Martí Batres.
En la presente Legislatura del
Congreso de la Unión ha comenzado el trabajo legislativo con el tema de la
austeridad y ha continuado con el de la seguridad.
La Ley Federal de Remuneraciones de
los Servidores Públicos, el Presupuesto, los planes de austeridad de ambas
Cámaras, entre otras decisiones, han servido para materializar el mencionado
tema de la austeridad republicana.
En el caso
de la seguridad, la extinción de
dominio, el nuevo catálogo de delitos graves, la Guardia Nacional y la propia
designación del Fiscal General de la República han configurado una agenda de
Seguridad y Justicia.
Sin embargo,
con justa razón, diversos analistas y
sectores de la sociedad, han señalado que el Congreso debe mirar también hacia
la agenda de los Derechos, entendiendo por estos variados derechos humanos y
sociales, individuales y colectivos.
Por ejemplo,
se encuentra pendiente en el Senado de
la República la aprobación de la reforma constitucional de paridad, para lograr
la representación igualitaria de mujeres y hombres en todos los órganos del
Estado: los tres Poderes, los tres niveles de gobierno y los organismos
autónomos.
También existe un conjunto de asuntos relacionados
con la diversidad sexual, por ejemplo, la prohibición de las llamadas terapias
de reconversión sexual, que abordan el tema de la homosexualidad como una
patología que debe ser curada.
Especialmente se encuentra el tema
laboral, derivado de la reforma constitucional de 2017 y de los acuerdos
comerciales para la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En
este rubro están la nueva justicia laboral, la Convención 189 sobre trabajo en
el hogar, la nueva institución para la transparencia de los contratos de
trabajo, la democracia sindical y el aumento al salario mínimo por arriba de la
inflación, entre otros puntos.
Asimismo, está pendiente la firma y ratificación de
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores.
Junto con ello se encuentra el gran
tema de la educación. Al respecto, está la propuesta de derogar la reforma
educativa que convirtió la evaluación en un instrumento de persecución punitiva
para quitarle su trabajo a los maestros.
En el terreno de la educación también
está propuesto el reconocimiento de la educación superior como obligación del
Estado.
Además, hay una larga lista de puntos relacionados
con la protección de derechos humanos.
Por ejemplo,
los protocolos de conocimiento de
Naciones Unidas sobre casos específicos de violación a derechos humanos, como
desaparición forzada de personas, tortura, desplazados, ejecuciones y otros.
También está el reconocimiento de la jurisdicción
de la Corte de Justicia Penal Internacional.
De igual manera está la demanda de
derogar la figura de arraigo.
Y asimismo, están planteadas distintas reformas a la
legislación de sanciones penales, al Código de Procedimientos Penales y a otros
ordenamientos, con el objeto de proteger derechos humanos.
Y por
último, está el proyecto de facilitar
las consultas del gobierno y los órganos legislativos sobre los temas de
interés público, lo cual alentaría la participación social, el tejido
comunitario y la defensa de derechos.
En un contexto en el que se aprobarán
ordenamientos importantes sobre seguridad pública es fundamental generar el
adecuado equilibrio entre la parte del orden del Estado y la parte de la
protección de los derechos, del bienestar y el desarrollo individual y
colectivo de las personas.
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