El Gobierno de Nuevo León gastará 50
millones de pesos en dos preguntas de Consulta Popular que “podrían responderse
solas con tan sólo hacer valer la ley”, consideró la organización no
gubernamental #QueSirva.
Los
señalamientos que los neoleoneses podrán responder el próximo 1 de julio son: ¿Te gustaría que los parques a cargo del
Estado tuviera casetas de primera auxilios para atender situaciones de
emergencia o accidentes?”, y “¿Te gustaría que los Ayuntamientos de Monterrey y
San Pedro Garza García gestionen con las autoridades correspondientes el
desarrollo de un proyecto de movilidad sustentable Constitución-Morones Prieto
en las orillas del Río Santa Catarina en el tramo que corresponde al territorio
de dichos municipios?”.
Sin embargo,
señala #QueSirva, la selección de las
preguntas “deja entrever inexperiencia, negligencia, populismo y/o dolo a la
hora de ejercerlos”, ya que ambas se responden al cumplir con la ley.
El pasado 8
de julio de 2017, el entonces Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez
Calderón, solicitó la realización de una consulta para preguntar si la
ciudadanía quería contar con casetas de primeros auxilios en parques públicos.
Al respecto,
apunta #QueSirva, la Ley estatal de
Salud “obliga” a espacios públicos a contar con botiquines de primeros auxilios,
además de un plan de contingencia. Por lo que, considera, la administración
estatal “hizo la petición para gastar millones en una pregunta en lugar de
invertir” en las casetas de auxilio.
Sobre el
segundo cuestionamiento, informó que la petición de pregunta fue realizada por
el partido Movimiento Ciudadano. Ésta
busca saber si la ciudadanía quiere “establecer un proyecto de movilidad
sustentable en un río”, a pesar de la experiencia previa de construcciones
similares en el río Santa Catarina.
En este
sentido, dijo que la respuesta que dé la
ciudadanía no será vinculatoria, pues la decisión final corresponderá a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Por otra
parte, #QueSirva puntualizó que, para la
realización de la consulta, se destinarán 50 millones de pesos de la Ley de
Egresos del estado, 25 millones 732 mil pesos con 42 centavos por pregunta.
De ellos, se destinarán 4 millones 732 mil 083 para
la compra de material didáctico y capacitación; 235 mil 932 pesos para el
desarrollo de sistemas; 4 millones 264 mil para difusión de la consulta, 403
mil 916 para gastos por impugnaciones de los resultados, y 16 millones 096 771
pesos por cómputo de actas y declaración de validez.
Por lo que reiteró,
la formulación de los cuestionamientos
revela inexperiencia, negligencia, populismo o dolo a la hora de ejercer” la
consulta popular.
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