El gobierno de
Guerrero inició procedimientos administrativos contra al menos 80
exfuncionarios de la pasada administración que encabezó Rogelio Ortega Martínez,
por incurrir en presuntos desvíos de recursos que superarían los cuatro mil
millones de pesos.
Sin detallar nombres, el secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, aseguró que a pesar de que
no se han concluido las auditorias que se practicaron a los ejercicios fiscales
2013, 2014 y 2015, la información
confirma la existencia de irregularidades financieras que podrían superar los 4
mil millones de pesos.
“Son cientos de
millones de pesos que se han detectado con irregularidades, pero no podemos dar
cifras exactas porque es parte de un procedimiento de investigación que se está
llevando a cabo con las auditorias, posteriormente se entrará a procesos
administrativos para que presenten la solventación correspondiente y en caso de
no hacerlo se iniciará el procedimiento penal”, explicó el funcionario
estatal.
Destacó que tienen
elementos claros sobre el mal uso de los recursos por parte del exgobernador
Rogelio Ortega, cuyo periodo administrativo estatal también es parte de la
investigación contable y financiera por presuntos desvíos de recursos
presupuestales, que aplica la Auditoría Superior de la Federación.
Ramos del Carmen
explicó que Ortega será citado en caso de que las observaciones que le sean
detectadas, no las solventen conforme a la ley, y lo mismo sucederá con sus
exfuncionarios que han sido requeridos por la Auditoria Superior de la
Federación (ASF), por incurrir en responsabilidades administrativas.
“Ya vienen muy seleccionados quienes van a tener que cumplir
con la solventación de la irregularidades que hayan cometido. Son varios exsecretarios de las
administraciones de los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega
Martínez, quienes ejecutaron recursos de programas y fondos federales durante
esas gestiones”.
El funcionario explicó que la actual administración también
tiene observaciones como un proceso natural de la revisión que aplica la
Auditoria Superior de la Federación (ASF), relacionada con el manejo de los
recursos federales, pero aclaro que en breve entrarán a la etapa de
comprobación o solventación para aclarar en qué y cómo se han utilizado los
recursos públicos.
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