Salvador
Camarena.
El Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi)
está a punto de pasar un trago amargo por la forma en que manejó los fondos
para los damnificados del sismo del 7 de septiembre, movimiento telúrico que
afectó a miles de familias en Chiapas y Oaxaca.
Se puede decir que los afectados por
ese terremoto han sufrido por partida triple. Primero, obvio, por el sismo de
ese día. Segundo, porque al sobrevenir doce días después otro terremoto, este
en el centro del país, la atención a las víctimas de Chiapas y Oaxaca pasó a un
segundo plano, y tercero, por el caótico manejo que Bansefi tuvo con las
tarjetas en las que se depositarían los fondos para los damnificados: como se
publicó en enero de este año, ese banco, presidido por Virgilio Andrade, emitió
tres mil tarjetas de más, y en ellas depositó indebidamente 68.8 millones de
pesos, mientras al mismo tiempo dejaba sin apoyos a múltiples víctimas.
El caso,
como se sabe, fue investigado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), que en el oficio 122.111.12 (001597”2017” [6], fechado en diciembre del
año pasado, hizo una serie de graves
observaciones a Bansefi; sin embargo, la instancia reguladora estaba pendiente
de dar su veredicto, que tomaría en cuenta la versión que en su defensa adujera
Bansefi.
Ahora se sabe, de manera
extraoficial, que la CNBV ha concluido la valoración de las pruebas aportadas
por Bansefi, y que tras ello el regulador bancario ha encontrado que Virgilio
Andrade puede enfrentar observaciones y sanciones por fallas en los mecanismos
de control al emitir las tarjetas, y porque se comprobó que hubo daño
patrimonial en el manejo de la ayuda que iba a ser destinada a los
damnificados. Bansefi, según fuentes consultadas, ya fue notificado al
respecto.
Cabe recordar que Bansefi estuvo en
el ojo del huracán debido a que, inopinadamente, decidió utilizar una
tecnología obsoleta en términos de seguridad a la hora de emitir las tarjetas
en las que se depositarían los fondos a los damnificados.
Contra
diversas advertencias de instancias como el Banco de México sobre la
vulnerabilidad de las tarjetas de banda magnética, Andrade decidió que las tarjetas que se darían a los damnificados
tendrían esa tecnología, y no la de chip, que es prácticamente inviolable.
La gente de Bansefi ha argumentado
que recurrir a la tecnología de banda magnética garantizaba la pronta entrega
de los plásticos, pero conocedores del mercado de tarjetas han comentado en
privado que tal argumento es falaz, pues en el mercado mexicano diversos
proveedores tienen capacidad de surtir miles de tarjetas de chip en similares
plazos que las de banda magnética.
Al final, fue precisamente la denuncia ciudadana de que
249 tarjetas habían sido hackeadas, provocando un desfalco por más de dos
millones de pesos, lo que motivó tanto la polémica mediática sobre la capacidad
de Bansefi para llevar a cabo un tema tan sensible como la investigación de la
CNBV.
La sanción a
Bansefi, que seguramente algunos considerarán mínima o insuficiente, no quitará
de la mesa el tema central de la polémica.
Cómo pudo ser que ese banco, que
tiene experiencia en la dispersión de recursos para grupos vulnerables, haya
tenido tal desaseo y descontrol en un asunto tan delicado como la ayuda a
damnificados.
Eso sin
mencionar que independientemente de la sanción que imponga la CNBV, Bansefi nunca ha aclarado a la opinión
pública cómo y cuándo destruyeron los miles de tarjetas extra que mandaron a
hacer, mismas que, fondeadas con 68.8 millones, de pesos estuvieron dispersas
en diversas oficinas de ese banco en varios estados del país. Tampoco ha
explicado, con documentos o algo más que su dicho, cómo y cuándo restituyeron
al banco los fondos que indebidamente pusieron en tarjetas que eran, por su
anquilosada tecnología, prácticamente un cheque en blanco.
En pocas
palabras, cómo pudieron poner tanto en
riesgo en una materia tan delicada. De eso no hablará la CNBV, ojalá sí lo haga
por una vez Virgilio Andrade.
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