Reproches por la denostación al
trabajo de la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, así
como advertencias sobre un eventual carpetazo a la investigación sobre la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante las posibilidades de que
los constructores de la “verdad histórica” dejen el poder, fueron expuestas
este martes en la audiencia de revisión del Mecanismo de Seguimiento en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La audiencia realizada en el contexto
del 168º Periodo de Sesiones de la CIDH que se desarrolla en Santo Domingo, República
Dominicana, es previa a un informe sobre el caso que rendirá la CIDH, y a una
visita que se realizará en julio próximo,
La reunión presidida por la relatora
de país, Esmeralda Arosamena, se tornó ríspida ante la ausencia de avances para
localizar a los jóvenes desaparecidos hace 43 meses, y a unos meses de que se
lleven a cabo elecciones en México, así como por el pronunciamiento emitido
este lunes por el gobierno de Peña Nieto contra el informe “Doble injusticia”,
presentado por la ONU-DH, en el que se documentan torturas a al menos 34
personas procesadas por el caso Ayotzinapa, entre ellas quienes supuestamente
sustentan la “verdad histórica”.
El
subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),
Santiago Aguirre, alertó a los
comisionados acerca de que el “ataque” a la ONU-DH es consecuente con otras
posiciones similares del gobierno de Peña contra el relator de la tortura de y
hacia el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), ambos de la ONU, y al
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), actitudes “propias
de un Estado autoritario”.
Aguirre conminó a los comisionados de la CIDH a
defender el informe próximo a publicarse y atender el llamado de los padres y
madres de los 43 de que se presente en México.
El abogado también protestó por la
filtración a medios de comunicación de la intervención telefónica que hizo el
gobierno de Estados Unidos a personas vinculadas con Guerreros Unidos y que
están siendo procesados en ese país, así como las deficiencias en los procesos
judiciales y el rechazo del gobierno de Peña a atender el estudio psicosocial
realizado a las víctimas por un grupo multidisciplinario.
Para el
defensor, esos cuatro elementos son
“señales que confirman nuestros peores temores de que la prioridad de esta
administración es cerrar el caso, dadas las altas posibilidades de que quienes
confeccionaron la verdad histórica salgan pronto de sus posiciones de poder”.
En la
audiencia, los comisionados Luis Ernesto
Vargas y Flavia Prevoisen expresaron su rechazo a los ataques a la ONU-DH, y
reconocieron que la labor de la instancia, “aunque no tiene una calidad
jurídica”, debe ser atendida por su experiencia en abortar temas de tortura,
El
comisionado Vargas, de origen colombiano, expresó
su particular solidaridad al responsable de la ONU-DH en México, Jan Jarab, y a
su equipo, e insistió en lo preocupante que resulta que dicha oficina haya
descubierto un “patrón de tortura” que “puede dar al traste con la
investigación”.
El relator
especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, cuestionó a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el
embajador Miguel Ruiz Cabañas, sobre las investigaciones que ha hecho la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre las filtraciones de la
información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos sobre
conversaciones de los implicados en el caso Ayotzinapa, así como por la escucha
telefónica ilegal de que habrían sido víctimas integrantes de las
organizaciones que defienden el caso a través del malware Pegasus, adquirido
por la PGR.
Durante su
intervención, Ruiz Cabañas remitió a los
comisionados al posicionamiento hecho público este lunes por el gobierno de México,
en tanto que el fiscal del caso, Alfredo Higuera Bernal, presentó una numeralia
de actividades de búsqueda a través de la tecnología LIDAR.
De acuerdo
con el encargado de la Oficina Especial para el Caso Iguala, de 5 mil imágenes
obtenidas, se determinó explorar 360 lugares en búsqueda de los jóvenes, de los
cuales, de noviembre a abril pasado, se han revisado 325 “sin resultados
tangibles”.
También
refirió que se ha consignado recientemente a 31 personas como responsables de
haber participado en los hechos, de las que 16 contarían con procesos abiertos
en curso por portación de arma, delincuencia organizada, secuestro y delitos
contra la salud, en tanto que los cuatro expedientes abiertos por la Fiscalía
General de Guerrero ya fueron acumulados en uno solo, tal como lo sugirió el
GIEI y la CNDH.
En nombre de
las madres de los 43, Joaquina García, mamá de Martín Getsemany Sánchez, pidió a los comisionados no abandonarlos:
“Se cumple otro 10 de mayo sin nuestros hijos, como madre les pido que no nos
dejen por favor”, clamó.
Mientras,
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, acusó: “Estos señores saben que su gobierno
corrupto ya se va y tienen miedo, por eso quieren cerrar cada línea haciendo
como investigan. Invitamos a los comisionados de la CIDH a que presenten su
informe en México”.
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