Al ex
Gobernador de Chihuahua César Horacio
Duarte Jáquez el ex Presidente Enrique Peña Nieto lo puso como ejemplo de “la
nueva generación” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Seis años
después, está prófugo de la justicia. Tiene un cúmulo de 21 órdenes de
aprehensión con fines de extradición por su posible relación con desvíos. Pero
no actuó solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua de haber
encabezado una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad
de ex funcionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.
Este entramado ha tenido cauce en más
de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la Auditoría
Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6 mil millones
de pesos con la implicación de 43 ex funcionarios que van desde ex Secretarios
locales, el ex Auditor Superior local que ocultaba irregularidades y miembros
del PRI. En El Paso, Texas, Duarte celebra reuniones frecuentes con sus ex
colaboradores, ha dicho el Gobernador Javier Corral Jurado.
En el marco
de la Operación Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en
diversas causas penales, entre ex funcionarios y empresarios que colaboraron
con la trama de simulación de operaciones. Además, ya hay cinco sentenciados,
pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de ex funcionarios públicos
para evitar ser detenidos.
En abril, el Décimo Tribunal Colegiado ordenó a las
autoridades chihuahuenses entregar a un Juez federal el expediente de tres de
ellos, Alejandro G.G, Antonio Enrique T.G, y Gerardo V.M, que en su conjunto
suman 750 millones de pesos en desvíos. Aunque siguen en Chihuahua enfrentando
otras causas penales.
El círculo
de Duarte se extendió a nivel federal..
Durante una
declaración ministerial ante la Fiscalía de Chihuahua, bajo la figura de
identidad reservada, un ex funcionario
duartista reveló que el desvío de 250 millones de pesos de las arcas de
Chihuahua ocurrido en 2016 fue un “acuerdo” entre el entonces dirigente del
PRI, Manlio Fabio Beltrones, con la Secretaría de Hacienda federal, dirigida
ese año por Luis Videgaray Caso. Beltrones se amparó desde enero para evitar
ser detenido.
Entre
funcionarios del gobierno estatal actual y el movimiento chihuahuense Unión
Ciudadana, fundado por el abogado Jaime García Chávez, se dice que la identidad reservada es Jaime H. C., el ex Secretario de
Hacienda de Chihuahua, vinculado a proceso.
“Alejandro G.G. era el operador
financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de
Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz,
Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional
del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y
requerían recursos”, declaró.
Duarte
Jáquez, priista desde 1977, frecuentaba
a Beltrones desde 2008 cuando eran el Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados y el coordinador de Senadores del PRI, respectivamente.
Después lo apoyó en 2010 en su campaña para la gubernatura de Chihuahua. Según
lo afirmado por la identidad reservada, Duarte apoyó la triangulación para que
Beltrones le permitiera poner como candidato a la gubernatura para 2016-2022 a
Enrique Serrano Escobar, quien finalmente perdió frente a Javier Corral Jurado.
Ese año
electoral, pese al esquema de
financiamiento, el PRI perdió siete entidades, entre ellas donde había gobernado
por casi nueve décadas: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.
“LA
REPRESIÓN ECONÓMICA”
El
Gobernador Javier Corral, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México
celebrada el 8 de enero, acusó al Gobierno federal de “una represión económica”
a raíz de las investigaciones y vinculaciones a proceso de la Fiscalía de
Chihuahua.
Por convenios con la Secretaría de
Hacienda, en tiempo de Duarte, Chihuahua recibió apoyos de mil millones de
pesos en 2014 y mil 183 millones en 2015. Ya en su gestión obtuvieron 770
millones en 2016, y para el cierre de 2017, aunque acordaron una transferencia
de 700 millones, no fue entregada, acusó Corral.
“Con posterioridad a la detención de
Alejandro G.G. se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo
Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron
recursos”, dijo.
En el 2016
Chihuahua recibió 6 mil 130 millones de pesos de inversión federal; en el 2017,
bajó la inversión federal a 4 mil 583 millones de pesos y este 2018 volvió a
bajar a 4 mil 250 millones de pesos.
El 4 de
enero Corral y su equipo se reunió con el Secretario de Hacienda José Antonio
González Anaya. “Nos fue informado que la investigación por peculado que la
Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo pone en entredicho el mecanismo de
transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de
incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los
convenios”, aseguró el mandatario. “No
quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos “.
Corral
finalizó su mensaje: “¿O a alguien le
parece descabellado pensar que la reacción del gobierno federal es del tamaño
de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al
corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción?”. Hasta el
2 de marzo de 2018, dos meses después del señalamiento y la Caravana para
exigir la extradición, Hacienda transfirió los 900 millones de pesos acordados.
Por parte de
Luis Videgaray Caso, ya en su paso por
la Secretaría de Relaciones Exteriores (2017-2018), a diferencia del actual
Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, nunca solicitó la extradición de Duarte
Jáquez solicitada por la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos
Electorales (Fepade) y la Fiscalía de Chihuahua desde 2017. Ambos se
reunían en 2012 durante la campaña electoral de Peña Nieto.
A la toma de
protesta de Duarte Jáquez como Gobernador de Chihuahua, asistió tanto Beltrones
como el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, entre
otros. En su primer Informe de Gobierno, en octubre de 2011, estuvieron
presentes el líder petrolero Carlos Romero Deschamps; el ex Gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; y el ex Gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira Valdés.
Durante su
carrera legislativa como Diputado del 2000 al 2009, en el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa, estrechó manos con Emilio Gamboa Patrón, Carlos Aceves del
Olmo, César Camacho, Beatriz Paredes Rangel y alzó los brazos en apoyo al
entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz,
también acusado de peculado.
LA RED DE
CORRUPCIÓN ESTATAL.
La
administración del partido opositor Acción Nacional encabezada por Javier
Corral encontró un Chihuahua con una
deuda de 48 mil millones de pesos, 284 por ciento más que al inicio, otros
adeudos por 7 mil millones, ingresos futuros comprometidos hasta 2044 y con
apenas 21 millones 800 mil pesos de saldo disponible en la Tesorería, advirtió
el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, quien lo calificó como
una “situación crítica y de emergencia financiera”.
Solo durante
el primer mes de gestión detectaron 486
millones de pesos en pagos a una sola empresa constituida en el 2012 y
beneficiada con diversas operaciones a precios superiores a los del mercado.
También se advirtió un uso discrecional del helicóptero gubernamental en 50
vuelos a un rancho del ex Gobernador César Duarte en 2015 y 2016, así como la
afectación al erario público por 127 millones de pesos por un helicóptero nuevo
tras el accidente en 2015 del anterior, donde viajaba con la periodista Lolita
Ayala.
Era solo la
punta del iceberg.
La misma Fiscalía de Chihuahua halló
irregularidades a su llegada. En noviembre de 2016 el Fiscal César Augusto
Peniche destacó que el 71 por ciento de las unidades-patrullas requerían
reparación urgente; cargaban adeudos por 400 millones de pesos; un déficit de
100 millones de pesos; había obras pagadas con sobrecosto de 50 por ciento o
bienes no suministrados; y la mitad de las cámaras del C4 no operan.
El primer golpe fue la detención de
tres ex funcionarios del primer círculo del ex Gobernador priista, acusados del
delito de peculado: el ex Alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco
(sentenciado a tres años de prisión); el ex director de Administración de la
Secretaría de Hacienda estatal, Gerardo V. M.; y el ex Secretario de Educación,
Cultura y Deporte, Ricardo Yañez Herrera (sentenciado a cuatro años de cárcel).
Para abril
del 2017, Garfio fue vinculado a proceso
por el delito de peculado, ya que en su calidad de titular de Obras Públicas participó
en la distracción de recursos públicos por 328 millones 689 mil pesos.
La
imputación del Ministerio Público se basó en la carpeta de investigación
iniciada desde el 14 de diciembre del 2016, en la que se denunció cómo en coautoría con otros ex funcionarios estatales se
realizó en septiembre de 2012 la venta de 190 hectáreas ubicadas en La Labor de
Terrazas, Chihuahua, destinadas para la construcción de viviendas populares, a
la empresa Grupo Industrial y Constructora en 99 millones 141 mil pesos, una
cantidad muy inferior al valor comercial de 427 millones 840 mil pesos, se dijo
en la audiencia de vinculación a proceso.
En octubre
de 2017, además de ser sentenciado a
tres años de cárcel y ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por otros
tres años, un Juez de Control le ordenó las medidas necesarias para garantizar
la reparación del daño devolviendo los terrenos o pagando los 328 millones
desviados.
“La sentencia nos permite la
reparación del daño, porque mientras no tengamos una sentencia condenatoria,
difícilmente vamos a poder recuperar el daño al patrimonio público”, expresó Corral.
En este
caso, se recuperaron los 16 terrenos
ubicados en Labor de Terrazas que ya están nuevamente bajo dominio de la
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo Urbano e Infraestructura (Coesvi).
“EL CASO
EDUCACIÓN”
En marzo de
2017, el actual Secretario de Educación
y Deporte, Pablo Cuarón, expuso que a su llegada a la dependencia se
descubrieron diversos movimientos que indicaban una sustracción anormal de
recursos por 246 millones de pesos, por lo cual se presentaron las denuncias.
El caso involucra a tres ex funcionarios de Hacienda estatal, un legislador y
un priista.
Además, en
diciembre de 2017 se detuvo a Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI, por su posible relación con
el desvío de 250 millones de pesos: los 246 millones de la Secretaría de
Educación, más el contrato a una de sus empresas, Jet Combustibles, por 4
millones de pesos.
De las investigaciones se desprendió
que entre febrero a abril del 2016, año electoral, se simularon cuatro
contratos millonarios con empresas “fantasma” para capacitaciones, talleres y
un software, los cuales nunca se efectuaron.
Los
movimientos irregulares detectados son: un
contrato para la aplicación de talleres para padres de familia por 55 millones
de pesos a Servicios Accesorios Samex; uno para capacitación de docentes de
nivel básico por 55 millones para Servicios y Accesorios Cimax; uno más con
temas ambientales por 46 millones de pesos que beneficiaron a Servicios y
Accesorios Cisas; y el cuarto convenio fue para el diseño e implementación de
un software por 90 millones de pesos, que fueron pagados a Profesionistas
Futura.
Sin embargo,
luego de que la PGR tomó el caso a nivel
federal por tratarse de recursos federales, este año Gutiérrez fue exonerado.
Aunque el 3 de enero la Fiscalía General del Estado obtuvo otra vinculación a
proceso en su contra por el desvío de un millón 740 mil pesos del erario
público.
Los
antecedentes de la investigación establecen
que Alejandro G.G. concertó con ex funcionarios de la pasada administración, el
desvío entre los días 20 y 23 de diciembre del 2015, simulando la prestación de
mantenimiento general de edificios por 904 mil 579 pesos, con la empresa
Promotora de Señalamiento Integral y la Secretaría de Hacienda, así como el
traslado personal aéreo por 835 mil 420 pesos, contrato firmado entre Jet
Combustibles y la Secretaría de Hacienda.
Antonio Collado, abogado defensor de
Alejandro G. G., acusó a la autoridad de Chihuahua de ejercer actos de tortura
en contra de su representado, pero la Fiscalía de Chihuahua lo negó. “Alejandro
G. G. nunca fue torturado ni física, ni psicológica al interior del penal. Esas
declaraciones tienen un alto carácter mediático y buscan desvirtuar o denostar
las acciones emprendidas por el actual Gobierno en el combate a la corrupción”,
expresó el Fiscal General, César Peniche Espejel.
Gerardo
V.M., ex director de administración de
la Secretaría de Hacienda estatal, fue detenido por su posible participación en
el esquema de desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación a
través de las cuatro empresas fantasma.
Asimismo, en mayo de 2018, la Fiscalía General del
Estado le inició otro procedimiento como probable copartícipe en la distracción
de 2 millones 420 mil pesos del erario. En la carpeta de investigación, se
establece que simuló la contratación de servicios profesionales con la empresa
Bildung Consultoría Organizacional entre julio y septiembre de 2016, año
electoral.
De acuerdo
con las indagatorias de la Fiscalía, el
desvío se efectuó por instrucciones del ex Gobernador César Duarte para
“saldar” un pacto que tenía con el entonces Diputado de Movimiento Ciudadano
Fernando Mariano Reyes Ramírez, por votar en el Pleno del Congreso a favor de
la bursatilización de remanentes carreteros.
Este legislador también fue imputado
por participar en la distracción de esos más de 2 millones para lo cual, en
complicidad con el representante legal de Bildung Consultoría Organizacional,
Iván Eli S.A., quien también fue detenido, realizaron un procedimiento
administrativo de contratación del servicio “Análisis Estratégico de Municipios
del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno
Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad”, los cuales nunca fueron prestados.
En diciembre
de 2017, la Fiscalía General del Estado
sentenció al ex Diputado a tres años de prisión.
En el caso
de educación, Ricardo Yáñez Herrera, ex
Secretario de Educación de Chihuahua, y su ex directora Administrativa Karla
Jurado Bafidis está fueron sentenciados a cuatro y tres años de cárcel por su
participación en el desvío de 246 millones de pesos.
“Señoría, acepto mi responsabilidad”,
expresó ante la Juez María Guadalupe Hernández el ex funcionario duartista, detenido en marzo de 2017.
Antonio
Enrique T.G., ex titular de
adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal, también figuró en ese
esquema del “caso educación” y otros. En marzo de 2017 intentó tomar protesta
como Diputado al Congreso de la Unión en la Ciudad de México, pero le fue
negado por la mayoría de los legisladores. Sobre él recaen más de siete cargos.
En mayo de
2017 agentes de la Fiscalía General de Chihuahua en coordinación con elementos
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una
orden de aprehensión en contra de T.G. Luego de ser trasladado a Chihuahua, la Fiscalía General del Estado le formuló
imputación por el delito de peculado.
Quedó asentado que de febrero de 2015
a octubre de 2016, previo acuerdo con otros servidores públicos, desvió 120
millones de pesos al simular un proceso administrativo para “asesorías en la
aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables,
financieros y administrativos” con la empresa Kepler Soluciones Integrales,
bajo un contrato realizado el 31 de julio de 2015. Pero los servicios nunca
fueron prestados.
“Es un operador importante, es una de
las piezas claves del organigrama delincuencial que Duarte configuró en su red
de corrupción política y este era el operador del efectivo, junto con el
extinto Carlos Hermosillo”, dijo el Gobernador Corral tras su captura.
EL EX
AUDITOR.
El 21 junio
de 2017, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua también detuvieron en Puebla al empresario Germain Lezama Cervantes.
Por dos causas penales, en total el empresario fue sentenciado a cinco años y
medio en la cárcel y tendrá que pagar 121.5 millones de pesos.
En contubernio con Gerardo V. M y
Antonio Enrique T. G., participó en el desvió de 120 millones de pesos del
erario público. En su calidad de representante legal de Kepler Soluciones
Integrales aportó la documentación para realizar la simulación del
procedimiento de contratación de servicios, según la investigación en curso.
Además, el Ministerio Público logró acreditar que
en mayo del 2014, Lezama Cervantes, en acuerdo previo con el ex Auditor
Superior del Estado, Jesús Manuel E. F., participó en la distracción de un
millón 566 mil pesos del erario público, al aportar la documentación para
realizar la simulación de un contrato de prestación de servicios. El ex
director de Administración del Auditor, Édgar R.M., también está en espera de
sentencia.
“Con este fallo condenatorio [contra
el empresario Lezama] logramos obtener el castigo de una persona que sin ser
servidor público participó en el mayor desfalco en la historia de nuestro
estado; además, se recuperó el recurso que forma parte del patrimonio de las y
los chihuahuenses”,
destacó el Fiscal César Peniche.
Al ex funcionario de Hacienda,
Antonio Enrique T.G, además del “caso educación”, se le aseguraron dos
propiedades en la ciudad de Chihuahua. En los lugares se localizaron, entre
otros objetos, documentos asociados a Gerardo V., ex director General de
Administración de la Secretaría de Hacienda y de Grupo Fritag, cuyo representante
legal Jaime F. R. espera sentencia.
En mayo de
este año, se le dictó a Antonio Enrique
T.G. un auto de vinculación a proceso por el delito de desvío de 12 millones de
pesos del erario estatal. El Ministerio Público argumentó que esa cantidad fue
sustraída a través de la simulación de un contrato de prestación de servicios
profesionales con la empresa Hinfra, para beneficiar al ex Auditor Jesús
Esparza Flores, por un compromiso que César Duarte Jáquez tenía con él, “ya que
ocultaba las irregularidades en el manejo de los recursos públicos”.
Para
realizar la simulación, el imputado T.G.
firmó el dictamen de excepción a la licitación pública y el acta de
adjudicación directa a la empresa Hinfra, para la supuesta prestación de
servicios profesionales en el análisis, evaluación y asesoría técnica
especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda.
El 11 de
julio de 2018 la Fiscalía General del
Estado formuló una nueva imputación a Antonio Enrique T.G, en la que aparece
como probable responsable del desvío de 50 millones de pesos, cuando fungió
como director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda. El Ministerio
Público estableció que en 2016 el ex funcionario duartista firmó los dictámenes
de excepción a la licitación pública y acta de adjudicación directa, a favor de
la empresa Centro de Acción Empresarial Altea utilizada para la sustracción
ilícita del dinero público.
La Fiscalía
de Chihuahua mantiene las
investigaciones y está a la espera de que los jueces dicten sentencias al ex
director general de Administración, Gerardo V.M; al ex titular del Comité de
Adquisiciones, Antonio Enrique T.G.; del ex director de Adquisiciones, Sergio
M. I; y del ex coordinador Administrativo y de Servicios, Ever Eduardo A.S.
LAS
RETENCIONES SALARIALES.
En junio de
2017, un Juez federal dictó auto de
vinculación a proceso por delitos electorales a cuatro ex funcionarios de
Chihuahua, derivado de la denuncia que presentó la Secretaría de la Función
Pública estatal, por la presunta retención indebida de entre 5 y 10 por ciento
del salario de empleados gubernamentales en la pasada administración, en favor
del Partido Revolucionario Institucional.
“Entre los elementos que fueron
considerados por el Juez federal para esta vinculación a proceso es que las
cuotas de los servidores públicos no eran otorgadas de manera voluntaria; es
decir, eran de alguna manera amenazados para otorgar este tipo de cuotas”, explicó la titular de la SFP,
Stefany Olmos Loya.
Los
vinculados a proceso son: el ex
Secretario de Hacienda, Jaime Ramón H. C.; el ex director de Egresos de
Hacienda, Jesús O. A.; el anterior titular de la Dirección de Programación y
Control de Pagos, Miguel Ángel M. A. y el ex Secretario de Administración y
Finanzas del PRI, Pedro Mauli R. C.
Los cuatro inculpados, presuntamente
participaron en el desvío de por lo menos 14 millones 609 mil 583 pesos para
ser entregados al PRI.
Por este delito de peculado electoral
la Fepade solicitó una orden de aprehensión contra el ex Gobernador César
Duarte, la cual se suma a las 20 órdenes de orden local obtenidas por la
Fiscalía de Chihuahua por peculado agravado.
OTROS
IMPLICADOS.
En verano de
este año, la Fiscalía de Chihuahua detuvo
al ex asesor Técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la
Secretaria de Hacienda, Edmundo Felipe G. L., a quien acusa de distraer 15
millones de pesos. De acuerdo a la investigación, desde finales del año 2015 a
octubre de 2016, el imputado simuló la contratación de servicios profesionales
de “Asesoría en comunicación institucional y planificación estratégica”.
Previamente,
el Fiscal César Augusto Peniche Espejel
informó de la detención de Alejandro V. A., Diógenes B. V. y Martha Patricia B.
B, por su probable participación en el desvío de 5 millones de pesos que
correspondían a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), por
medio de una simulación de entrega de becas para hijos de docentes y bonos por
el Día del Maestro.
A Guadalupe M. A., representante
legal de la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de
Chihuahua, también se le acusa de intervenir en el desvío de 20 millones de
pesos del erario.
La agente
del Ministerio Público expuso en la
audiencia de formulación de imputación que en abril de 2015 la señalada
concertó junto a otros ex funcionarios de las secretarías de Hacienda y de
Economía la distracción del recurso público. Para ello simularon la realización
del convenio de un apoyo económico con la asociación ganadera, de la que Duarte
Jáquez era presidente del consejo directivo, para fingir el trámite administrativo
y la comprobación del gasto a través de facturas apócrifas.
En la causa
penal 2223/2018 quedó asentado que
Guadalupe se desempeñaba como administradora del patrimonio del ex Gobernador y
apoderada legal de varias de sus empresas.
En abril de 2018, una vez que fue
deportado por autoridades de Estados Unidos, agentes de la Fiscalía General
detuvieron en Ciudad Juárez a Jesús Manuel L. H., quien fungió como Secretario
particular del ex Gobernador César Duarte, al ser señalado como presunto responsable
del delito de peculado agravado en perjuicio del erario público estatal.
De acuerdo a
lo expuesto en la audiencia, los días 17
y 18 de junio de 2017 el imputado utilizó un avión propiedad de Gobierno del
Estado para trasladar al hijo de Duarte Jáquez de la ciudad de Toluca a Cancún
y de Cancún a Toluca. La utilización de esta aeronave tuvo un costo de 336 mil
pesos, cantidad que nunca fue justificada en el gasto del erario.
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