Diez años después del
inicio de la guerra contra el narcotráfico, el Partido Acción Nacional (PAN)
apuesta por que las Fuerzas Armadas combatan en las calles contra el crimen
organizado a través de las propuestas de Ley en materia de Seguridad Interior,
que están por iniciar sus discusión en la Cámara de Diputados.
La oposición de los
partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) al uso de las Fuerzas
Armadas en tareas policiales ha dejado al Blanquiazul y sus votos como
indispensables para detener las propuestas en esta materia, que ya impulsa el
PRI.
“Yo creo de lo que se trata es de reglamentar, poner límites
al poder del Presidente de la República como jefe máximo de nuestras Fuerzas
Armadas para que pueda mandar a las calles al Ejército. Y así saber ¿bajo qué
condiciones puede el Ejército salir a las calles, en qué casos, cuál es el
procedimiento? ¿Cuál es la participación del poder Legislativo? Eso es lo que
no tenemos”, dijo el Diputado panista Jorge Triana Tena, miembro de la Comisión
de Gobernación que discutirá las propuestas.
Hasta el momento hay
seis propuestas de iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Pero ha sido la
presentada por el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), César Camacho Quiróz, el pasado 27 de octubre, la que ha secundado la
solicitud expresa del Presidente Enrique Peña Nieto de legislar este asunto.
Una Ley de Seguridad
Interior le otorgaría al Presidente de la República la capacidad de decretar la
intervención de las Fuerzas Armadas en un lugar y tiempo determinado.
Peña Nieto decidió
continuar con la estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón. Pero
los registros oficiales refieren que la violencia no disminuyó con la
intervención de militares para acabar con el narcotráfico.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) muestran que entre 2001 y 2006, bajo el Gobierno de Vicente Fox
Quesada, fueron asesinadas 60 mil 162 personas. Mientras que con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón
Hinojosa entre 2006 y 2012, ocurrieron 121 mil 613.
En el seno de la
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI cuenta, junto con su
aliado el Partido Verde, con 15 votos. Por su parte, el PRD, Morena y
Movimiento Ciudadano (MC), quienes se han manifestado en contra de legislar
sobre este asunto, suman ocho votos. Lo
que deja como decisivos los siete votos del PAN para aprobar o no un dictamen
sobre Seguridad Interior.
“Como veo la
situación, es que esta Ley trae un gran apoyo del PRI, Verde, Panal, y el mismo
PAN. Ellos hacen mayoría y temo que van aplicar esa fuerza numérica para
aprobarlo en comisión y después en el pleno. Sin embargo, siendo el
Congreso un órgano deliberativo eso no nos impide decir lo que hemos dicho, que
la propuesta es reduccionista. Sólo un parche para el problema”, consideró
Macedonio Támez Guajardo, Diputado de MC.
Los legisladores del
PAN sostuvieron que el uso de las Fuerzas Armadas podrá servir para acabar con
el narcotráfico.
“Absolutamente esta
ley y la del mando mixto ayudarían. El problema no es el Ejército, ni la
marina. Gracias a su intervención no se ha agudizado el problema en el país”,
dijo Ramos.
No obstante, a diez años
de la guerra contra el narcotráfico hay pocos indicios de que las células
criminales hayan sido reducidas. Datos de la Procuraduría General de la
República (PGR), actualizados al 13 de febrero, apuntaron que en el país operan
37 células delictivas y nueve cárteles.
La incursión del
Ejército en enfrentamientos con presuntos criminales aumentó los índices de
asesinato en diversos municipios en un 6 por ciento, de acuerdo con el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, esta tasa se
incrementa a 9 por ciento cuando se ven
involucrados en el combate elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
Este centro de
estudios reveló que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 se registraron
68 masacres, donde hubo al menos 10 muertos.
“Algunos diputados
del PAN sostienen que la Ley va resolver los señalamientos de derechos humanos
sobre las Fuerzas Armadas. Pero, yo creo que así como está esa propuesta,
genera lo contrario. Es anticonstitucional, y va en contra de varios convenios
de derechos humanos”, dijo el Diputado del PRD, Rafael Soriano Hernández.
El martes pasado, una serie de organizaciones de la sociedad
civil ofrecieron una conferencia de prensa en la que apuntaron que el Gobierno
federal estaría omitiendo recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de Naciones Unidas de
Derechos Humanos, que exhortaron a diseñar un plan para el retiro gradual de
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
“La Ley de Seguridad
Interior busca darle protección militar a aquello que los militares han venido
haciendo extra legalmente. Generales que crecen mientras civiles se encogen. Soldados
cada vez más presentes, ante policías cada vez menos profesionalizados”, dijo
la activista Denise Dresser.
El inicio de la guerra contra el narcotráfico disparó las
quejas contra la Sedena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por
presuntas violaciones a derechos humanos.
De 182 quejas
recibidas en 2006, la CNDH pasó a registrar 367 en 2007 y mil 230 en 2008, de
acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República.
“El PAN tiene condicionada su aprobación al respeto de los
derechos Humanos, a que sea una iniciativa de carácter subsidiario y temporal
para la participación de las Fuerzas Armadas. Y tercero, con obligaciones de
gobiernos locales de restituir capacidades institucionales para que el Ejército
se vaya”, aseguró el diputado panista Jorge Ramos.
Pero la estrategia de
la organización de las fuerzas policiales no ha sido debatida. Y la
profesionalización de las policías ha sido un tema pendiente por el Gobierno
federal, acusó el legislador de oposición Macedonio Támez.
Si bien el ex Presidente Calderón buscó que cada entidad
aprobara un Mando Único, en el que las policías municipales quedaran al mando
del Gobernador, el modelo no gozó del apoyo necesario para ser adoptado en todo
el país.
Ahora, bajo un llamado Modelo Mixto en el que los municipios
más grandes podrán conservar sus propios policías, el PAN, PRI, MC y PRD buscan
reconfigurar la organización policial de México.
¿Por qué el modelo
policial ha sido relacionado con las propuestas de Seguridad Interior y no la
regularización de las drogas?, se le preguntó al Diputado del Blanquiazul,
Jorge Triana.
“Es un tema distinto.
A título personal soy un convencido del uso de las drogas. Incluso, con fines
lúdicos. Creo que esto eliminaría de forma importante el mercado negro. Y el
mercado negro de narcóticos se llama narcotráfico. Pero vamos muy atrasados con
respecto al entorno internacional. Apenas estamos abordando el tema del uso
medicinal”, justificó.
Los legisladores adelantaron que esperan tener la próxima
semana un dictamen sobre las distintas propuestas de seguridad interior que
reglamente las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública; así como aprobar una legislación en seguridad interior al finalizar
este periodo de sesiones que acaba en abril.
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