El retroceso autoritario en seguridad y justicia.

Por Jorge Javier Romero Vadillo.

La coalición legislativa que apoya las iniciativas del gobierno, ampliada con el apoyo del PRI para lograr la mayoría calificada que permite reformar la Constitución, ha aprobado en la Cámara de Diputados la creación de la Guardia Nacional militarizada, un engendro que normaliza lo que debería ser excepción en una democracia constitucional: la militarización de la seguridad. Falta aún la aprobación en el Senado, pero visto lo visto, la alianza entre MORENA y el PRI concretará en las próximas semanas un retroceso autoritario sin paliativos. En la misma dirección retrógrada, el Senado ha avanzado en la ampliación del catálogo de delitos con posibilidad de prisión preventiva, con ello, como ha dicho el ex ministro de la Corte José Ramón Cossío, simplemente se pospone el arreglo del sistema penal acusatorio en su conjunto.

Antes del inicio del período extraordinario de sesiones del Congreso, durante las audiencias públicas organizadas por la Cámara de Diputados supuestamente para incidir en el debate, las cuales acabaron siendo una mera simulación, una larga lista de especialistas académicos y activistas de la sociedad civil, junto con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de organismos internacionales, expresaron posiciones contrarias a entregarle el control de la seguridad pública a los militares, con argumentos basados en evidencias duras sobre los resultados que ha tenido en México la participación del ejército y la marina en el combate a la delincuencia y con propuestas basadas en la experiencia internacional sobre cómo construir una seguridad civil eficaz, capaz de reducir la violencia, prevenir los delitos y disminuir la impunidad que impera ancestralmente en el país.

La propuesta de López Obrador, que está a punto de consagrarse en la Constitución, de crear un cuerpo de policía militar, no solo ha mostrado la sordera y el desprecio por el conocimiento experto que día a día parecen ir modelando su gestión, sino también su carácter iliberal. La seguridad militarizada es en el mundo contemporáneo característica de los regímenes menos democráticos y de los más atrasados económicamente. Las democracias avanzadas han ido abandonando, desde hace décadas, ese tipo de cuerpos policiacos con disciplina y fuero castrense, que abundaron durante el siglo XIX, para transitar hacia policías civiles, que rinden cuentas de sus actos a las autoridades del Estado y cuyas acciones son auditables por la sociedad. La ruta adoptada por el nuevo gobierno no es la de la ampliación de los derechos y las garantías para lograr una convivencia basada en el orden jurídico, sino la de la mano dura, tan apreciada por los regímenes autoritarios, aunque se justifiquen en la voluntad general emanada de la mayoría.

López Obrador, tan dispuesto a zaherir a sus oponentes calificándolos como conservadores, está impulsando una estrategia de seguridad precisamente conservadora. Las fuerzas armadas, diseñadas para combatir a los enemigos del Estado, son cuerpos cuya naturaleza es de suyo opaca y que tiene un fuero especial, diferenciado del fuero común, precisamente por el tipo de acciones que la guerra implica. Las policías, en cambio, son cuerpos creados por la sociedad para protegerla y servirla: su disciplina y su sistema de responsabilidades corresponde al de los funcionarios civiles y rinden cuentas de sus actos como servidores públicos de carrera. Suele ocurrir que cuando las fuerzas armadas con disciplina militar se hacen cargo de la seguridad, el pueblo acaba siendo confundido con los enemigos del Estado. La historia latinoamericana del siglo pasado muestra múltiples ejemplos para desconfiar de los ejércitos demasiado inmiscuidos en la vida cotidiana de las sociedades o que se consideran llamados a salvar a la patria de sus enemigos interiores. Por cierto, el ejército mexicano, aunque en menor medida, también tiene en su historia actos de represión social que no lo enaltecen.

El gobierno de López Obrador, al hacer su propuesta, ni siquiera presentó un diagnóstico de por qué había que tirar a la basura todo el esfuerzo de construcción de la Policía Federal. Solo lo despachó de un plumazo diciendo que estaba corrompido e infiltrado, como si el ejército fuera un cuerpo impoluto y no hubiera evidencias de mandos militares involucrados en la venta de protecciones a la delincuencia y en la violación a los derechos humanos. Sin diagnóstico público que probara la imposibilidad de seguir por la ruta de la construcción de una policía federal profesional, se ha decidido desechar a un cuerpo que ha costado mucho dinero, tal vez porque su pecado original es haber sido creado por el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno ha planteado su ruta como si no hubiera otro camino ante la situación catastrófica en la que se encuentra la seguridad en México. Sus dichos poco se diferencia de lo planteado en su momento por Calderón o por Peña Nieto cuando impulsó la Ley de Seguridad Interior, echada abajo como fraude a la Constitución, por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la alternativa ha sido planteada, con el sustento de la evidencia, desde hace tiempo y el colectivo #Seguridad sin Guerra la ha impulsado en todos los espacios de debate que se han abierto sobre el tema. El punto de partida era el respeto al marco constitucional que ahora está siendo deformado y a la normativa internacional en materia de seguridad humana y derechos humanos. Nadie estaba planteando sacar de golpe a las fuerzas armadas de las tareas de contención en las que indebidamente se les ha metido. Lo que se ha propuesto es una legislación transitoria para regresarlos paulatinamente a sus cuarteles, la regulación del uso de la fuerza, la reglamentación del estado de excepción, con base en el artículo 29 constitucional, de manera que la intervención de las fuerzas armadas se hiciera con control parlamentario y objetivos precisos, y la construcción de cuerpos policiacos civiles, incluido un gran cuerpo nacional, que bien pudo tener como base la actual Policía Federal, pero ya que López Obrador quiere presentarse como refundador histórico, pudo también ser una Guardia Nacional construida sin tener que destazar las bases civiles de la seguridad del actual orden constitucional.

La política de mano dura y el populismo punitivo de carácter reaccionario son, en cambio, las opciones de este gobierno que se pretende tan renovador.