Un juez de Control impidió al ex
Secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta, participar en la segunda
audiencia del caso Alejandro Gutiérrez que se realiza en la Ciudad de México,
luego de que la imputación penal por peculado que se le sigue al ex Secretario
General Adjunto del PRI fuera declarada competencia del fuero federal por
petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al dictar su
resolución, el juez Gerardo Moreno García, adscrito al Centro de Justicia Penal
Federal con sede en el Reclusorio Norte, argumentó
que no podía reconocer el carácter de ofendido al gobierno de Chihuahua en una
causa penal que él mismo consideró de competencia federal derivado de que los
recursos presuntamente desviados provenían del presupuesto asignado a educación
por la Secretaría de Crédito Público (SHCP).
El abogado Fernando Gómez-Mont acudió a la audiencia
del caso Gutiérrez Gutiérrez en calidad de asesor victimal del gobierno de
Chihuahua, por lo que estaba acompañado del Consejero Jurídico del gobierno de
Javier Corral, Jorge Alberto Espinoza Cortés; y por la Coordinadora Jurídica de
la Secretaría de Hacienda estatal, Ángela Mónica Ferreira Aguilar.
La determinación del juez Moreno
García se dio en la segunda audiencia del proceso penal federal que se sigue
contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (AGG) y dos ex funcionarios de Hacienda de
Chihuahua, Gerardo Villegas Mandriles y Antonio Enrique Tarín García, imputados
por el presunto desvío de 250 millones de pesos provenientes del erario y el
financiamiento ilícito a campañas electorales del PRI en los comicios para
gobernador del 2016.
La resolución sorprendió a
Gómez-Mont, quien acudió a la audiencia judicial en calidad de abogado auxiliar
o coadyuvante del Gobierno de Chihuahua.
El fallo del juez Gerardo Moreno
implicó que el ex secretario de Gobernación y los otros dos representantes
legales del gobierno de Corral que estaban presentes en la audiencia celebrada
el pasado viernes 4 de mayo, tuvieran que dejar el lugar que ocupaban en el
estrado, a la
izquierda del impartidor de justicia, sitio que se asigna a los asesores victímales
y a los ofendidos en un proceso penal.
La imputación inicial contra
Gutiérrez y sus dos acusados fue formulada por la Fiscalía General de
Chihuahua, pero a solicitud expresa de la PGR, el Juez de Control resolvió que
el caso era competencia de la Federación, con el argumento de que los fondos
presuntamente desviados eran recursos federales destinados al gasto educativo.
En febrero
pasado, el juez Moreno García se declaró
competente para conocer el caso y ordenó a la Fiscalía de Chihuahua y al Poder
Judicial de esa entidad entregar todo el contenido de la carpeta de investigación
sobre el caso Gutiérrez; así como de las resoluciones judiciales que ya se
habían dictado dentro del proceso.
Pese a las impugnaciones presentadas
por los juzgados de Chihuahua y por la propia Fiscalía Estatal para tratar de
conservar el caso de Alejandro Gutiérrez, el pasado mes de abril un tribunal
colegiado resolvió de manera definitiva que el proceso penal contra el ex
colaborador de Manlio Fabio Beltrones y dos de sus coacusados, era competencia
exclusiva del fuero federal, por lo que dejó el caso en manos del juez de
Control, Gerardo Moreno.
Una decisión
sorpresiva para el ex secretario de Gobernación.
Desde el
inicio de la audiencia el juez de
Control, Gerardo Moreno García, mostró cierta hostilidad con la representación
del gobierno de Chihuahua, puesto que al solicitar los datos de Gómez-Mont y
sus acompañantes preguntó la calidad en la que se encontraban.
Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y
Gerardo Villegas estuvieron presentes mediante videoconferencia desde un
juzgado del fuero común de Chihuahua. La audiencia había sido convocada a
petición de los abogados defensores para retirar los criterios de oportunidad a
dos testigos de identidad reservada.
En otras
palabras, la defensa de Tarín y Villegas
iba a solicitar al juez de Control retirar los beneficios procesales concedidos
por la Fiscalía de Chihuahua a los testigos de identidad reservada,
sentenciados mediante procedimiento abreviado, que involucraron a los imputados
en la llamada “Operación Záfiro” y el presunto financiamiento ilícito a las
campañas electorales del PRI.
Conocida la
petición de la defensa, la
representación legal del gobierno de Chihuahua se encontraba en la sala para
defender la investigación realizada por el Fiscal César Augusto Peniche Espejel
y sus colaboradores. Estaban armados con libros de derecho y varios legajos del
expediente.
Pero una vez iniciada la audiencia y
concluidas las presentaciones respectivas, el juez Moreno García volvió a
cuestionar a Fernando Gómez-Mont y los funcionarios del gobierno de Chihuahua
en qué calidad se encontraban. La respuesta fue la misma: eran los abogados de
la parte ofendida, es decir, del gobierno chihuahuense.
El juez preguntó a la defensa si
tenía algo que manifestar al respecto. El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana
fue tajante: dado que ya se había declarado la incompetencia del fuero común
para continuar con el proceso penal, el gobierno de Chihuahua ya no era víctima
o sujeto pasivo del delito, por lo que ya no tenían derecho a estar presentes.
La defensa de Gutiérrez se sumó a la
postura de los abogados de sus coacusados. “No hay carácter de ofendido para el
gobierno de Chihuahua, la acusación se refería a recursos federales y no
estatales”,
sentenciaron los litigantes Antonio Collado y José Javier López.
Los abogados de los tres imputados
cumplieron así con la obligación de defender a sus representados, pero todavía
faltaba la postura del impartidor de justicia.
Pero la
determinación del juez de Control, Gerardo
Moreno García, fue casi inmediata y sin debate de por medio: al no reconocer el
carácter de ofendido al gobierno de Chihuahua ni siquiera permitió a Fernando
Gómez-Mont, en su calidad de coadyuvante, ni al Consejero Jurídico, Jorge
Alberto Espinoza, oponerse a su determinación.
“Hubo una audiencia previa en la que
estuvieron presentes otras personas, en esa primera audiencia se discutió la
competencia o incompetencia de las autoridades estatales para seguir este
proceso, en esa audiencia si tenían legitimación para estar presentes por
tratarse de un debate sobre el carácter del proceso”.
“Sin embargo, en esta audiencia no
puede reconocerles esa misma calidad, puesto que ya se tomó la determinación de
que el proceso es competencia del fuero federal y el gobierno del Estado y la
Fiscalía estatal ya no tienen calidad de ofendidos en este caso. Por esa misma
razón, no puedo permitirles que expongan argumentos en esta audiencia”, prosiguió.
Si Gómez-Mont estaba preparado para
la posibilidad de que no se les reconociera como parte ofendida, al momento en
que se les negó la posibilidad de argumentar y defender su calidad de asesores victímales
en la audiencia, expresó sorpresa y molestia.
“Su señoría, hay una confusión o se
confunde, creo que tenemos derecho al contradictorio”, expresó, en referencia a la posibilidad que ofrece el sistema de justicia penal
acusatorio de debatir cada una de las determinaciones del juzgador y de sus contrapartes
en el proceso.
Pero el juez Moreno García reviró y cortó sus
palabras. “Puedo estar confundido, soy 100 por ciento humano, pero reiteró mi
determinación de que no pueden permanecer en la sala con carácter de ofendidos,
por lo que los invito a que pasen a la parte del público, puesto que es una
audiencia pública; o en caso contrario, me veré obligado a pedirles que se
retiren y a aplicarles la medida de apremio consistente en el pago de una multa
equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA)”.
La UMA es el
monto previsto en la ley que sustituyó el pago a los días de salario mínimo
para el pago de multas y que para el 2018 es de 80.60 pesos por día.
Ante dicha
determinación, los tres representantes
del gobierno de Chihuahua decidieron abandonar la sala de audiencias:
resistirse a la orden del juzgador se hubiera considerado un desacato y habría
permitido al impartidor de justicia solicitar el uso de la fuerza pública para
desalojar al ex secretario de Gobernación y sus dos acompañantes.
El fin de la
audiencia y la “magia negra”
Tras el
retiro de la representación del gobierno de Chihuahua, el juez de Control, Gerardo Moreno García, advirtió a la Procuraduría
General de la República (PGR) y a los defensores de los tres imputados que “no
podía hacer magia negra”, por lo que no podría continuar la audiencia cuando
ambas partes habían manifestado que todavía no tenían acceso completo al
expediente del caso.
“No voy a hacer un papelón
resolviendo un expediente que no conozco y que las autoridades de Chihuahua me
entregaron en un sobre lacrado cuando todavía se discutía la incompetencia”, manifestó.
Por lo
anterior, solicitó a la defensa de los
tres imputados y a los fiscales de la PGR que estaban presentes hacer una lista
de las actuaciones que faltaban en el expediente: 16 entrevistas, el acta del
Ministerio Público de Chihuahua en la que se concedieron beneficios procesales
a dos testigos de identidad reservada y los oficios relacionados con los
llamados criterios de oportunidad que se aplicaron para lograr la colaboración
de dichos testigos.
De esta
forma, la audiencia se dio por concluida
y se va a reprogramar hasta que las partes autorizadas, es decir, la PGR y la
defensa de los tres imputados, tenga acceso pleno al expediente.
Pero el riesgo, a decir de la
Fiscalía de Chihuahua, es que los testigos de identidad reservada pierdan ese
carácter y que la PGR intente variar la teoría del caso, invalidando así los
testimonios que existen en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio
Tarín García y Gerardo Villegas Mandriles.
Cabe señalar que, al principio de la
audiencia, las partes solicitaron guardar los datos personales de los imputados
y se recordó que no deben ser expuestos como culpables de un delito, pero al tratarse de hechos públicos
y notorios por los cuales se conocen los nombres de los tres procesados, la
reserva ya estaba acotada de manera previa.
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