Por J. Jesús
Esquivel Y Jorge Carrasco.
Las denuncias son directas y
provienen de funcionarios del área de seguridad del gobierno lopezobradorista:
El director general adjunto de Supervisión y Operación de Puertos y
Aeropuertos, Juan Manuel Hernández Palafox, está presuntamente ligado a
organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas a través del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los informantes, que
pidieron el anonimato, acudieron a Proceso en virtud de que, aseguran, los
reportes que han rendido a sus superiores al respecto no han sido tomados en
cuenta.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador designó como director general adjunto de Supervisión y Operación de
Puertos y Aeropuertos a Juan Manuel Hernández Palafox, quien en 2009, como
mando de la Policía Federal, fue procesado por cargos de delincuencia
organizada.
Su designación ha causado revuelo y
molestia en dependencias de seguridad del Estado, en donde distintas fuentes
consideran que el jefe policiaco, adscrito a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), no debió ser promovido teniendo ese antecedente,
y menos aún porque, sostienen, continúa ligado a organizaciones criminales
dedicadas al trasiego de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).
En documentos entregados a Proceso
por funcionarios de esas instancias, quienes pidieron el anonimato para evitar
eventuales represalias en el gabinete de seguridad de López Obrador, se detalla
cómo supuestamente Hernández Palafox permite la llegada de cocaína y heroína al
AICM y a los aeropuertos de Cancún, Guadalajara y Tijuana.
“La forma de operar por parte de
Hernández Palafox y sus socios en la misma Policía Federal es la siguiente: las
organizaciones criminales les envían la mercancía de Colombia, Perú o
Venezuela, avisándoles unos días antes para que con sus encargados de operación
permitan la llegada de las drogas a los aeropuertos mexicanos, sin tener que
pasar por las inspecciones de rigor”, se lee en uno de los documentos entregados por uno de los
funcionarios de seguridad que denunciaron el caso.
Las fuentes aseguraron que
recurrieron a Proceso porque las autoridades del gabinete de seguridad del
gobierno han desestimado las denuncias que les han hecho sobre la presunta
relación de Hernández Palafox con el trasiego de drogas aeroportuario.
El policía federal depende de la
Dirección General de Personal en Fronteras, Puertos y Aeropuertos de la
División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF). Su jefe directo es
el comisario general Ángel González Ramírez, titular de la División de
Seguridad Regional de la corporación, a quien los informantes señalan como
supuesto “protector” de Hernández Palafox. González, comentan, está al frente
de dicha División desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que también
fue jefe de la estación de la PF en Querétaro.
Ambos son subalternos de Arturo
Jiménez Martínez, quien fue designado por el titular de la SSyPC, Alfonso
Durazo, como encargado del despacho de la Oficina del Comisionado General de la
Policía Federal. La PF será una de las fuerzas que integrarán la Guardia
Nacional, cuya promulgación por parte de López Obrador está pendiente.
Jiménez Martínez
fue el último jefe de la Policía Federal
de Caminos antes de que ésta se convirtiera en parte de la Policía Federal
Preventiva (PFP) durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Aquella era la
corporación policial más antigua del país; de hecho, es el referente de lo que
la PF presenta oficialmente como su historia, pues sus nueve mil elementos
pasaron a ser la base de la PFP, que se integró también con agentes del
entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y una brigada de
la Policía Militar.
“La Policía Federal de Caminos ha
sido, por décadas, la policía mejor preparada y capacitada, pero al mismo
tiempo tiene una historia de corrupción y encubrimiento muy larga”, dice una de las fuentes consultadas.
El comisionado Jiménez Martínez ha
vivido los cambios de la corporación en los últimos 20 años. Desde la Federal
de Caminos a la PFP y luego a la PF en el gobierno de Felipe Calderón, hasta lo
que será la Guardia Nacional.
Ha tenido como superiores al
vicealmirante en retiro Wilfrido Robledo, en el sexenio de Ernesto Zedillo; a
Alejandro Gertz Manero –actual fiscal General de la República– en la Secretaría
de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox; a Genaro García Luna, en el
de Felipe Calderón, y en el de Peña Nieto a los titulares de la desaparecida
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido y Renato Sales
Heredia.
Ahora, como principal mando de la PF en el
gobierno lopezobradorista Jiménez Martínez tiene como uno de sus principales
colaboradores a Hernández Palafox, a pesar del proceso penal al que éste fue
sometido hace una década y del que oficialmente fue exonerado.
Antecedentes
del caso penal.
Información oficial consultada por
los reporteros indica que en 2010 Juan Manuel Hernández Palafox también fue
investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora
Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una indagatoria
relacionada con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El
funcionario policial tiene el título de Técnico Superior en Seguridad Pública,
obtenido en 2009 con la certificación del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (Ceneval). Su nombramiento como director general adjunto de
Supervisión y Operación de Puertos y Aeropuertos no aparece en el directorio de
la SSyPC.
En respuesta
a una solicitud de información hecha por los reporteros sobre el caso del jefe
policial aeroportuario, el capitán Hugo
Bayardo, jefe de ayudantes del secretario Durazo, envió a este semanario la
información relativa al puesto que ocupa Hernández Palafox, así como el
antecedente de su exoneración, dictada por orden de un juez federal en Nayarit.
Una fuente del gabinete de seguridad
dice que, por el mero hecho de haber sido procesado, Hernández Palafox no debió
llegar a ese cargo aun cuando haya sido exculpado. “No debe estar ahí. Además,
ya sabemos lo que son esas exoneraciones”, argumenta.
En el
Informe Policial Homologado de la Secretaría de Gobernación número T.I.0343/09,
con fecha del 2 de julio de 2009, se da
cuenta de la localización y captura del ahora jefe de supervisión y operación
de los aeropuertos federales, y se refiere “a la notificación al oficial Juan
Manuel Hernández Palafox, dándosele cumplimiento a la orden de presentación y
localización” y su traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “llegando el
referido en el vuelo 817 de Mexicana de Aviación, procedente de la Ciudad de
Cancún, Quintana Roo”.
El documento añade que el entonces
oficial fue detenido por su presunta “relación con el crimen organizado, en
especial por delitos de delincuencia organizada (tráfico de drogas)”.
Sobre las
imputaciones, precisa: “el pasado 30 de
junio (de 2009) se publicó en la internet un video por un usuario con el
seudónimo matazetas1, en el que aparecen cuatro sujetos portando armas largas y
amenazando e interrogando a dos sujetos más que se encontraban al frente. Uno
de ellos refirió llamarse Julio Sánchez Centeno y ser agente de migración
adscrito al aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo. En dicho video mencionan la
forma en que opera el tráfico de personas en dicha entidad. Asimismo, el agente
de migración refiere que por parte de la Policía Federal se encuentran
involucrados dos elementos de apellidos Palafox y Carranza”.
Dos meses
después, la PGR emitió un comunicado de
prensa para informar que Hernández Palafox había sido ingresado al Centro
Federal de Readaptación Social (Cefereso) 3 Noreste, en Matamoros, Tamaulipas.
El Juez Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales había concedido a la entonces SIEDO –ahora SEIDO– la
orden de aprehensión contra Hernández Palafox como “probable responsable de la
comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la
modalidad de fomento”.
Los funcionarios que entregaron los
documentos a los reporteros insisten en que Hernández Palafox tiene el respaldo
de su mando inmediato, el comisionado general González Ramírez, quien “le da
absoluta protección y mano libre para que maneje la seguridad del aeropuerto
Benito Juárez, y de los de Cancún, Guadalajara y Tijuana”.
Describen asimismo el supuesto modus
operandi del trasiego de drogas en esas terminales: “Los filtros u operadores
que dependen directamente de Hernández Palafox son agentes que se cubren el
nombre de su uniforme con chamarras, y son los encargados de la plataforma de
seguridad y vialidad interna del aeropuerto”.
Sostienen que los subordinados del
jefe policial tienen controlados a los agentes de Aduanas, Caninos, maleteros y
a todo el personal que trabaja en las plataformas de seguridad y vialidad de
los aeropuertos.
Estiman que de enero a la fecha han
llegado al AICM, procedentes de Sudamérica, dos toneladas de cocaína y varios
kilos de heroína. El pasado 27 de febrero el periódico La Jornada publicó
declaraciones del titular de la Administración General de Aduanas, Ricardo
Peralta Saucedo, sobre el tráfico de droga en las terminales aéreas mexicanas.
“Todos los aeropuertos son coladeras.
Entran y salen drogas, dinero ilícito y armas. Ingresan por todos lados y salen
por las fronteras del norte (de México), por donde puedan pasarla a Estados
Unidos”, citó el
diario.
Los
denunciantes agregan que en el caso del
aeropuerto capitalino los efectivos policiales presuntamente involucrados
recogen la droga en maletas que portan de 20 a 50 kilogramos del alcaloide cada
una y eluden las inspecciones para llevarlas directamente a camiones o
vehículos que las sacan de la instalación aeroportuaria.
Los
informantes aseguran que a los agentes
encargados de extraer la droga se les pagan cinco mil pesos por cada kilo que
llega de Sudamérica. También sostienen que, para aparentar que cumplen con sus
obligaciones de combate al tráfico de narcóticos, los mandos de la PF
“siembran” droga a empleados encargados del transporte de maletas de los
aviones a los carruseles de entrega de equipaje.
Comentan que los detenidos son
liberados después por los mismos funcionarios que los implicaron; lo mismo
pasa, dicen, en los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana y Cancún.
Denuncias
ignoradas.
Los funcionarios del gabinete de
seguridad lopezobradorista que buscaron al semanario afirman que han denunciado
a sus superiores esta presunta red de protección al tráfico de cocaína
sudamericana en los aeropuertos mexicanos, sin que hasta al momento hayan
tomado alguna acción para “por lo menos” averiguar y revisar los elementos de
prueba que se tienen en las mismas instalaciones aeroportuarias.
Según las
fuentes, las autoridades federales
desplegadas en los aeropuertos tienen videos y fotografías del personal de
seguridad descargando la droga de los aviones y transportándola a los
automóviles que la sacan de las terminales. Los documentos entregados incluso
mencionan algunas aerolíneas comerciales que supuestamente son utilizadas para
el trasiego.
De acuerdo con la propia PF, la
División Regional es la encargada de mantener la seguridad en carreteras
federales, aeropuertos y cruces fronterizos. Para estas funciones, Hernández
Palafox ha colocado a sus incondicionales, refieren los informantes. “Las
designaciones tienen el aval del comisario general González Ramírez”.
Requerida por Proceso ante los
señalamientos en contra de Hernández Palafox y la presunta red de protección al
tráfico de drogas en los aeropuertos, la SSyPC entregó a los reporteros los
reportes oficiales sobre el retiro de cargos, liberación y absolución del jefe
policial.
Fechado el
28 de mayo de 2010 en Guanajuato, Guanajuato, el primer documento establece que derivado del proceso penal
301/2009-XII, radicado en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en
el estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, se
determinó “dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar” a favor
de Juan Manuel Palafox Hernández y/o Juan Manuel Hernández Palafox, por su
probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.
En otro documento se da cuenta de la
cancelación del registro de la ficha signalética de Hernández Palafox cuya
elaboración había sido ordenada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia
Administrativa del Distrito Federal. El oficio está fechado el 12 de agosto de
2011 y lo firma Eduardo Enrique Gómez García, entonces comisionado del Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La exoneración también quedó
registrada en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo de la PGR el 15 de diciembre de 2011. En una comunicación oficial
entregada a Proceso, se informa de “la cancelación de la ficha decadactilar
relativa a la citada persona, únicamente y exclusivamente por lo que se refiere
a la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009, misma que dio origen a
la causa penal señalada”. El oficio está firmado por Gregorio Moctezuma Huerta,
en ese entonces encargado del despacho de la Dirección General de Procesos
Penales Federales.
El martes
19, en su conferencia de prensa matutina, el
presidente López Obrador anunció que su gobierno echará a andar un plan contra
la corrupción en los aeropuertos. Se refirió en particular a las extorsiones
impuestas por algunas autoridades a ciudadanos en el AICM.
Aunque no se refirió a la Policía
Federal, prometió una limpia en las terminales aéreas de todo el país en contra
de la extorsión. En específico, mencionó a las aduanas y al Instituto Nacional
de Migración. Informó que incluso ya hay denuncias penales.
“Hablando en términos de semáforos,
los tenemos en alerta. O sea, son dos instituciones que vamos a limpiar de
corrupción. Se va a acabar la extorsión en las dos”, sostuvo una vez más.
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