Por Dulce Olvera.
Decenas de campesinos
se manifestaban en la caseta Ruiz de la autopista Tepic-Mazatlán para exigir,
como lo han hecho desde hace 14 años, el pago de indemnización por sus tierras
dañadas tras la construcción de la obra federal. Con armas de fuego, un grupo
de 15 personas del crimen organizado arribó al plantón el miércoles de la
semana pasada por la tarde y desde entonces los tienen “secuestrados” para obligarlos
a cobrar cuotas de 50 o 100 pesos a los automovilistas y de 200 pesos a los
tráileres, acusaron miembros de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala-Movimiento Nacional.
Le marcaron por teléfono a la Secretaría de Seguridad Pública
de Nayarit, comandada por Jorge Benito Rodríguez, pero no les contestó la
llamada.
“Ellos llegaron y
tomaron el control de la caseta […] Se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva
Generación”, dijo una campesina que estaba en el lugar exigiendo el pago de sus
tierras. “Prácticamente es un secuestro porque aunque los compañeros pueden
regresar a sus casas por unas horas, son obligados a regresar a la
manifestación”.
“Hay alrededor de unos
20 compañeros retenidos por estas personas que pertenecen a la delincuencia
organizada y [están] amenazados si se retiran o dejan de cumplir su tiempo de
manifestación. Si los automovilistas no quieren cooperar, les rompen sus
cristales, les ponchan las llantas y amenazan con armas de fuego a los
conductores hasta que no den lo que les piden. Es un cobro obligatorio y
arriesga la integridad de nuestros compañeros y de los conductores”, acusó.
Otro campesino que
también estuvo en el ataque del miércoles pasado 10 de abril aseguró que
continuarán con su lucha por el pago de indemnización, pero ya no tomarán
autopistas.
“Llegaron buscando
dinero”, evocó. “Ellos ya tienen una tarifa [en el cobro de peaje]. Carro que
pasa, piden 50 pesos, por decir. Si es camioneta, se cobra 100. No es legal
nada. Son del crimen organizado. Están extorsionando. Lo que quieren es el
dinero y ponen a la gente ahí representando el plantón sirviendo de carne de
cañón”.
El viernes pasado un
usuario de la autopista se quejó en Twitter sobre la toma en la caseta Acaponeta,
también de la autopista: “Tomadas las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán
del lado de Nayarit, EXIGIÉNDOTE una cooperación de 100 pesos y bloqueándote el
paso si no quieres cooperar! (sic)”, escribió.
De acuerdo con la ejidataria, la caseta Acaponeta está tomada por el crimen desde febrero. “Llegaron
y preferimos replegarnos ante la amenaza de en enfrentamiento”, evocó.
El martes el Centro de
Derechos Humanos “Antonio Esteban” acusó que la retención de campesinos por la
delincuencia organizada “demuestra la inacción y aquiescencia de la Secretaría
de Gobernación para resguardar a las/los ejidatarios que se manifiestan por las
afectaciones causadas a sus tierras por la autopista Tepic-Mazatlán”, publicó en su Facebook.
Por su parte, el vocero de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala-Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia, acusó que “las organizaciones indígenas y campesinas no solamente somos
agredidas por grupos de choque y paramilitares que sirven a grupos caciquiles y
empresas trasnacionales con costos en vidas humanas, ahora también somos blanco
de grupos de la delincuencia organizada con la autorización y consentimiento
del Estado”.
Ante la pasividad de
las autoridades locales, han intentado reunirse con la Secretaría de Seguridad
federal, encabezada por Alfonso Durazo Montaño, para que les garantice la libre
manifestación sin intervención de la delincuencia organizada.
“Con el Gobierno
federal estamos a la espera de qué se va hacer y qué plantean”, expuso la
ejidataria. “Cuando entró el nuevo Gobierno se le planteó la situación. Nos
pidió el margen de un mes para poner atención a la demanda. Pero hoy, a cuatro
meses de gobierno, no hay respuesta y ahora nos encontramos con que nuestro
mecanismo de lucha se ve rebasado por la delincuencia organizada”.
La prensa local reportó
el 6 de abril, tres días antes del ataque, que ante las casetas de cobro
tomadas, el Secretario de Seguridad Publica, Jorge Benito Rodríguez, afirmó que
“si el Comisario de la [Policía] Federal lo requiere, entraremos como fuerza
pública y los desalojaremos [a los campesinos]”.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador abordó el tema de la toma de casetas en el país en el
marco de las vacaciones de Semana Santa.
“Se está buscando la
manera que haya acuerdos”, dijo. “En algunos casos tienen razón porque fueron
afectados y no se les indemnizó. No se les pagó por sus tierras”.
“En otros casos, pues
sí es la forma de sacar recursos. Eso no está bien, y ya se está atendiendo.
Pero ya no es la ‘ley del garrote’. Estamos convenciendo, persuadiendo, no hay
en México un gobierno autoritario”.
DEUDA DE LA SCT DESDE 2005
Desde 2005, alrededor
de 600 ejidatarios de Rosa Morada, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Acaponeta y
Tecuala, Nayarit, –municipios ubicados en la zona donde pasó el huracán Willa
en octubre de 2018– han exigido la indemnización por sus tierras dañadas.
Son alrededor de 500
hectáreas de los ejidos “San Francisquito”, “El Habalito”, “El Conchi”, “El
Chilillo”, “Palmillas” y “Chicuras”. Ahí cultivan frijol, arroz, mango, jícama,
piña, sandía, entre otras.
“Hay ejidatarios que
perdieron desde una hectárea hasta cuatro o cinco hectáreas. [La obra] cruzó la
mitad de su terreno. A parte, no hay mecanismos para poder seguir cultivando
las tierras que quedaron del otro lado. No hay puentes para acceder. Una
cosechadora no cabe. No hubo una planificación adecuada para no pasar a dañar a
los campesinos”, planteó la campesina integrante de CNPA-MN. “Es muy marcada la
miseria que ha quedado a falta de acceso a esas tierras. Se tienen que ir a
trabajar a otras huertas”.
El campesino nayarita coincidió
en que la autopista les perjudicó porque “hay varias partes donde los caminos
se descompusieron y no hay manera de pasar. No hay puentes o son puentes
inconclusos que no tienen agarradero. Las parcelas quedaron divididas”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no les ha dado solución. La concesión
de la autopista de 238.3 kilómetros la dio esta dependencia en 2005 a Promotora
Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, por mil 612 millones de pesos. La
inversión en la obra fue de 3 mil 062 millones de pesos.
En marzo del 2018, aún en
el sexenio pasado, los ejidatarios afectados por la construcción de la
autopista, finalizada en 2003, colocaron un plantón afuera de la delegación de
la SCT en Tepic, Nayarit.
“La SCT no ha pagado la
afectación de nuestras parcelas. De más de 30 núcleos agrarios que hay en
Nayarit hay [seis] ejidos expropiados y no pagados. La lumbre se prendió desde
2005”, contó el campesino Humberto en aquella protesta. “No es justo que
traigamos a la gente mayor y esté aquí parada haciendo protestas para que la
SCT nos pague”.
Aquella vez colgaron
una manta afuera de la dependencia. “Exigimos el pago de 600 compañeros por la
invasión de la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán”, rezaba.
Pero, ante la falta de diálogo con las autoridades, el 26 de
marzo del año pasado, tomaron las casetas de Acoponeta y Ruiz de la autopista
Tepic-Mazatlán. Lo levantaron en junio, pero volvieron a tomar ambas casetas en
enero de este año. Y luego llegó el crimen organizado.
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