Por Dulce
Olvera.
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez,
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), reiteró el 12 de
diciembre de 2018, ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la
petición del ex encargado de despacho Alberto Elías Beltrán de cancelar las dos
órdenes de aprehensión vigentes contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade
tras la quiebra de Mexicana de Aviación, afirmó Agustín Liñán Salinas, abogado
de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).
Gastón
Azcárraga, dueño del Grupo hotelero Posadas y ex presidente del Consejo de
Hombres de Negocios (ahora Consejo Mexicano de Negocios), compró Mexicana en
2005 durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada por 165 millones de dólares,
pero en 2010 entró en concurso mercantil y quebró en 2014. Durante su gestión
como director de Grupo Posadas, ASPA lo denunció por haber cometido dos delitos
de la Ley del Mercado de Valores, ya que difundió información falsa al público
inversionista y omitió informar un evento relevante como lo fue la suspensión
de actividades de una de las aerolíneas líder en el sector.
Cada delito amerita de 5 a 10 años de
cárcel y, aunque podría enfrentar libre el proceso penal al ser delitos no
graves, se le encarcelaría una vez condenado.
“[El
Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación] resolvió que las órdenes de aprehensión son legales, constitucionales y
tienen plena vigencia”, dijo el litigante. “Falta que las órdenes de
aprehensión sean cumplimentadas. Esta tarea está a cargo de la Procuraduría hoy
Fiscalía General de la República a través de su área de mandamientos
judiciales. El tema es que precisamente la Fiscalía General de la República,
que está a cargo de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de estas órdenes, es la misma que en su momento solicitó la
cancelación de órdenes de aprehensión. Es lo que genera a ASPA la incertidumbre
de poderse cumplimentar las órdenes de aprehensión”.
El 30 de
noviembre, el último día del sexenio de
Enrique Peña Nieto, fue cuando el ex Procurador Elías Beltrán solicitó al
Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales que las cancelara. Pero ASPA
declaró en su derecho de audiencia ante el juzgado que esos argumentos para
eliminarlas ya habían sido materia de estudio en los juicios de amparo, por lo
que ese juzgado resolvió que no era procedente cancelar las órdenes.
Pero contra
esa resolución, la Fiscalía interpuso un
recurso de apelación 7/2019 que tocó conocer al Tribunal Colegiado. Finalmente
el Segundo Tribunal Unitario en materia penal resolvió que las órdenes de
aprehensión seguían vigentes y que se confirmaba la resolución en donde se
negaba que se cancelaran las órdenes de aprehensión.
Para el
abogado de ASPA, “hay una contradicción”
por parte de la Fiscalía por lo que, agregó, “confiamos en que la Fiscalía
General de la República cumpla con el deber constitucional de investigar los
delitos, cumplimentar la orden de aprehensión y llevar a Gastón Azcárraga ante
el juzgado correspondiente para que se lleve a cabo su proceso”.
De acuerdo
con reportes de prensa basados en información del registro de propiedad de
Estados Unidos, se presume que Azcárraga
Andrade vive en Nueva York, por lo que la Fiscalía debería solicitar orden de
extradición.
El abogado
Agustín Liñán expuso que Gastón
Azcárraga se ha amparado para evitar las órdenes de aprehensión, pero los
juzgados los han rechazado.
“Contra estas órdenes de aprehensión
el señor Gastón Azcárraga interpuso un recurso de amparo, que tocó conocer al
Cuarto Tribunal Unitario de materia penal. En esa primer instancia del amparo
se le otorgó la razón y se lo concedieron. Sin embargo, esa resolución fue
impugnada tanto por la PGR como por la ASPA. Entonces se promovió un recurso de
revisión que tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado, en el cual se tramitó la
revisión penal, o sea, la segunda instancia del amparo. En esta se resolvió
negarlo a Azcárraga, por lo que al día de hoy las órdenes de aprehensión se
encuentran vigentes y esto ya ha sido confirmado por un Tribunal Colegiado.
Contra esta instancia ya no procede una más”, abundó.
OTRO SEÑALAMIENTO:
FRAUDE A PENSIONADOS.
Alrededor de
800 ex sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación crearon un fideicomiso de
sus pensiones por 3 mil millones de pesos, de acuerdo con Fausto Guerrero,
dirigente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la
Aviación Mexicana (AJTeam), quienes aún se manifiestan en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Pero el
dinero de sus ahorros desapareció tras la quiebra de la aerolínea, por lo que
señalan a Gastón Azcárraga de fraude.
“Lamentamos mucho que la justicia
mexicana no haya sido capaz de traerlo a México y que responda a los delitos
que se le imputan. Pero más lamentamos el hecho de que no se le han podido
configurar delitos más graves [salvo los de la Ley de Mercado de Valores]”,
dijo. “Nos deja un mal sabor de boca que hasta el día de hoy ni siquiera por
ese delito menor se haya podido traer a Gastón Azcárraga a México a que
responda a la justicia mexicana”.
Evocó que se denunció a Gastón Azcárraga por fraude,
pero la PGR del gobierno anterior no procedió.
“Hoy quisiéramos interponer denuncias
en su contra por la falta de aprovisionamiento del fideicomiso de pensiones y
jubilaciones”,
expuso.
“El señor en ningún momento proveyó
estos fondos, a pesar de que compró la empresa regalada. En ningún momento se
preocupó por cumplir con esta obligación que contrajo al comprarla. En lugar de
eso se dedicó a saquearla, a endeudarla y la presunción de nosotros es que –no
tenemos elementos para configurar el delito– trianguló el dinero a Grupo
Posadas, y a Mexicana la dejó en la quiebra. En su momento fue denunciado de
esta forma, pero la PGR del anterior gobierno consideró que no existían los
elementos suficientes para imputarle un delito de esta naturaleza”, dijo Guerrero.
El líder de
AJTeam, Fausto Guerrero, finalizó
reconociendo que como trabajadores afectados han notado la diferencia de
apertura entre los gobiernos anteriores y el actual, por lo que confían en que
la Fiscalía dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión. Hasta el momento se
han reunido con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y del Trabajo y
Previsión Social.
“Gerardo Ruiz Esparza como Secretario
de Comunicaciones nunca nos dio la cara y dio línea a su equipo jurídico a todo
decirnos que no; negarnos información”, evocó. Pero el 13 de diciembre fueron recibidos en Palacio
Nacional por Leticia Ramírez, del área de atención ciudadana, quien los
canalizó con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Alfonso Carlos
Morán Moguel.
“El
Presidente ha dicho que no hay consigna para torcer la ley. Hasta el momento
hemos visto que se está cumpliendo su palabra”, aseveró.
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