Javier Risco.
Mauricio
Merino, coordinador nacional de la organización civil Nosotrxs, lo dijo de
manera perfecta: “(La condición laboral de las trabajadoras del hogar) es uno
de los temas simbólicos más importantes de la discriminación, de la ruptura de
clases en México, empezar a cambiar esta relación para hacer entender a todo el
mundo que las personas que trabajan en el hogar son, justamente eso,
trabajadoras que tienen los mismos derechos que cualquiera. Es un oficio muy
digno que merece de la protección social del Estado y de la sociedad, ese solo
cambio cultural representa, desde mi punto de vista, una de las mayores
mudanzas a las que debemos aspirar en México”, y sí es justo eso una mudanza.
¿Cómo vaciar
una casa entera llena de prejuicios y racismo? ¿Cómo hacerle entender a la
gente que “la trato como si fuera de la familia” y “es más come con nosotros”,
no sustituyen sus derechos laborales? ¿Cómo explicarles que no es ningún
“esfuerzo” sino un derecho darles Seguridad Social?
El universo
de trabajadores es inmenso, de acuerdo con datos del INEGI más de 2.3 millones
de personas en todo el país se dedican al trabajo del hogar; de estas, el 92%
son mujeres. Entre las trabajadoras que participaron en una encuesta del
Conapred, un tercio (36%) comenzó a trabajar siendo menor de edad; de hecho,
una de cada cinco (21%) lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades en las
cuales el trabajo es ilegal (Conapred 2015). Todo se complica cuando el 96% de
las trabajadoras del hogar encuestadas en el mismo estudio señaló no contar con
un contrato escrito que especificara sus actividades.
Bajo estas
condiciones, ayer arrancó el primer programa piloto para la afiliación al IMSS
de los trabajadores del hogar, el programa durará 18 meses y, tras su
implementación y evaluación, se presentará al Congreso de la Unión como
iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social. Y sí es el pago de una deuda,
una deuda descrita por el propio Germán Martínez, director general del IMSS,
como “discriminación, racismo y humillación”.
El programa
incluye la instalación de módulos en plazas públicas del país, pero deberá ser
replicada en colaboración tanto de la trabajadora como del empleador. Estamos
ante una tarea con una responsabilidad compartida.
Debemos los
medios funcionar como altavoz, porque también debe de llegar como una
exigencia, cientos de miles de trabajadores del hogar deben conocer sus
derechos y exigir que se cumplan, ojalá el gobierno federal comience una
agresiva campaña de comunicación para que todo el programa llegue a oídos de
esas millones de mujeres que llevan décadas trabajando tan solo de palabra, con
una intención de estabilidad que en realidad es una explotación del siglo XXI.
Lo escribió
hace algunos meses Marcelina Bautista, una activista de los derechos de las
trabajadoras del hogar, en una columna del diario El Universal: “Pasé 22 años
de mi vida cuidando niños de otra familia, en algunas ocasiones las familias
fueron amables conmigo y en otras no. Lo que nunca cambió fue mi falta de
derechos, en ningún lugar se me trató como una trabajadora, ni se me otorgaron
los derechos que cualquier otro trabajador por ley debe tener. Sin protección
de leyes o instituciones, dependí, como dependen las trabajadoras del hogar de
México, de la voluntad de cada familia. Hace 18 años decidí que esto no era
normal y comencé una larga lucha por los derechos de las trabajadoras del
hogar. Roma me hizo llorar, por su belleza, por su profundidad, porque vuelve a
poner este tema en la mesa, pero también porque me mostró que en casi 40 años
en México nada ha cambiado para nosotras”. Esta semana cambió algo, y no hay
vuelta atrás.
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