Salvador
Camarena.
Desde hace
semanas corre la queja de que poco (o nada) se ha hecho para atender un serio
problema en las carreteras: el robo al autotransporte de carga.
En los dos
primeros meses de este año se cometieron 2 mil 92 robos de ese tipo, casi 90
por ciento de ellos con violencia, según el último reporte del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Basado en
esas cifras, la Asociación Nacional de Transporte Privado subraya que el
incremento en los dos primeros meses de este año, en comparación con similar
periodo de 2018, es de 11%.
El Estado de
México encabeza la lista de los robos al trasporte de carga con 820 cometidos
entre enero y febrero, seguido por Puebla, que registra 528, y Michoacán, con
197.
Diversas
organizaciones de transportistas del país han manifestado su preocupación por
las pérdidas millonarias que están padeciendo.
A principios
de febrero, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) hizo
público un documento en el que identifica cuáles son las carreteras más
peligrosas y todas ellas se concentran en el oriente del Estado de México:
Lechería-Texcoco, Tecámac-Pachuca, Texcoco-Calpulalpan y México-Pirámides.
“Hemos
tenido ya un índice muy alto. Una de las (rutas) más conflictivas es la
Lechería-Texcoco, sobre todo a la altura de la Termoeléctrica, de Totolcingo y
Atenco, es donde aprovechan los delincuentes para cerrarnos el paso y
despojarnos de la mercancía y los vehículos”, denunció en febrero Carlos Plata,
dirigente regional de Amotac.
Alertó que
el sector turístico también se está viendo afectado, pues el asalto a autobuses
de turistas “ha aumentado al doble, sobre todo hacia la región de las Pirámides”.
La Cámara
Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) se ha sumado a las denuncias y
afirma que hay al menos 100 bandas dedicadas al robo de camiones de carga
operando sólo en los caminos que cruzan el Estado de México, Puebla y Veracruz,
pero que los esfuerzos por desmantelarlas han sido insuficientes.
Esta
organización, la más grande y la que concentra a las firmas más importantes del
país, identifica 10 puntos rojos en los que se roban combustible, alimentos y
bebidas. Los socios de Canacar Puebla también han delimitado las zonas de alto
riesgo y son 10: Puebla y área conurbada, San Martín Texmelucan, Santa Rita
Tlahuapan, Acatzingo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac (Palmarito Tochapan),
Yehualtepec, Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) y Esperanza.
Y la lista
parece crecer sin freno. Organizaciones y asociaciones de transportistas de los
estados de Morelos, San Luis Potosí y Nuevo León también han divulgado cifras
alarmantes de robos para dimensionar la magnitud de esta crisis.
El problema
para los transportistas no acaba con el levantamiento de actas por robo ante la
autoridad federal. Los dueños o representantes tienen que esperar de seis meses
a un año para obtener la liberación de la unidad robada si es localizada,
además de que tienen que ajustar cambios de rutas y modificar los horarios de
entregas, lo que incrementa costos, y todo lo anterior sin mencionar la escasez
de choferes por la negativa de estos a trabajar en rutas peligrosas. Si un
transportista quisiera blindar, por ejemplo, su tractocamión con piezas de
acero y cristales reforzados para que soporten disparos de armas AK-47 tendría
que erogar 550 mil pesos extras. Por si fuera poco, los transportistas
denuncian que por todo lo anterior los costos de las primas de los seguros,
coaseguro incluido, han subido dramáticamente y que hay aseguradoras que ya no
quieren darles ese servicio.
Quizá
deberíamos enfocarnos en problemas urgentes, como el secuestro de las
carreteras.
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