Por Ezequiel
Flores Contreras.
La senadora Nestora Salgado García
anunció que solicitará la comparecencia del gobernador Héctor Astudillo Flores
para que explique los planes y programas que pretende implementar en el estado
para evitar el desplazamiento forzado.
“Hagamos una mesa de trabajo en la
que se cite a Astudillo y que vengan las víctimas de los desplazados, que en
Guerrero son muchos y en diferentes municipios, y escuchemos del propio
gobernador cuál es el plan de trabajo que tiene para el estado, porque yo no he
escuchado un verdadero plan”.
Así lo señaló la legisladora de
Morena durante su participación en el foro “Hacia una agenda de pacificación de
Guerrero”, realizado
ayer en el Senado, donde los asistentes –víctimas y académicos– exigieron a los
gobiernos federal y estatal resolver la grave crisis de seguridad que se vive
en la entidad y que ha generado el surgimiento de grupos de civiles armados,
así como tres mil personas desplazadas por la violencia.
“Siempre dicen que en Guerrero no pasa nada,
pero los muertos se siguen contando todos los días, así como mujeres
asesinadas. Nos toca exigir una respuesta, porque se va este gobernador y
Guerrero seguirá en llamas”, lanzó la también dirigente de la Policía Comunitaria de
Olinalá, región Montaña.
De igual manera, reprochó la ausencia
de justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos, pese a las
recomendaciones de organismos locales e internacionales.
Salgado también criticó la labor del Ejército en la
entidad, porque los militares –dijo– han cometido abusos contra la población
civil, además de cometer violaciones sexuales contra las mujeres, y el pueblo
atemorizado busca este tipo de foros para expresar lo que están viviendo en sus
comunidades.
En su
oportunidad, Julián Cortés Flores,
coordinador regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Policía
Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC),
planteó la necesidad de cancelar la modificación constitucional elaborada por
el gobernador Héctor Astudillo y aprobada por la pasada LXI legislatura local,
para eliminar el reconocimiento del gobierno estatal a la “policía
comunitaria”.
El líder
comunitario recordó que, en octubre de
2018, con el respaldo del ayuntamiento de Malinaltepec y del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, la organización interpuso dos controversias
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que diputados de
Morena tramitaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la
determinación del Poder Legislativo y del Ejecutivo local.
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