Jorge Javier
Romero Vadillo.
Lo dicho: ninguno de los candidatos
sabe de lo que está hablando cuando habla de seguridad y justicia. Si en el
primer debate se mostraron improvisados y titubeantes cuando ese era uno de los
temas que centraría la discusión, resulta mucho más preocupante que en un foro
como el Diálogo por la Paz y la Justicia, convocado por diversas organizaciones
especializadas en temas de derechos humanos, seguridad y justicia, los candidatos
asistentes se hayan mostrado tan limitados y poco informados, pero sobre todo
tan carentes de ideas y propuestas.
La ausencia de Margarita Zavala fue
una toma de posición en sí misma, pues la convocatoria al encuentro traía
implícita una crítica a las políticas que en estas materias impulsó su marido
durante su gobierno,
pero los cuatro que sí asistieron
dejaron la impresión de que ninguno de ellos sabe qué hacer para enfrentar uno
de los asuntos más graves de la vida nacional. Los cuatro comparecientes reconocieron,
de una u otra manera, que el modelo actual es un fracaso, pero ninguno fue
capaz de delinear una política de Estado, o al menos un programa de corto o
mediano plazo, para frenar la sangría, reconstruir lo arrasado por el desastre
y plantear un modelo de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos
humanos. De ninguno de los cuatro se oyó un compromiso serio con la
construcción de un sistema de justicia profesional, eficaz e independiente.
Tampoco hubo en sus intervenciones propuestas para revertir la militarización.
Si bien todos fueron críticos con la
situación actual, ninguno ha siquiera volteado a ver a la prohibición de las
drogas como detonante del desastre. Solo a pregunta
expresa, se refirieron titubeantes al tema. Anaya se mostró dispuesto a
discutir y dijo que convocaría a un foro regional para abordar la prohibición,
como si no se hubieran hecho ya infinidad de foros y no se contara con la
evidencia suficiente para poner en el centro del cambio de política el abandono
del paradigma prohibicionista. López Obrador, como siempre, eludió una toma de
postura diciendo que lo sometería a consulta. Meade repitió que acabar con la
prohibición no acabaría con la violencia, de una manera que muestra su
ignorancia sobre el papel que la política de drogas ha jugado en la crisis en
la que estamos inmersos.
La ignorancia y los prejuicios
respecto al tema de las drogas fueron denominador común en las cuatro
comparecencias. Pero tampoco en el resto de las aristas de nuestra crisis de
justicia los candidatos se mostraron informados o duchos.
Si bien
Meade presentó una cantidad de información que parecía producida por alguna de
las organizaciones civiles más críticas con las políticas de los últimos doce
años, a la hora de las propuestas
resultó el más timorato, el menos innovador. El candidato que presume de mejor
preparado se muestra el más inseguro a la hora de proponer cambios; no es capaz
de salirse del guion ni se atreve a cuestionar, con los mismos datos que él
mostró, lo hecho por este gobierno o el anterior, en los cuales trabajó.
En cuanto a la militarización,
ninguno de los candidatos fue capaz de presentar una crítica a la Ley de
Seguridad Interior, que normaliza la presencia de las fuerzas armadas en la
seguridad en contradicción con lo establecido por la Constitución; ninguno se
comprometió a abrogarla, tampoco propusieron una ruta crítica para el regreso
de los militares a sus cuarteles, como si le temieran a contrariar al ejército
o a la marina. La profesionalización policial apenas si se asomó en la
sintervenciones.
Los cuatro se mostraron aturullados
cuando se les preguntó sobre si estaban dispuestos a aceptar un mecanismo
internacional contra la impunidad con apoyo de la ONU o una comisión de la
verdad como instrumentos de justicia transicional. Se trata de una propuesta polémica
surgida de las organizaciones de defensores de los derechos humanos que se
prestaba para mostrar el talante de estadistas de los contendientes, ya fuera a
favor o en contra. Empero, pareció como
si no entendieran de qué se trataba, aunque desde la convocatoria se les había
dejado claro que se abordaría la cuestión y que en el encuentro estarían
presentes grupos de víctimas de la violencia. Anaya fue confuso en sus
respuestas, mientras López Obrador fue contradictorio, pues por un lado se
mostró opuesto a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pero por
otro se mostró dispuesto a aceptar la creación del mecanismo internacional. El candidato de MORENA sí se mostró
dispuesto a impulsar una comisión de la verdad para investigar crímenes de los
últimos 12 años, incluidos los cometidos por los agentes del Estado.
En cuanto a la autonomía plena de la
fiscalía y a la participación de la sociedad civil en la selección del fiscal,
el más claro fue Ricardo Anaya. Al menos en ese tema sí había hecho la tarea el
candidato del Frente y se mostró comprometido con la reforma a los transitorios
del artículo 102 constitucional, para eliminar el pase directo del procurador a
fiscal y para evitar que el cambio de la Procuraduría General de la República a
la nueva Fiscalía autónoma sea meramente cosmético. López Obrador, por su parte,
ratificó su desconfianza de la sociedad civil y su idea de que la autonomía del
fiscal será producto únicamente de la voluntad presidencial y dependerá de lo
atinado que sea en la formación de la terna propuesta. Para el candidato
puntero son las personas y no las instituciones las que determinan el
desempeño.
El sabor de boca que dejó el
encuentro fue en general amargo, pues lo que evidenció fue la falta de claridad
y de preparación de los aspirantes presidenciales.
Después del
primer debate, uno de los intelectuales sumados a la campaña de López Obrador
que más respeto académico y político me merecen decía en un tuit que era tan
absurdo pretender que los candidatos supieran de todos los temas como pedirle a
un director de orquesta que conociera la parte de cada instrumento. Se
equivoca: un buen director de orquesta es capaz de al menos tararear cada una
de las partes de la composición que conducirá, aunque no sepa tocar todos los
instrumentos. Así, si bien un jefe de gobierno puede no conocer los detalles
técnicos de todas las políticas, sí debe tener una idea del sentido general de
estas. Hasta ahora lo que hemos visto en esta campaña es puro mariachi
desafinado.
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