los órganos internos de control o las solicitudes que llegan por correo electrónico.

El proceso de evaluación de los candidatos consiste en verificar el nivel de conocimientos técnicos básicos necesarios para desempeñar su actividad, también se hace una ponderación de la trayectoria y se consulta el directorio de funcionarios sancionados para verificar que no haya antecedentes respecto a irregularidades. “Tratamos de ser muy objetivos, porque obviamente en estos procesos hay una cierta veta donde la valoración se torna un tanto subjetiva”, dice García.

Incluso, en el proceso, la Función Pública da mayor peso a la “probidad” que a los conocimientos porque “el perfil técnico, es importante, pero nos estamos enfocando en la parte ética puedes capacitar a alguien técnicamente, pero no puedes capacitar a alguien moralmente, porque es resultado de muchos factores, desde su familia, sus hábitos”.

Después de una entrevista a los candidatos, los nombres son enviados a la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para que determine si se procede a la contratación.

El Órgano Interno de Control quedará conformada por el titular, y los encargados de cuatro áreas: quejas, responsabilidades, auditoría interna y auditoría para la mejora y desarrollo de la gestión, para cada una de las dependencias y organismos de la administración pública Federal.   

Ellos se encargarán de cumplir 2,555 auditorías a la administración pública, 45 % más que en 2018, la meta prevista por la Función Pública para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, operará con 27% menos presupuesto para 2019 con respecto a 2018, cuando recibió 1,237 millones de pesos. Para cumplir con sus metas dispondrá de 901 millones 819 mil pesos para este año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.