La reportera Guadalupe
Guzmán Rentería presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), contra el director de comunicación social del Congreso local
Jaime García Moreno por “amenazas” que atentan contra el derecho a la libertad
de expresión.
La comunicadora que dirige una agencia de noticias denominada
Cuadrante Azul, denunció públicamente
que García Moreno le ordenó trasladarse de Acapulco a su oficina en
Chilpancingo para reclamarle por “un comentario” que hizo Guzmán Rentería en su
cuenta personal de Facebook.
La reportera dijo que
fue víctima de “una serie de amenazas”, lanzadas verbalmente por el servidor
público del Poder Legislativo, que fueron calificadas como una intención de
condicionamiento de la línea editorial que atenta contra la Libertad de
expresión.
Este hecho exhibe el
nivel de corrupción que impera en la entidad donde no existe regulación sobre
el tema de publicidad oficial, y la asignación de convenios a medios y reporteros
se realizan bajo criterios discrecionales y en la opacidad, situación que ha
sido calificada por las organizaciones Fundar y Artículo 19 como mecanismo de
cooptación y censura sutil que vulnera la libertad de expresión y el derecho de
la sociedad a estar informada.
La semana pasada Apro informó
que los diputados de la LXI legislatura local que preside el diputado priista
Héctor Vicario Castrejón han destinado más de 17 millones de pesos anuales por
concepto de “apoyos” y pago por “servicios publicitarios” a medios de
comunicación sin criterios transparentes en la asignación de estos recursos
públicos.
De acuerdo con información oficial, la dirección de comunicación social del Congreso que dirige Jaime
García Moreno maneja de manera discrecional y en total opacidad, tres listados
donde incluye “convenios” con 117 empresas y particulares por un monto de un
millón 303 mil 980 pesos; así como el “pago” a 13 columnistas por 70 mil pesos
y “apoyo” a un centenar de reporteros por 110 mil pesos.
Incluso, García Moreno
adjudicó convenios de publicidad a su propia empresa, llamada Notymás por un
monto de más de 400 mil pesos durante los tres años que lleva la actual
legislatura local que concluye su periodo esta semana.
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