En junio de
2016, Humberto Moreira demandó al
académico Sergio Aguayo, argumentando que una de sus columnas había dañado su
honor, por lo que le exigía el pago de 10 millones de pesos para restañar sus
“sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”.
“El viernes 29 de marzo de 2019 el
juez falló a mi favor. Concluyó que el profesor Moreira “no acreditó su acción”
y dio por válidos mis argumentos”, indicó Aguayo en un comunicado, en el que
refirió que “este litigio ilustra la creciente utilización de las demandas por
“daño moral” para acosar a periodistas “.
La demanda
se remonta al 20 de enero de 2016, cuando
Aguayo publicó una columna en Reforma y otros diarios. En ese momento Moreira
estaba encarcelado en España y entre otras cosas el académico comentó que “es
un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los
escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos
cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada
impunidad mexicana”.
En junio de
2016, el ex gobernador de Coahuila y ex
presidente nacional del PRI demandó a Aguayo por dichas frases. Según él,
Aguayo lo hizo para “ofender, insultar, calumniar y propinar injurias” lo que
atentaba contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así
como la consideración que de mi persona tienen los demás”. Tasó en por lo menos
10 millones de pesos la reparación con la cual mitigaría el “daño moral”. Es
decir, los 10 millones eran un punto de partida.
Aguayo sostuvo que sus afirmaciones tenían
información sólida pues contaba, por ejemplo, con copia del documento empleado
por la Audiencia Nacional de España para detener a Moreira, como presunto
responsable de los “delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a
organización criminal, […] malversación de caudales públicos y cohecho”. Después
de publicada mi columna la Audiencia Nacional de España lo exoneró y él regresó
inmediatamente a México.
“Su demanda era ilógica porque hubo
textos mucho más críticos y porque dejó pasar seis meses para presentarse ante
el juzgado. La hipótesis que formulé –y que sigo creyendo—es que buscaba
intimidarme y desgastarme porque en marzo de 2016 empecé a coordinar desde mi
institución, El Colegio de México, una investigación sobre las atrocidades
cometidas por los Zeta en Allende y Piedras Negras, Coahuila. Ello implicaba
revisar algunos de los años en que fue gobernador de aquel estado (dejó el
cargo en enero de 2011)”, consideró Aguayo.
“Los primeros seis meses de litigio
fueron una pesadilla. El juez que llevaba el asunto concedía a los abogados de
Moreira todas las peticiones, incluidas las más absurdas. Era obvio que
fallaría en mi contra. En febrero de 2017 –y después de quejas formales e
informales ante el poder judicial de la capital– pasaron el caso al juez
décimosexto de lo civil, Francisco Castillo González, quien se ha comportado
profesionalmente”,
contó el académico.
“En México, quienes escribimos en
medios estamos expuestos a la ira de políticos y gobernantes, de empresarios
deshonestos y de integrantes del crimen organizado. En los últimos años ha
proliferado la costumbre de interponer demandas por “daño moral”. Son
acusaciones graves por los múltiples vicios que tiene la justicia mexicana. Uno
de ellos es la facilidad con la cual aceptan demandas por “daño moral” con
exigencias monetarias desproporcionadas”, señaló.
“El desamparo se complica porque los
organismos públicos de derechos humanos (el Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la secretaría de
Gobernación, por ejemplo) se desentienden de este tipo de ataques a la libertad
de expresión. La situación se hace especialmente difícil para los colegas que
trabajan en entidades de la república”, indicó.
“Las demandas por “daño moral” deben
incluidas en el listado del arsenal empleado por quienes están empeñados en
mantener a México en los primeros lugares de los países más peligrosos para el
periodismo independiente”, finalizó.
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