En 1990, la entonces titular de la
Secretaría de la Contraloría, María Elena Vázquez Nava se vio envuelta en un
escándalo de presunto encubrimiento. La revista Proceso detalló que la
encargada de esa dependencia –creada por el ex presidente Miguel de la Madrid
Hurtado para combatir la corrupción– supo de supuestos actos ilícitos cometidos
por el almirante Mauricio Scheleske Sánchez, quien fue titular de la Secretaría
de Marina durante los dos primeros años del Gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, y no procedió para acusarlo.
“Su sobrino lo denunció en la
Contraloría, pero ésta no actuó”, tituló en portada el semanario dirigido por Julio Scherer
García. El texto narra las causas de la renuncia del General del Gabinete
salinista. Una versión de esa renuncia cita el semanario, aludió a “motivos
personales”, pero la investigación
periodística dice que a Schleske se le halló en posesión de dos residencias en
Houston, Texas, valuadas en 350 mil dólares cada una y ninguna de las dos
estaba incluida en su declaración patrimonial.
Hay un
segundo episodio, posterior al del sobrino de Schleske.
El analista
político y periodista, Martín Moreno,
escribió en agosto de 2013, en su espacio de SinEmbargo, que a la fiscal anticorrupción
del Gobierno de Salinas de Gortari, quien era “los ojos, oídos y la buena
conciencia de una administración que entonces el mundo admiraba”, le llegó a su
escritorio un archivo con montos, lugares, fechas y nombres.
Luego llevó
ese archivo a Los Pinos. El presidente
Salinas lo tomó, lo leyó: era el expediente de Raúl, su hermano. Ahí se
describían los montos, lugares, fechas y nombres de una red de corrupción que
armó dentro del Gobierno federal.
“El Presidente recibió, en silencio,
las pruebas de la corrupción de su hermano –hermano de sangre, hermano de
aventuras–, tan comprometedoras como contundentes. Dio media vuelta y se
marchó. No se despidió de la contralora.
“Horas después, Vázquez Nava fue
llamada a la oficina de Raúl Salinas. Al verla de frente sacó el mismo
expediente que la Contralora le había entregado al presidente de la República,
lo azotó sobre el escritorio y furioso le gritó:
“–¡¡¡Qué es esto, hija de la
chingada…!!!
“Poco tiempo después, a Vázquez Nava
le fue solicitada su renuncia.
“Y Raúl siguió haciendo negocios”, escribió Martín Moreno.
Sobre ese
episodio abunda una nota publicada en El Universal el 2 de noviembre de 1999, con la única declaración que rindió Vázquez
Nava sobre el tema en el Ministerio Público, el 8 de diciembre de 1995.
La entonces exfuncionaria federal
dijo que ella sólo se enteró de rumores sobre el hermano del ya entonces expresidente
y las actividades irregulares.
No existían denuncias, pero le
propuso a Carlos Salinas separar del cargo a su hermano; también dijo que se
hicieron revisiones pero que no encontró los elementos necesarios para fincar
el delito.
Esos dos momentos fueron parte
importante y marcaron tanto a la administración de Carlos Salinas de Gortari
como a María Elena Vázquez, quien hoy se mantiene como un referente de transparencia y rendición de
cuentas.
Cuando Salinas de Gortari terminó su
administración en 1994, su panorama político no era positivo. Había presión por
parte del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el deterioro
económico que había heredado, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), las preguntas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, y las promesas de modernidad –rotas por una crisis financiera que
surgió de México y contagió al mundo– del modelo neoliberal instaurado en su
totalidad por Salinas.
Pero Vázquez Nava no supo de esas
presiones.
Un año después de dejar el Gabinete
salinista fundó Vázquez Nava y Consultores SC, despacho que mantiene en
operación hasta la fecha.
En los
últimos 12 años, el despacho de la economista y actual presidenta del Patronato
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha conseguido 38 contratos por parte de los gobiernos federales en
turno, por un monto de 244 millones 009 mil 174 pesos.
Conocedora
de las leyes y reglamentos de obra pública y de adquisiciones –porque participó
en su elaboración desde el Gobierno federal–,
Vázquez Nava –quien se caracteriza por su discreción y por no figurar en los
medios, ni siquiera en registros fotográficos– no fue a concurso por ninguno de
esos 38 contratos, ya que se le
otorgaron por la vía Adjudicación Directa o por el rubro de Invitación a cuando
menos Tres Personas. Los datos citados comienzan en 2006, ahí empieza el
registro de contratos en Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
El artículo
41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
indica que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones y
arrendamientos y servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios
casos. Uno de ellos es cuando se pone en riesgo la seguridad nacional o la
seguridad pública.
El Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó
en un reciente informe que la utilización de este modo de contratación [en el
que no se compite con otras empresas] debiera ser excepcional y no predominante
y señala que la causa por la que en esta administración federal se incrementó
el uso de la Adjudicación Directa se debe a una omisión por parte de las
unidades de vigilancia y a que resulta más fácil una Adjudicación Directa que
un concurso público ya que no hay nadie que castigue esa irregularidad.
LA MUJER QUE
LLEGÓ Y SE QUEDÓ.
En un texto
de Mireya Cuéllar, publicado en año 2000 en La Jornada, quedó grabado el
nombramiento de María Elena.
En el texto
se cuenta el camino de las mujeres en el terreno de la política, y del tiempo y
circunstancias que les fueron abriendo de a poco espacio en puestos públicos.
Carlos Salinas, con María Elena Vázquez Nava, había acabado con el llamado
“club de Tobi”.
“Carlos
Salinas fue un paso más: incluyó a María de los Ángeles Moreno en Pesca y a
María Elena Vázquez Nava en la Contraloría”, consignó la periodista.
De acuerdo
con el libro Nuevoleoneses en los gabinetes presidenciales de Héctor Jaime
Treviño Villarreal, María Elena pasó a
la historia como una de las primeras mujeres en ocupar un puesto de tal
magnitud y haber concluido el sexenio salinista fue un mérito extra. Fueron 20
años como servidora pública.
De acuerdo
con su currículum, participó en la elaboración de las leyes y reglamentos de
obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y servicios y asesoró a
gobiernos estatales en la estructuración del marco regulatorio en materia.
Previo a la llegada de Enrique Peña
Nieto a Los Pinos, diversas agencias de noticias comenzaron a detallar la
cercanía del entonces candidato con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
En medio de eso se habló de “un
grupo” compacto que Salinas formó en su paso por la Secretaría de Programación
y Presupuesto y, luego, en la Presidencia –a la que llegó en 1988– y sobre los
que, se dice, aún tiene influencia.
Entre ellos estaba María Eleva
Vázquez Nava: “de
perfil público discreto, fue titular de la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación durante los seis años de la administración salinista. En la
actualidad ejerce una creciente influencia mediante su despacho Vázquez Nava y
Consultores, creado en 1995”.
Ese grupo continuó con la cimentación
de un sistema que concentró la riqueza en un puñado, apuntalado por lo que la
investigadora Alejandra Gaitán Barrera llamó “una fiebre privatizadora y el
proyecto nacional neoliberal”.
El despacho de Vázquez Nava se
especializa en el área de transparencia, rendición de cuentas, cierres de
administración, evaluación de políticas públicas, contratación pública,
financiamiento público y proyectos de energía e infraestructura.
El servicio se contrata, como ocurrió
en 2013 en Tijuana, Baja California, para realizar una revisión del gasto a fin
de evitar observaciones al término de la administración y lograr aprobaciones
en las auditorías.
A la par,
con su puesto de presidenta del Patronato de la UNAM, participa directamente en la administración del patrimonio
universitario, de los recursos ordinarios y extraordinarios y de su vigilancia
y control del ejercicio presupuestal. Esa figura también tiene la
responsabilidad de formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos,
así como las modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio y
gestiona los incrementos del patrimonio universitario y el aumento de los
ingresos de la Institución.
LOS
CONTRATOS Y SU EXPERIENCIA.
Antes de ser
Contralora, fue Coordinadora General de Modernización, Directora General de
Normatividad de Obras Públicas, Adquisiciones y Bienes Muebles ambas con el presidente
Miguel de la Madrid. También ocupó puestos en el Banco de México (Banxico), en
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en Petróleos Mexicanos (Pemex) y
Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La relación laboral con Carlos Salinas
inició cuando él estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, junto
con Pedro Aspe Armella.
Y la mayoría de los contratos que ahora tiene
su despacho se relacionan con los rubros en los que ella estuvo: energía e
infraestructura.
Su proyecto principal actual es el
NAIM, de donde ha recibido tres contratos por un monto total de 119 millones
835 mil pesos. Por ninguno de los tres tuvo que concursar, ya que dos de ellos se le entregaron
por Invitación a Tres personas y uno más fue por Adjudicación Directa.
La
transparencia del proyecto estrella de la administración peñista ha sido
criticada por organizaciones civiles y académicos. La organización Poder encontró que cerca del 90 por ciento de los
contratos han sido entregados vía Adjudicación Directa y no por concurso como
las autoridades han señalado, entre ellos los que beneficiaron al despacho
Vázquez Nava.
También se hizo cargo de la auditoría
a la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro en la que había
resultado ganador un consorcio en el que figuraba el empresario Armando
Hinojosa Cantú, pero que cuatro días después del fallo fue cancelado por el
propio Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Con el
escándalo de la “casa blanca” de la familia presidencial, la SCT tuvo que
solicitar una auditoría para revisar tanto el proceso de licitación de ese tren
como de la cancelación. El despacho
encargado de hacerla fue el de Vázquez Nava y el resultado de dicha revisión
fue que se trató de un proceso que se apegó a la Ley “con medidas innovadoras
de transparencia”.
En 2016 trabajó para la
administración del entonces Gobernador de Veracruz, el priiista Javier Duarte
de Ochoa.
El contrato
que celebraron ese Gobierno estatal y el despacho fue para el último año de la
administración de quien hoy está tras las rejas, y fue para la instrumentación
del Programa Integral de Cierre de la Administración Pública Estatal 2010-2016.
Para ese último año, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) encontró un desfalco por 3 mil 057 millones de
pesos.
El daño al erario de toda su
administración fue de 61 mil millones de pesos, según la ASF.
Tanto de la auditoría contratada por
la SCT como la auditoría a la administración de Duarte, no se conocen los
precios.
De acuerdo
con los contratos contenidos en el Portal de Obligaciones de Transparencia
(POT), el despacho de Vázquez Nava se
nutre, principalmente, de dinero de la Comisión Federal de Electricidad y
Pemex, sitios en los que la funcionaria también trabajó hace más de tres
décadas.
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