Martí Batres.
La Agenda de la Seguridad Pública ha tomado un peculiar
relieve al comenzar el año 2019.
Por un lado, el
gobierno federal ha iniciado la realización de un operativo espectacular, con
la intervención del Ejército, para frenar el masivo robo de combustible que se
ha realizado en el país durante muchos años.
Con la participación
directa de altos funcionarios del poder político federal y local, así como de
PEMEX y otras áreas del servicio público, llegaron a extraerse hasta 60 mil
millones de pesos de gasolina en un año. El operativo del gobierno es un golpe
frontal a la corrupción, pero también a una de las manifestaciones más dañinas
de la delincuencia organizada.
Por otro lado, el
Congreso de la Unión debatirá, y en su caso resolverá, sobre tres temas: el
catálogo de delitos graves, la Guardia Nacional y la designación del Fiscal
General de la Nación.
Tres grandes temas
relacionados con la seguridad pública. Sobre el primero, el Senado de la
República ya aprobó reformas para convertir en delitos graves, que ameritan
prisión oficiosa y niegan por tanto la libertad bajo fianza, el robo de combustible,
el fraude electoral, la corrupción, el feminicidio y otros.
Ahora dicho tema lo
abordará la Cámara de Diputados como Cámara revisora. Y si se aprueba se irá a
los Congresos Locales para su ratificación, pues se trata de una modificación
al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El tema fuerte de la
Cámara de Diputados en el período extraordinario será, sin embargo, el de la
Guardia Nacional. Sobre el mismo se ha debatido ampliamente. La propia Cámara
realizó importantes Foros, y al parecer se aprobará una Guardia Nacional con
mando civil, controles en materia de derechos humanos y mecanismos de reversión
y cancelación de la propia guardia.
Al Senado le
corresponderá, por su parte, designar al Fiscal General de la República, por
medio de un procedimiento desarrollado en el Artículo 102, apartado A, de la
Constitución. Esta designación dará fin a una prolongada ausencia de titular
definitivo en el Ministerio Público Federal, aplicándose por fin la reforma
constitucional realizada en el sexenio pasado.
De acuerdo con el citado Artículo 102, el Senado de la República elaborará una lista de diez candidatos al
cargo, aprobada por las dos terceras partes de los presentes, la cual será
enviada al Presidente de la Nación.
Para ello, el Senado
contará con veinte días (que serán hábiles de acuerdo con su Reglamento). De no
enviarse a tiempo la lista mencionada al Ejecutivo, éste enviará libremente una
terna a la Cámara Alta.
Si el Ejecutivo Federal
recibe la lista de diez candidatos, tendrá diez días para formular una terna y
enviarla a consideración del Senado.
En caso de que el
Ejecutivo no envíe la terna, el Senado podrá designar al Fiscal General de
entre la lista de diez.
Si el Senado recibe la
terna del Ejecutivo en los plazos marcados, tendrá diez días para designar al
Fiscal General con base en la terna y por dos terceras partes de los miembros
presentes, previa comparecencia de los candidatos.
Esto quiere decir que
habrá Fiscal en cualquier caso al agotarse los tiempos señalados, pues la
Constitución prevé candados y llaves para asegurar la toma de decisiones.
Si todo marcha bien, en
un mes el país contará con un excelente paquete de medidas contra la
delincuencia y a favor de la seguridad.
Por un lado, se habrá
rescatado la gasolina de manos de las mafias de huachicoleros. Por otra parte,
tendremos Fiscal General definitivo, con toda la fuerza derivada del apoyo del
Senado y de la Presidencia. Además, existirán tres nuevas bases
constitucionales en materia de seguridad pública: la extinción de dominio para
casos de corrupción y robo de combustible, un nuevo catálogo de delitos graves
y la Guardia Nacional con mando civil. Podemos tener una de las mejores
respuestas institucionales y ordenadas al problema de la inseguridad que azota
a los mexicanos.
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