Luego de las
protestas de periodistas y defensores de los derechos humanos por la aprobación
de la llamada “Ley Mordaza” en el Congreso del Estado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que vetará el
artículo 266 bis del Código Penal, que tipifica el delito “Perturbación del
orden público”.
Con la adición de este artículo a la legislación penal, los legisladores establecieron una pena de
hasta cuatro años de prisión a quienes difundan noticias falsas sobre hechos de
violencia a través de cualquier medio de comunicación.
El anuncio del mandatario fue realizado la noche del
miércoles a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, donde explicó que la decisión fue tomada “en
concordancia con consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en casos similares en materia de libertad de expresión”.
Así también, mediante un comunicado, el gobierno estatal
recordó que el artículo 40 de la Constitución Política de Colima faculta al
jefe del Ejecutivo para que en un término no mayor de diez días hábiles haga
las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad con los
decretos que le envíe el Congreso del Estado para su publicación en el
periódico oficial “El Estado de Colima”.
De acuerdo con esa disposición,
si el mandatario devuelve la ley o decreto con observaciones, pasará nuevamente
a la Comisión para que previo dictamen sea discutido de nueva cuenta en cuanto
a las observaciones hechas; y si fuere confirmado por el voto de las dos
terceras partes de los miembros del Congreso, o modificado de conformidad con
las observaciones hechas, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y
será devuelto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro
de los siguientes cinco días hábiles.
Antes, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional
(PAN) presentó una iniciativa para derogar ese artículo, pues “es necesario y
urgente enmendar el actuar de este Congreso local” al respecto, señaló la
diputada Martha Leticia Sosa Govea.
Al presentar la propuesta, la legisladora consideró que de
no hacer lo anterior “seríamos autores de una grave transgresión de los
derechos humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los cimientos
del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad”.
Después de la presentación de la iniciativa, los diputados
se reunieron en privado para abordar el asunto y cuando regresaron al salón de
sesiones el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano,
solicitó al presidente del Congreso, Nicolás Contreras Cortés, decretar un
nuevo receso.
La sesión se reanudará este jueves 23 a las 16:00 horas,
cuando se espera que el jefe del Ejecutivo ya haya enviado sus observaciones al
decreto.
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