Por Raúl Olmos y Daniel Lizárraga/ Mexicanos contra la
Corrupción.
Desde 2010, PEMEX y la SFP tenían evidencias de un conjunto
de anomalías en los contratos otorgados
a Odebrecht, como sobrecostos y pagos ilegales, pero en vez de demandar o
sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación, revela una
investigación de Mexicanos Contra la Corrupción. La multiplicación de contratos a favor del consorcio brasileño coincide
con los pagos de sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos
Mucho antes de que en
una corte de Nueva York se supiera que Odebrecht había pagado sobornos a
funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en
la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos,
incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos
ilegales.
Pese a que desde 2010 se detectaron estas anomalías, Petróleos Mexicanos adjudicó directamente
en los años siguientes cuatro contratos por más de 1,574 millones de dólares a
Odebrecht y a sus filiales Mina-Trico y Ebramex, según consta en documentos
obtenidos para esta investigación por medio de solicitudes de acceso a la
información.
Además, PEMEX canceló
inversiones propias para cederle a Odeberecht el negocio del etileno, cuyos
usos más conocidos ha sido para materias primas y para la fabricación de plásticos.
Las condiciones de este contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años.
La Auditoría Superior
de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años
siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht,
pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del
gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se
promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario,
los contratos a su favor se multiplicaron.
Paradójicamente, fue justo en el año en que la ASF descubrió
las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos de Odebrecht, según han
admitido ejecutivos de la constructora brasileña ante una corte federal en
Nueva York. En su confesión, rendida el
21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado 10.5 millones de dólares a
funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos.
De acuerdo con los
testimonios de ejecutivos de Obredecht en Estados Unidos, los sobornos en
México por 10.5 millones de dólares se repartieron en dos momentos: en el
primero fueron 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el
último tramo del gobierno calderonista. El segundo entre 2013 y el 2014, ya
cuando Peña Nieto ocupaba la residencia oficial de Los Pinos.
Una historia negra.
Desde febrero de
2011, la ASF entregó al órgano interno de control de PEMEX una relación de las
primeras anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la
reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
En los tres años
siguientes, el órgano fiscalizador encontró más anomalías en la misma obra,
pero PEMEX nunca promovió sanciones contra la empresa.
El costo de esa obra
se disparó 66%, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 634.9
millones de dólares y al final le pagaron 1,055 millones de dólares. Además, la
constructora entregó la obra con cinco años de retraso; se había pactado
finalizar en 2008 y se concluyó hasta 2013.
La ASF –el órgano que vigila el uso del erario vinculado a
la Cámara de Diputados- documentó cómo
fue que desde 2010 PEMEX avaló estos sobrecostos e incumplimientos.
Por ejemplo, entre 2010 y 2012, Odebrecht logró que el gobierno de Felipe Calderón les pagara 191
millones de dólares adicionales para concluir la obra en Minatitlán y PEMEX le
pagó otros 25 millones de dólares por 40 contratos complementarios otorgados
sin licitación.
La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el
argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las
condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de la Función Pública (SFP),
quien realizó 19 audiencias conciliatorias, en las que PEMEX siempre cedía a
favor de la empresa brasileña.
Pagos ilegales.
En la revisión de dos
contratos, los auditores descubrieron que PEMEX había formalizado de manera
improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo
por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados.
En opinión de la ASF,
el anticipo “concede beneficios económicos a la contratista”, pues ese dinero
nunca fue considerado en las bases de licitación ni en los contratos firmados.
En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico,
Odebrecht incurrió en el pago de
sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares,
según sus ejecutivos. No obstante, sus ganancias en realidad fueron mucho
mayores.
La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares.
En uno de ellos, por ejemplo, pagaron un
millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios que no se hicieron en
Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros dos contratos, por los que PEMEX pagó por
duplicado o en exceso 508 mil dólares.
Los auditores también
determinaron que un pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por
mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un
incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana, cuyo líder es el controvertido Carlos Romero Deschamps,
“no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente
presenta inconsistencias”.
Ocultan contratos en paraísos fiscales.
PEMEX recurrió a una
compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para eludir
licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que ha asignado directamente
a Odebrecht.
Uno de ellos fue el
otorgado en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los
Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447
kilómetros.
Originalmente, esa
obra sería entregada por licitación internacional, pero el concurso fue
declarado “desierto” en octubre de 2013, y tiempo más tarde PEMEX asignó ese
contrato por 1,200 millones de dólares a Odebrecht, quien creó un consorcio ex
profeso llamado AOT.
Para asignar directamente el contrato del gasoducto a
Odebrecht y a sus socios, PEMEX recurrió a una intrincada red de empresas
filiales creadas en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán y en Holanda, según
constató Mexicanos contra la Corrupción.
A través de esa red,
PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar
el gasoducto transfronterizo Quetzal, que enlazará al sur de México con
Guatemala.
(La tarde de este miércoles, Mexicanos contra la corrupción
publica la versión completa del reportaje)
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