La semana pasada la
Auditoría Superior de la Federación entregó su reporte de la cuenta pública del
2015 con observaciones de más de 165 mil millones de pesos; es decir,
aproximadamente 70% de lo que se pretende recaudar con la liberalización del
precio de la gasolina. Según el auditor Juan Manuel Portal, unos 100 mil
millones corresponden al gobierno federal, poderes de la Unión y órganos
autónomos y otros 65 mil millones a estados y municipios. Tan sólo en la Ciudad
de México la ASF observó más de 15 mil millones de pesos; asimismo hay
señalamientos muy serios para SCT y Sedesol, entre otras.
El mismo día las
comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado
movieron, una vez más, la fecha límite para la elección del nuevo Fiscal
Anticorrupción, que será el titular del Sistema Nacional Anticorrupción, que
simplemente no termina de crearse.
Es decir, a nuestra
clase política no le corre ninguna prisa de hacer esta tarea y mucho menos de
hacerla bien. ¿Para qué nombrar alguien que quiera terminar con la impunidad y
persiga los actos de corrupción?
Ante el oso político
mundial de nombrar una persona sin las credenciales, la independencia y la
reputación que la tarea requiere, mejor no hacer nada.
En cambio en Perú, también la semana pasada, el presidente
Kuczynski anunció medidas férreas contra la corrupción y el escándalo de
Odebrecht en dicho país; y en España el cuñado del rey fue sentenciado a la
cárcel por fraude y tráfico de influencias. El contraste de la acción en Perú y España con el autismo del sistema
político mexicano no podría ser mayor. “Qué horror México, da pena desde aquí”,
me comenta un ministro peruano.
Pero aquí la
corrupción e impunidad no dan pena, generan coraje, humillación y frustración.
Increíble y doloroso aceptar que la impotencia, ignorancia y cinismo de nuestra
sociedad se aguanta todo.
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