Salvador
Camarena.
La Auditoría Superior de la
Federación anunció el viernes que daría reversa a su decisión de ocultar los
nombres de personas físicas y morales que formen parte de una investigación.
Esa medida supone una buena noticia para la ciudadanía, lo que es decir para la
propia ASF y el gobierno en general.
Como se
publicó en este y otros espacios, desde
el miércoles pasado se denunció que a diferencia de otros años, la cuenta
pública de la ASF correspondiente al ejercicio de 2017 carecía de detalles que
permitieran identificar a todos los investigados por presuntas irregularidades.
El que la ASF haya decidido volver al
formato original apuntala el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de
los dineros públicos. Asimismo, empodera a la sociedad al permitir que esta
haga su propia tarea de observación, exigencia de más información y, en su
caso, de denuncia. Y no sólo en temas donde se presuman desvíos o ilegalidades.
Va un ejemplo.
La semana
pasada, periodistas del portal
Mexico.com dieron a conocer una estupenda investigación. Revelaron las diez
asociaciones civiles (es un decir) que más donativos recibieron por parte del
gobierno (es otro decir) de Enrique Peña Nieto. Entre las consentidas del ex
pululan exfuncionarios y priistas. Qué raro, ¿verdad?
Así, la opinión pública supo que con más de 800
millones de pesos, la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes AC,
ligada a Ricardo Salinas Pliego, fue la entidad que más donativos recibió. Y en
segundo lugar aparece un grupo denominado Poder Cívico, AC, que es presidida
por el excónsul de México en San Francisco, efímero embajador en la UNESCO y
exfuncionario en tiempos de Zedillo. A esta asociación se le dieron, desde
Conaculta-Secretaría de Cultura, 180 millones de pesos para realizar el evento
conocido como La Ciudad de las Ideas.
Saúl
Hernández, periodista de Mexico.com, documentó
que de 2013 a 2018 el gobierno federal donó esos 180 millones de pesos para esa
iniciativa de particulares, también ligada a TV Azteca. La entrada más barata a
ese evento cuesta, en preventa, mil 500 pesos, misma que da derecho a escuchar
las conferencias de tres días; la más cara 13 mil pesos.
Pero
Hernández revela además que Poder Cívico
reportó a Hacienda que, tan solo durante cuatro años (de 2014 a 2017), la AC
ligada a Roemer obtuvo donativos por 382 millones de pesos, y de ellos hay 150
millones de pesos que provienen de entidades gubernamentales que no son la
Secretaría de Cultura federal (en su momento el Conaculta).
¿Quiénes serán esas otras entidades
que donan a Poder Cívico? Y sobre todo, por qué el gobierno federal, por un
lado, y las otras desconocidas entidades públicas decidieron darle cientos de
millones de pesos a la asociación de Roemer y no a otra. ¿Por qué gastarlo en eso y no en
hospitales o universidades?
Como en
estos tiempos perdimos la dimensión de los dineros, en uno de los reportes de
Poder Cívico a Hacienda –conseguidos por Hernández–, Roemer señala que para el ejercicio fiscal de 2016, los gastos de
operación del proyecto fueron de 94 millones 636 mil 992 pesos.
Poder
Cívico, que no tiene personas
asalariadas y que trabaja con voluntarios, tiene como actividad principal el
evento La Ciudad de las Ideas. Entonces, demos por bueno que eso (casi cien
millones de pesos) es lo que cuesta organizar La Ciudad de las Ideas en Puebla.
Bueno, con una cantidad más o menos similar, la
Universidad de Guadalajara monta cada año la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, que convoca cada año a más de 800 mil personas. Por cierto, los
donativos en el mismo periodo de Conaculta/Secretaría de Cultura a la UdeG para
la FIL no son ni la vigésima parte de lo que la Federación le dio a Poder
Cívico.
Al arribo de
un nuevo titular en la presidencia de la República ha sobrevenido una avalancha
de cambios. Andrés Manuel López Obrador
ha prometido que su gobierno ya no dará dinero a organizaciones, que los apoyos
se darán directamente a los beneficiarios. Ese volantazo podría generar algunos
daños, como el que padecerán las madres beneficiarias de Estancias Infantiles.
También se quedarían sin dinero público entidades
que ni siquiera sabíamos que tenían decenas de millones de pesos en 'donativos'
gubernamentales.
Sería buenísimo que Poder Cívico
informara quién más le dio dinero público, a cambio de qué, bajo qué proceso de
negociación; que Roemer diera a conocer igualmente los entregables que
justificaran esos montos, las facturas correspondientes, incluidos viáticos,
etcétera.
Porque si se
trata de defender que el gobierno siga una política de apoyos, una cosa es
apoyar instancias que ayudan a madres trabajadoras, y otra venir a descubrir
que como funcionario público (y después), Andrés
Roemer gozaba de los favores de EPN.
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