Open
Democracy afirma que la desigualdad en
términos de distribución de la riqueza que se vive en México se debe a que se
tiene “un sistema en el que la élite económica puede conseguir que se gobierne
el país según sus intereses“, a pesar de que la Nación mexicana es la economía
número 15 en el mundo.
De acuerdo
con esta iniciativa –que busca educar a los ciudadanos para desafiar el poder y
alentar el debate democrático en todo el mundo–, el sistema que ha ponderado en México, “tiende a intensificar las desigualdades
“, debido a que el poder económico se traduce en poder social y político.
La
plataforma global explica que con la
alta concentración de las riquezas además se reducen los recursos públicos
disponibles para el desarrollo, mientras que los gobiernos se vuelven más
pobres.
Los factores que provocarían esta
concentración, de acuerdo con el análisis, serían los altos niveles de evasión
fiscal, los flujos financieros ilícitos y el uso de paraísos fiscales para
ocultar ganancias privadas.
“Por
ejemplo, el problema de los paraísos
fiscales fue uno de los problemas más graves que aquejaron a nuestro país en
2015: ese año se perdieron 197 mil 150 millones de pesos (14 mil 200 millones
de dólares al tipo de cambio promedio de 2015) por evasión fiscal de empresas
privadas”.
Una base fiscal sólida, asegura Open
Democracy, “aumentaría sin duda el volumen de fondos públicos disponibles para
un desarrollo sostenible. Pero mientras el Estado mexicano siga cediendo ante
los intereses corporativos, habrá pocas probabilidades de que esto llegue a
ocurrir”.
Además, México debería encontrar la forma de
implementar adecuadamente los estándares internacionales en materia de derechos
humanos, añade.
“La actual crisis de derechos humanos
en México es síntoma de un sistema que permite que los intereses económicos moldeen
la legislación nacional, las regulaciones y las políticas públicas a beneficio
propio. La violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos en
México se ha descontrolado en los últimos años: 120 periodistas fueron
asesinados entre enero del 2000 y octubre de 2018 y, ya en 2017, México era el
tercer país más peligroso de América Latina y el cuarto más peligroso del mundo
para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Hoy, a sólo tres meses de
la toma de posesión del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
ya han sido asesinados 14 periodistas y activistas”.
CRISIS DE
DERECHOS HUMANOS.
Open
Democracy destaca también que la crisis
de derechos humanos que actualmente se vive en México “es síntoma de un sistema
que permite que los intereses económicos moldeen la legislación nacional, las
regulaciones y las políticas públicas a beneficio propio”.
Por ello,
agrega la organización, la mayoría de
los ataques contra activistas ocurren en el contexto de actividades empresariales.
Y de acuerdo con este diario, la causa sería “la obvia discrepancia entre el
desarrollo sostenible dirigido por las comunidades y los intereses del sector
privado motivados por los beneficios monetarios”.
Entre las áreas empresariales donde
ocurren estos ataques se encuentran la minería, la construcción de
infraestructuras, la energía y la explotación forestal, y la mayor parte de las
víctimas son contra opositores, denuncia Open Democracy.
El fracaso a la implantación de las
leyes, explican, se debe principalmente a esta captura del Estado por parte de
las corporaciones, porque “a menudo las grandes empresas actúan con casi total
impunidad, lo que explica el incremento de la violencia”.
“No sólo no se implementan las leyes
de manera adecuada, sino que, en algunos casos, la legislación nacional tampoco
impone obligaciones lo suficientemente onerosas al sector privado. El lobby
minero mexicano, por ejemplo, ha logrado que exista una regulación que favorece
sus intereses por encima de los de las comunidades afectadas”.
Además, Open
Democracy considera que la lucha contra
la corrupción y la desigualdad emprendida por actual Gobierno federal,
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “es un paso en la dirección
correcta, aunque el camino no será nada fácil”.
“Ambos fenómenos arraigaron
profundamente bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
que estuvo ininterrumpidamente en el poder desde 1929 hasta el año 2000, para
cederlo al conservador Partido Acción Nacional (PAN) entre el 2000 y el 2012, y
luego regresar nuevamente, en un sexenio marcado por escándalos de corrupción
en el gobierno federal”.
MINERAS CON
EPN.
En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó
más de 159 mil 816 hectáreas de títulos de concesión minera a particulares
quienes los regalaron o vendieron a grandes empresas de Canadá, Estados Unidos
y México.
First
Majestic del Toro, Coeur Mexicana, GI Canoas, Consorcio Industrial
Internacional GRP, Gold and Gemstone Mining de México y Sierra Madre Mine
Development se hicieron de minas en Coahuila, Zacatecas, Baja California,
Chihuahua y Nuevo Leóncon este formato
de triangulación que les evitó el pago de los derechos de exploración y
explotación al Estado mexicano.
Lo anterior
se desprende de una revisión de la Unidad de Datos de SinEmbargode los movimientos de una muestra de títulos
de concesión otorgado en 2013, cuando se inició la administración peñanietista.
Se trata del año en que se tiene el mayor registro de concesiones del sexenio
que recién expiró: mil 52 de las 3 mil 190 que se dieron (los datos están
disponibles hasta septiembre de 2017), según el histórico de la Dirección
General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía (SE).
Hay una constante que se observa en
el flujo de títulos revisados: entre los concesionarios predominan los
particulares. En 2013, de mil 52 concesiones otorgadas, 726 fueron dadas a
personas. Ellos vendieron o regalaron sus títulos a empresas multinacionales o
nacionales. El
cambio ocurrió en años o en meses.
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