Raymundo
Riva Palacio.
Los datos
hacen mucho ruido. A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra
contra el huachicol. En escasas tres semanas, dijo el presidente Andrés Manuel
López Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de
combustible. Como partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero
el avance de las fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la
creciente queja por desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y
luchar contra la corrupción, justificó el presidente. Se cerraron ductos y
compraron pipas, sin licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron
decenas de vehículos fuera de norma.
Dos meses
después, los partes de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a
conocer lo que ha sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta
semana en Excélsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta
una historia de derrota. Durante los dos primeros meses del año se
incrementaron 50 por ciento las tomas clandestinas en comparación con el mismo
periodo de 2018. Aunque Pemex dijo que en enero se recuperaron 442 mil litros
de combustible, el total de tomas clandestinas se elevó de mil 46 durante los
dos primeros meses del año pasado, a mil 565 en 2019. Hidalgo, donde se
cerraron ductos y se reforzó la seguridad, el incremento de tomas se elevó 265
por ciento.
La cruzada
contra el huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que
se veía venir desde el inicio del gobierno en diciembre: el desabasto de
gasolina. El Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la
empresa que monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que
asumió López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones
de gasolina de Estados Unidos, al bajar 25 por ciento en el periodo
diciembre-enero de 2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017-2018. López
Obrador dijo que el diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su
orden y en enero se compraron volúmenes de gasolina superiores a 93 por ciento
con respecto a lo adquirido en enero de 2018.
La
suspensión de las importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro
del gabinete, según los tiempos que identificó el presidente López Obrador,
sobre el huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de
combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de
México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra
calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La
decisión de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No
supieron cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el
combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar
un ducto, la planeación se llevaba al menos dos meses para evitar el desabasto.
El último
reporte sobre lo logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados
en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son
totalmente diferentes a las que 20 días antes hizo públicas el director de
Pemex, Octavio Romero Oropeza. López Obrador dijo que la incidencia de ese
delito pasó del hurto de 81 mil barriles diarios que se sustraían en noviembre,
a 15 mil barriles. Sin embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56
mil barriles, y que se había disminuido a ocho mil. Nadie ha explicado la
inconsistencia. Tampoco se han dado informes adicionales a lo publicado en
Excélsior sobre el creciente número de tomas clandestinos. La feria de cifras
es compleja para ser absorbida y procesada por la opinión pública. El discurso
plano, que es un sacrificio para combatir la corrupción, es lo que prende.
Las cosas no
van a marchar bien. La estrategia no sólo está equivocada, sino que, además, lo
único que se ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para
transportar combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende
cómo funcionan los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los
mercados se paran sobre tres patas: incidencia delictiva, logística y debilidad
institucional. La estrategia gubernamental las fortalece.
El incremento
en el robo de combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos
del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la impunidad con la que se
mueven hasta ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz,
habla de que el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El
argumento de que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver
el problema estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol,
que es la racional del gobierno para evitar la violencia, la incidencia
delictiva se mantiene intacta, al tiempo que se incrementa la debilidad
institucional por no combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal;
comprar pipas facilita el robo de combustible transportado en vehículos
robados.
GLAC señaló
que la tendencia en mediano plazo ubica a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Guanajuato como los estados más vulnerables, al figurar entre las 10 entidades
con mayor cantidad de vehículos robados, que “son incorporadas como parte de la
logística necesaria para llevar a cabo la comercialización del combustible
robado”. Vista la correlación, o la estrategia está totalmente equivocada, o es
una que, de antemano, al no combatir el problema de fondo, se sabe, fracasará.
En todo caso, la narrativa de la guerra contra el huachicol esconde la
incompetencia del gabinete en el abasto de combustible y la nueva estrategia
del régimen contra el crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar.
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