El Comité Nacional
para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas denunció que la representación
de la Fiscalía General de Justicia en Matías Romero se ha negado a investigar
el caso de la desaparición de Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad.
En una carta dirigida al fiscal general del estado, Héctor
Joaquín Carrillo Ruiz, los coordinadores del Comité, Luis Bustamante Valencia y
Miguel Ángel García, solicitaron al
funcionario estatal la pronta y efectiva intervención del fiscal para que el
caso sea atendido “de manera urgente”.
Detallaron que en la
Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, perteneciente a Santa María
Chimalapa, se reportó la desaparición y posible privación de la libertad de la
niña indígena, el pasado lunes 6.
Dos días después,
Refugio Ramírez Torres, padre de la menor, se presentó ante las oficinas de la
Fiscalía en Matías Romero para presentar la denuncia.
Se sospecha que
Jacinto Vásquez Sánchez, residente del ejido El Luchador, municipio de
Uxpanapa, Veracruz, es el responsable de la desaparición de Priscila.
No obstante, personal
de la Fiscalía se ha negado a actuar e incluso comentó a los padres de la menor
que “si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten
que a cambio les dé unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.
El Comité consideró
“indignante e inaceptable” esa respuesta, ya que por mandato constitucional,
las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno “tienen el deber de velar
por el interés superior de los y las menores”, tomando en cuenta que de acuerdo
con normas internacionales suscritas por el gobierno, “el Estado mexicano en su
conjunto está obligado a promover, garantizar y respetar los derechos de niños,
niñas y adolescentes”.
Además de recibir un trato déspota por parte de la agencia
estatal de investigaciones, a los familiares de la niña desaparecida se les ha respondido que la policía de
Oaxaca no puede intervenir, “dado que presuntamente ha sido llevada a la zona
de Jáltipan, Veracruz”, y que mejor vayan a la Fiscalía de Acayucan a levantar
una demanda.
De acuerdo con el
Comité, al actuar de esa forma la Fiscalía está violando el derecho de la
familia a acceder a la justicia y a una debida diligencia, y también los
derechos de Priscila “a su integridad, su libertad y su vida misma”.
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