En caso de ganar las elecciones del
próximo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador exigirá al presidente Enrique
Peña Nieto detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) para realizar una serie de auditorías sobre la viabilidad del
megaproyecto, insistió hoy Javier Jiménez Espriú, a quien el candidato de
Morena prometió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las auditorías se llevarán a cabo
para analizar la viabilidad económica, ambiental, social y urbana, aseveró. Precisó que “no sólo se tratará de ver si los contratos
fueron bien o mal dados o si hubo corrupción, sino también su impacto sobre
todos nosotros”.
El ingeniero
opinó que, en un país donde 80% de los
hospitales se encuentra saturado, el costo del NAIM resulta “bárbaro”.
Ante un público conformado por
pobladores afectados por las obras del NAIM y activistas opositores al
megaproyecto, también se comprometió a que los pueblos originarios serán
consultados “en cada obra que López Obrador emprenda”.
Durante un
foro realizado en la Casa Lamm, representantes
de comunidades en resistencia y expertos expusieron sus críticas contra el
proyecto, al que consideraron ilegal, ambientalmente inviable y destructor del
tejido social.
“Estoy muy interesado en lo que
ustedes dicen, hemos estado en contacto con muchos de los aquí presentes”, dijo Jiménez Espriú, con un tono
conciliador.
Durante el
evento, López Obrador no se salvó de las
críticas: aunque pobladores de San Salvador Atenco reconocieron que el líder de
Morena fue el único en prometer que revisaría el proyecto. También señalaron su
“ambivalencia” sobre el tema y sobre el modelo de desarrollo que promueve su
partido en general.
La oposición al NAIM que se expresó
esta tarde no se limitaba al otorgamiento de contratos por corrupción. También
abordó la consulta de los pueblos originarios, los impactos ambientales y
sociales de los megaproyectos, así como la defensa del territorio y del agua.
“Entendemos que lo presionan desde
arriba”, declaró
América Del Valle, defensora de derechos humanos de Atenco, en una declaración
que distó de ser un cheque en blanco para el político.
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