Por Gustavo
De la Rosa.
En 2007 una inusitada inundación en
esta reseca ciudad dejó inhabitables más de 3 mil casas que se habían
construido en el lecho de una laguna desecada por los propietarios del terreno
para impulsar sus empresas constructoras y sus negocios productivos con
Infonavit; cuando bajaron las aguas los habitantes de esas viviendas, que se
refugiaron un par de semanas en albergues improvisados, regresaron a lo que
había sido su hogar y reconstruyeron el barrio.
Meses después fueron informados que
los fraccionamientos afectados, Palmas y Almeras, habían sido declarados
inhabitables, por lo que el valor de las propiedades era cero y no podrían
venderlas ni liberar las escrituras gravadas con una hipoteca pagada con los
mismos recursos del Infonavit. Aun así algunos siguieron pagando su mensualidad
porque la empresa nunca comunicó a los empleadores que el crédito del
trabajador era prácticamente inexistente.
Desde
entonces, el Infonavit ha sumado muchas
de estas viviendas legalmente a su cartera como casas recuperadas y ha
realizado subastas y ventas masivas de algunas de ellas por el precio ridículo
de 35 mil pesos, según cuentan los habitantes de la zona. Han pasado más de 10
años de la trágica inundación, los dueños de las casas las han reconstruido y
las mantienen en pie pese a la inestabilidad del terreno mientras que el
Gobierno ha sido incapaz de buscar una solución a la situación jurídica que
afecta a esos juarenses, en su mayoría trabajadores de maquiladora.
Pero ahora repentinamente surgieron, como venidos del
infierno, abogados que dicen ser representantes de los nuevos propietarios de
los fraccionamientos, y llegaron exigiéndole a los vecinos que desalojaran sus
viviendas en un plazo perentorio de entre 15 días y un mes. Primero dieron
amenazas y desplantes a la manera de capos de pacotilla, pero en estos últimos
días la alarma en la zona ha crecido porque los juzgados civiles de Ciudad
Juárez empezaron a notificar a algunos de los vecinos que en Nayarit o en
Sinaloa se han abierto juicios en su contra para arrebatarles sus viviendas, y
que si quieren defenderse tendrán que contratar abogados en aquellos estados,
porque de alguna forma estas inmobiliarias pueden tramitar los juicios a más de
mil kilómetros de distancia.
En estos
casos se descubre una perversa
complicidad entre las autoridades del Infonavit, los notarios públicos, y las
inmobiliarias y constructoras que pueden comprar e intercambiar la propiedad de
casas que no están dentro del mercado por haber sido declaradas inhabitables, y
pueden acudir a los juzgados a pedir órdenes de desalojo y desposesión de las
viviendas de quiénes las compraron hace 20 años y que las reconstruyeron una
década después para seguir viviendo en ellas, a sabiendas que otra gran
inundación volverá a expulsarlos de ellas y destruirá todos sus bienes.
Además del riesgo de que la
naturaleza reclame sus pertenencias, estos juarenses ahora deben temer a los
buitres de los negocios inmobiliarios que se criaron a la sombra de los
créditos del Fobaproa, de las protecciones a los políticos y los hijos de
millonarios, y que pueden comprar a precios de regalo créditos o juicios contra
esta masa depauperada de trabajadores que algún día se emocionó al ser
notificada de que había sido beneficiada con un crédito de vivienda, y ahora se
encuentra a las puertas de la calle.
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