Luego de tres de meses de vivir en
chozas improvisadas fabricadas con madera, plástico y lámina que fueron
destruidas por autoridades locales, más 2 mil desplazados quedaron a su suerte
en el municipio de Chalchihuitán, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.
El desalojo de los campamentos de
desplazados, quienes huyeron de sus comunidades por la violencia en la región,
ocurrió en los últimos días de diciembre por órdenes de las autoridades
municipales.
Durante un
recorrido por la zona, Efe constató que
los cinco campamentos fueron destruidos y ahora los cafetales, las veredas y el
clima extremo de las montañas son el refugio de estas personas.
Representantes comunitarios señalaron
que a finales de diciembre se inició el desmantelamiento por órdenes del
síndico municipal Hermelindo García Núñez, quien ordenó a agentes rurales
destruir los refugios. En los últimos días los agentes han amenazado a los
desplazados con encarcelados si los ven organizándose nuevamente.
Tras ese
hecho, los desplazados han quedado a su
suerte, pasando hambre y sin un lugar donde refugiarse y dormir.
Niños, mujeres y ancianos no tienen
dónde resguardarse y solo les queda soportar el frío de las montañas de
Chiapas, que en esta época registran temperaturas bajo cero.
Otras familias han buscado
alojamiento con vecinos, amistades y familiares fuera del municipio para
continuar su vida.
Las personas aseguran que el
desmantelamiento de los refugios se concretó para que las autoridades “simulen”
que no está ocurriendo nada en la región y que ya no existen personas
desplazadas.
Pero los más de 2 mil desplazados le
recuerdan al Gobierno del estado de Chiapas que este problema no está resuelto.
Además, la situación que viven se ha complicado ya
que, mediante disparos de armas de fuego, grupos armados del vecino municipio
de Chenalhó los han intentado amedrentar y por otra parte se han apoderado de
sus tierras.
“La situación me desespera; yo
quisiera que pase ya. No es necesario que venga alimento, lo que queremos es
que venga más ayuda y queremos que esto lo resuelva el Gobierno”, dijo a Efe
Elvia Méndez Sánchez, habitante de la etnia tzotzil de la comunidad Tabak y uno
de los miles de desplazados, quien espera junto con sus hijos y otro grupo de
mujeres que cesen los disparos.
Las mujeres
junto con niños y ancianos son acechados por grupos de personas armadas, al
parecer paramilitares, que se ubican en los límites entre el municipio de
Aldama y Chenalhó, quienes “día y noche y a cualquier hora disparan sobre
nuestras casas y toda la gente está sufriendo”.
La disputa por 60 hectáreas de tierra
fértil, invadidas por habitantes de la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó,
está poniendo en riesgo la vida de más personas.
“Nada más nos ven y disparan, no nos
dejan en paz”, dijo
a Efe Rosa Antonia Hernández.
La situación es de tal tensión para
los habitantes de Aldama que en la comunidad Tabak maestros de primaria han
dejado de asistir a dar clases para no poner en riesgo la vida de unos 70 niños
y niñas.
En días
anteriores el inmueble que utilizan como
escuela fue baleado por armas de alto calibre. Paredes y ventanas sirven de
evidencia de las agresiones que viven las comunidades de Coco, Tabak,
Cotzilnam, Tzelejpobtic y Xuxchen, contó a Efe el agente municipal Martín
Santis Pérez.
Desde octubre de 2017, huyeron de sus
comunidades poco más de 5 mil personas, todos indígenas tzotziles de
Chalchihuitán, quienes abandonaron sus hogares por el miedo que causaba a las
familias las detonaciones con arma de fuego de alto calibre proveniente de la
franja fronteriza con el municipio de Chenalhó.
El lunes, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
instó a las autoridades a poner atención a los desplazamientos forzados de
miles de indígenas en municipios del estado de Chiapas.
La Comisión solicitó al gobernador de Chiapas, Rutilio
Escandón, que “se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las
víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el
desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica”.
Un total de 5.266 indígenas
originarios de comunidades de Chalchihuitán se vieron obligados a salir de sus
domicilios a partir de octubre de 2017 por la violencia desatada a raíz del
conflicto agrario que enfrenta desde hace 40 años a su población con el
municipio vecino de Chenalhó.
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