La nueva
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) eliminó una serie de programas que por años habían sido
señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntos
desvíos y mal manejo de recursos como el Programa de Apoyo a Pequeños
Productores, que tenía incluidos en sus padrones de beneficiarios a personas ya
fallecidas.
La SADER cuenta con nuevos programas como: Crédito
Ganadero a la palabra, Fertilizantes, Precios de Garantía a Productos
Alimentarios Básicos, Producción para el Bienestar, Agromercados Sociales y
Sustentables.
Sin embargo,
en el Anexo 25 del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2019, donde se registran los programas sujetos a
reglas de operación, estos cinco no se encuentran.
Alfredo
Elizondo, coordinador de Programas de la organización civil Gesoc, enfocada al
análisis del gasto público, explica que
las reglas de operación establecen un mecanismo transparente en el
funcionamiento de los programas públicos, al establecer los requisitos para ser
beneficiarios, los procesos de contraloría social de los mismos y los
mecanismos para presentar denuncias o inconformidades con respecto a su
operación.
Solo que cada administración tiene la
libertad de decidir si sus programas tienen estas reglas o no, porque “no hay
expresamente un mandato legal que obligue a establecerlas”, afirma Elizondo.
Los que se
van.
El Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), al que
corresponde el Anexo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, es el
que debe incluir las políticas públicas orientadas a la generación y
diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar
y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, dando prioridad a
las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente
débiles.
Este Programa Especial Concurrente,
porque es transversal e involucra a 12 secretarías de Estado, tuvo en 2018 un
presupuesto de 334 mil 314 millones de pesos y en 2019 tiene asignados 352 mil
091 millones de pesos. En su estructura, el PEC se divide en programas
presupuestarios, agrupados en 10 vertientes: financiera, competitividad, medio
ambiente, educativa, laboral, social, infraestructura, salud, agraria y
administrativa.
De las 12
secretarías, SADER tiene a cargo
programas de las vertientes de medio ambiente, educativa, social,
administrativa y competitividad, es en esta última donde esta Secretaría tiene
altas y bajas de programas.
En 2018, la vertiente competitividad tuvo un
presupuesto de 53 mil 068 millones de pesos y para 2019 se le asignaron solo 45
mil 726 millones de pesos, una disminución en términos reales de 17.2%, de
acuerdo a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y
la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.
Ahí estaba el Programa de Apoyo a
Pequeños Productores, a cargo de Sagarpa, que en 2018 tuvo un presupuesto
asignado de 11 mil 434 millones de pesos. En el PEF 2019 ya no existe.
Desapareció junto con sus 11 subprogramas: Fortalecimiento a Organizaciones
Rurales, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, Programa de Incentivos para
Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), Arráigate Jove – Impulso Emprendedor,
Atención a Siniestros Agropecuarios, Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA),
El Campo en Nuestras Manos, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades,
Asociatividad Productiva y Proyectos Productivos (FAPPA).
En el PEF de este año no hay un monto
destinado a los productores de maíz o frijol, ni a los cafetaleros. Pero varios
de estos subprogramas eliminados se habían caracterizado por tener
señalamientos de mal manejo del presupuesto.
Por ejemplo, en el Programa Anual de Auditorías para
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se detectaron
irregularidades en el subprograma de Incentivos para Productores de Maíz y
Frijol (PIMAF). Tal como lo publicó Animal Político, en nota del 21 de febrero
de 2017, la ASF documentó un presunto daño al erario por parte de SAGARPA por
un monto de 209 millones 918 mil pesos.
Entre las
principales irregularidades detectadas, destaca
que SAGARPA hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a: 3 mil
021 beneficiarios “duplicados” –es decir, la dependencia dio dos veces el mismo
apoyo a un beneficiario-; 271 beneficiarios que habían fallecido antes del
periodo de apertura de ventanillas para pedir la ayuda económica; y a tres
proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de
28 millones 813 mil pesos en subsidios.
La ASF documentó en ese mismo año que a través del
subprograma dedicado al fomento del cultivo del café en México –PROCAFÉ-, la
SAGARPA entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de
personas que, o bien la dependencia no sabía si eran productores de café, o
bien no sustentaron con documentos sobre en qué gastaron esa ayuda del Gobierno
Federal.
Al igual que en el subprograma de
Maíz y Frijol, SAGARPA también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los
mismos conceptos de apoyo por 6 millones 040 mil pesos, y dio 11 millones 352
mil a una asociación civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos
en el cultivo de café.
Además del Programa de Apoyo a
Pequeños Productores quedó eliminado de la vertiente de Competitividad que
corresponde a SADER, el Proagro Productivo, antes Procampo, también con
señalamientos de mal manejo de recursos, de acuerdo a un informe de la Cuenta
Pública 2016 de la ASF, en el que documentó que el programa carecía de
mecanismos de monitoreo, control y seguimiento para comprobar el buen uso de
los recursos por parte de los beneficiarios y el cumplimiento de los
principales objetivos relativos al aumento de la productividad del sector.
Los nuevos.
“Como parte
de la estrategia para recuperar el Campo –señala CEDRSSA en su análisis sobre
el presupuesto del PEC 2019–, se crean
cinco nuevos programas en la vertiente de Competitividad a cargo de SADER”.
El primero
es Precios de Garantía a Productos
Alimentarios Básicos, que comprende el establecimiento de estos para ciertos
cultivos, “lo que contribuirá –señala el análisis de CEDRSSA– a combatir la
pobreza alimentaria en el país, y a garantizar mejores ingresos a 2 millones de
pequeños productores”. Este programa tiene asignado un monto de 6 mil millones
de pesos.
Crédito Ganadero a la Palabra estará
enfocado en apoyar a pequeños y medianos ganaderos, para que puedan adquirir
vaquillas y sementales. El objetivo es mejorar e incrementar el hato ganadero
de cerca de 100 mil productores pecuarios, para lo cual contará con un
presupuesto de 4 mil millones de pesos. Al igual que a los ganaderos, también
se otorgarán créditos a la palabra a los agricultores, pescadores y artesanos,
entre otros beneficiarios del medio rural.
En tanto que
el subprograma de Fertilizantes apoyará
la compra de fertilizantes nitrogenados y fosfatados nacionales, a precios
accesibles a los productores del campo, y tendrá una inversión de mil 500
millones de pesos.
Otro nuevo programa es el de
Producción para el Bienestar, con una asignación de 9 mil millones de pesos
para dotar de liquidez a los pequeños y medianos productores inscritos en el
padrón AGROBIENESTAR. El objetivo –indica el centro de estudios de la Cámara de
Diputados– es ayudarlos a aumentar su producción y productividad para
contribuir a la autosuficiencia alimentaria.
Agromercados Sociales y Sustentables:
con un presupuesto de 6 mil 707 millones de pesos buscará estimular la
comercialización cooperativa de productos agropecuarios elegibles,
proporcionará garantía de rentabilidad, apoyará a los productores con problemas
de comercialización, construcción, habilitación, ampliación, mejora y
equipamiento de la infraestructura de almacenamiento de granos, y también con
información para la competitividad agrícola y/o en los servicios de
comercialización.
Aunque SADER aún no explica si estos nuevos
programas absorben a los que han desaparecido, Sunny Villa, directora de Gasto
Público de la organización civil Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP), dice que en los presupuestos siempre hay compensaciones.
“Por ejemplo ya se anunciaron
programas enfocados a los cafetaleros de Veracruz, que es donde está el mayor
número de productores de café, además de en Chiapas, que también será de las
zonas prioritarias a atender. Es muy probable que estos compensen la desaparición
del PRO Café”.
Sin embargo,
el problema mayor es que los nuevos
programas no están sujetos a reglas de operación.
Los programas de la vertiente de
competitividad que responderán a éstas, dice el análisis del CEDRSSA, son: el
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento
a la Agricultura, Programa Fomento Ganadero, Programa de Fomento a la
Productividad Pesquera y Acuícola, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria,
Concurrencia con la Entidades Federativas.
Y aunque es cierto que el Programa de
Apoyo a Pequeños Productores sí tenía reglas de operación en el PEF 2018 y eso
no lo eximió de los desvío, porque “se requiere de mecanismos de vigilancia más
oportunos y de que la Cámara de Diputados (tanto la Comisión de Presupuesto
como la de Desarrollo Social) realicen su labor de vigilancia en la
implementación y corrección de las fallas en el corto plazo, señala Elizondo,
“pero sin reglas de operación, el riesgo de potencial uso discrecional de
recursos aumenta”.
Los que ganan
presupuesto y los que pierden.
En cuanto a
los montos del presupuesto por vertientes,
solo dos tuvieron incrementos con respecto al presupuesto del año pasado: la
Educativa con 26.6% de aumento al pasar de 38 mil 291 millones de pesos en 2018
a 50 mil 458 en 2019. En ésta se agrupan programas como el de Educación e
Investigación, en el que se considera al Colegio Superior Agropecuario del
Estado de Guerrero, al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y a
la Universidad Autónoma de Chapingo.
La otra vertiente con incremento es
la Social, con 16.8% de aumento, al pasar de 102 mil 500 millones de pesos a
124 mil 526. En ésta se encuentran programas como el de Atención a la Pobreza
en el Medio Rural, el de Derecho a la Alimentación y el de Atención a Mujeres
en Situación de Violencia.
Las que
resultaron con los mayores recortes fueron la vertiente de Medio Ambiente con
menos 53.3% al pasar de 9 mil 940 millones de pesos a 4 mil 833 millones de
pesos. La laboral con menos 94.1%, que bajó de 574 millones en 2018 a 35 en
2019, y la financiera con menos 33.1% al pasar de 2 mil 930 millones de pesos a
2 mil 040 millones de pesos.
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