Por Alejandro Páez Varela.
Ayer hubo un muerto,
parece, en Hidalgo. Se trata del primero desde que el Gobierno federal lanzó su
estrategia contra el huachicol. Un dato importante porque el desplazamiento de
miles de agentes federales, la custodia de miles de kilómetros de ductos y la
puesta en marcha de un operativo que incluye miles de unidades de Pemex y de la
iniciativa privada para distribuir gasolina es, en su conjunto, el mayor
esfuerzo contra las finanzas de los grupos criminales en la historia de México. No existe un antecedente, desde los
primeros operativos conjuntos entre México y Estados Unidos (a finales de los
1950), de una operación así. La guerra de Felipe Calderón –que siguió intacta
Enrique Peña Nieto– trataba de balazos. Ahora es contra la fuente de
financiamiento.
Claramente, el tono del
operativo federal no es contra los criminales. Es atacar los recursos que les
permiten comprar la voluntad de los pueblos y proveerse de infraestructura. Por
eso no hay muertos, o hay uno, reportado ayer. Es una guerra que libran los
contadores desde el Gobierno federal: si se fijan, las únicas cifras mostradas
por Andrés Manuel López Obrador hasta ahora son las que vemos en gráficos de
Excel sobre el saqueo a Pemex. No hay fotos de detenidos. No hay fotos de
combates en las calles, en los pueblos o en los ranchos. Hay fotos de ductos
perforados, de tomas clandestinas; pipas de gasolina distribuyendo por tierra y
sí, de gente haciendo cola para comprar combustibles. Pero no hay fotos de
muertos.
Cada día que pasa y un litro de gasolina no se va a la bolsa
de los saqueadores, es histórico, de acuerdo con datos entregados por Santiago
Nieto en una entrevista a la periodista Dulce Olvera. La PGR de Enrique Peña Nieto incautó en todo el sexenio 10 euros. ¡Diez
euros en seis años! Y no cerró ni una sola cuenta bancaria a los criminales. El
último cálculo hecho por el propio AMLO la semana pasada indicaba que se han
recuperado más de 2 mil millones de pesos de unos 60 mil millones que los
huachicoleros se robaban por año.
Me debo preguntar por
qué no existe la sensación de que se trata del mayor esfuerzo que haya
realizado México contra las finanzas del crimen organizado. El mayor, en toda
la historia. Quizás sea porque el Gobierno federal no lo comunica así. Se
publicita como “combate al robo de combustible”, pero no como la mayor ofensiva
contra las finanzas de los criminales; contra los ingresos de los cárteles
(como Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa) que
se han especializado en el robo de combustibles. Sí creo que el Gobierno
federal pierde una enorme oportunidad para explicar a partir de allí su propia
estrategia contra la inseguridad.
López Obrador ha dicho
que va contra las causas que originan el crimen organizado. Pues allí está: una
de las causas que dan origen a las bandas criminales es que se pueden financiar
con el negocio multimillonario del robo de combustibles. Con Peña te podías
juntar con tres o cuatro amigos del barrio o del pueblo y si conseguías un buen
plomero, ibas a un ducto y sacabas gasolina. Y ya: nacía una organización
criminal. Pagabas sobornos, conseguías armas, vehículos, almacenes y demás
infraestructura para darle forma al negocio y listo. Ya hay grupo armado. Ahora
les estás cerrando el financiamiento y con el combate, se vuelve un negocio de
alto riesgo… y con posibilidades de fracasar.
Por eso creo que es un
error que esta operación no se difunda como lo que es: una acción que afectará
para bien a los ciudadanos en sus barrios, en sus pueblos. Es un tema de su
seguridad. Se está secando el dinero que usan los malandros para comprar armas,
celulares, camionetas, propiedades. Se les está quitando el dinero para pagar a
los hijos de las colonias y los ranchos; dinero que se daba (o se da todavía) a
los niños para que sirvan de “halconcitos”. No es una guerra contra el robo de
combustible, a secas: es contra las fuentes de financiamiento de los grupos
criminales, la primera que incluye el desplazamiento de miles de agentes
federales, la custodia de miles de kilómetros de ductos y la puesta en marcha
de un operativo que incluye miles de unidades de Pemex y de la iniciativa
privada.
¿Por qué es tan difícil
comunicarlo así? ¿No sería mejor presumir que no hay muertos (o hay pocos); que
es la primera vez en la historia del país que se va directamente contra las
finanzas y que es una operación que en apenas tres semanas ha recuperado miles
de millones de pesos?
La operación federal
tiene su mayor resistencia en la opinión pública, no en las calles, según las
dos recientes encuestas de Consulta Mitofsky y de Reforma. Pero eso puede
cambiar con las horas. Al Gobierno federal le ha faltado comunicar que ya es
una guerra inédita. (Yo, que soy un burdo, pondría en el techo de Palacio
Nacional un contador en donde se viera, en tiempo real, cada peso recuperado de
los criminales).
No he resentido el
desabasto de gasolina porque no tengo carro. Veo que mucha, mucha gente sí. Me
parece que no debería amargarse por la espera, por la cola, por el esfuerzo:
todo ese flujo de dinero iba a dar a la compra de armas, de pueblos, de niños,
de adolescentes; todo ese dinero era para empoderar a los más ojetes: a los que
no se tientan el corazón para robar y matar. Esa gente que hoy hace cola está
haciendo su parte. Lo aplaudo. El esfuerzo de todos es inédito.
Pero eso no quita que
el operativo para surtir de combustibles haya sido un fiasco. Mal planeado, mal
organizado.
Hay un pastel enorme
que puede servir para una fiesta: el pastel de haber combatido, con todo, las
finanzas de los grupos criminales. Pero si el Gobierno federal no se da prisa,
ese mismo pastel se va a usar para manchar los manteles y las cortinas; para
acabar con lo que pudo ser una fiesta. Prisa, prisa. Fiesta, no portazo. Prisa,
prisa, porque si funciona este operativo mayúsculo, podría tratarse del mayor
logro de un gobierno contra la corrupción y la impunidad en muchas décadas. No
dejen que la fiesta se les convierta en revuelta.
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