A menos de cuatro
meses de las elecciones para gobernador en el Estado de México, en las cuales
el PRI podría perder por primera vez en su historia el control sobre la entidad
más poblada del país, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada
por el mexiquense Luis Enrique Miranda Nava, incrementó en 493 millones de
pesos la parte del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS)
destinada a los municipios de ese estado.
Así lo anunció el pasado 20 de enero el mexiquense Francisco
Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional de la Sedesol. El presupuesto del FAIS para la entidad se elevará así a 4 mil 593 millones de pesos este año,
12% más que en 2016.
Dos días antes, en una reunión con el gabinete de la región
XVIII del Estado de México en la que participó como “representante del gobierno
federal”, García Bejos anunció que la
Sedesol conseguirá recursos adicionales para que los presidentes municipales
del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz realicen obras de
infraestructura social.
Estas cuatro entidades
tendrán elecciones el próximo 4 de junio: en el Estado de México sólo se
redefinirá la gubernatura; en Coahuila se renovarán el Ejecutivo, 27
diputaciones y 38 presidencias municipales; en Nayarit los votantes elegirán un
nuevo gobernador, 20 presidentes municipales, 30 diputados y 197 regidores; y
en Veracruz 212 alcaldías estarán en juego.
“Se apoyará a los
municipios para que puedan firmar con Banobras los convenios de colaboración y
puedan acceder a los recursos que les permitirán realizar obras de
infraestructura social como alcantarillado, pavimentación, redes de agua
potable, dispensarios médicos y rehabilitación de hospitales, entre otras”,
aseveró García Bejos.
El proyecto de
presupuesto para 2017 otorga 569 millones de pesos del FAIS al estado y los
municipios de Coahuila –14.29% más que el año pasado–, mientras los de Nayarit
tendrán 671 millones 574 mil pesos –un incremento de 15.15%– y los de Veracruz,
6 mil 978 millones de pesos –9.41% más que en 2016–.
El operador.
Estos eventos alimentan el temor de que Luis Miranda Nava,
amigo cercano de Enrique Peña Nieto, utilice a la Sedesol como una plataforma
de captación de votos para el PRI.
El funcionario se definió como “operador político” durante
las comparecencias que realizó en el Senado y la Cámara de Diputados los
pasados 12 de octubre y 23 de noviembre, respectivamente. “No soy un operador
electoral, soy un operador político”, afirmó. En ambas ocasiones, legisladores
de oposición cuestionaron al priista por su escaso conocimiento sobre el tema
de la pobreza y le exigieron no utilizar a la Sedesol como herramienta de
control electoral.
Para acallar las
críticas y las suspicacias sobre el desvío de programas sociales con fines
electorales, Miranda Nava se comprometió ante los diputados a no visitar el
Estado de México, Coahuila, Nayarit ni Veracruz hasta pasados los comicios.
Pero esta promesa no
abarcó a sus subsecretarios más cercanos, y a García Bejos en particular. Al
atraer la atención mediática hacia él, Miranda dejó al subsecretario un espacio
para operar con tranquilidad: sólo en el primer mes y medio de este año visitó
la entidad ocho veces.
García Bejos es uno
de los priistas mexiquenses cercanos a Enrique Peña Nieto que el titular de la
Sedesol colocó en puestos clave del sector central de la dependencia federal.
Hasta abril de 2012 fue
director general del grupo Compañía Inversora Corporativa, que ha obtenido
contratos por 770 millones de dólares con los gobiernos federal y del Estado de
México, de acuerdo con una investigación periodística realizada por Univisión
en junio de 2015.
Fue también uno de
los tres apoderados legales de Inmobiliaria Virreyes 1130, que le rentó a Peña
Nieto la casa que ocupó durante su periodo de transición, en el otoño de 2012.
Durante los siguientes tres años estuvo al frente de la mexiquense Secretaría del
Trabajo.
Ahora, la subsecretaría a su cargo tiene atribuciones clave
en el manejo de los recursos y los programas sociales y asume las relaciones de
la Sedesol con los gobiernos estatales.
Muy activo en redes
sociales, García Bejos utiliza su cuenta de Twitter para apoyar públicamente a
Alfredo del Mazo, el aspirante priista a la gubernatura del Estado de México,
así como a Alejandra del Moral, Raymundo Martínez o Carlos Iriarte, integrantes
de la nueva dirección del PRI en la entidad.
FAIS en la opacidad.
El pasado 20 de enero
el funcionario dio posesión a José Luis Cruz Flores Gómez como nuevo delegado
de la Sedesol en el Estado de México.
Flores Gómez,
exdiputado federal con estudios incompletos de derecho, lleva 32 años en el PRI
de Ecatepec, el segundo municipio con mayor población del país. Forma parte del
círculo cercano de Eruviel Ávila Villegas, el actual gobernador de la entidad,
y fue alcalde interino del mismo municipio en 2006.
En la última década, Flores Gómez asumió varios cargos en
Ecatepec, entre ellos director de Gobierno –de 2009 a 2010– y de Seguridad
Pública y de Tránsito –el año siguiente–. También fue presidente del Comité
Directivo Municipal y subsecretario del Comité Directivo Estatal del PRI.
Las delegaciones de la Sedesol en los estados son los
principales enlaces con los Comités de Contraloría, los cuales vigilarán y
denunciarán “cualquier irregularidad en el uso de recursos” durante las
elecciones.
También determinan, junto con las autoridades estatales y
municipales, el uso de los recursos millonarios del FAIS, supuestamente
destinados a la construcción de infraestructura social o para el financiamiento
de proyectos productivos.
Las entidades pueden
destinar hasta una tercera parte del dinero del FAIS en “proyectos especiales”
los cuales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “no están
alineados con los objetivos del fondo (…) no contribuyen a la disminución de
los indicadores claves en el combate a la pobreza y el rezago social”.
El gobierno federal
ha incrementado los recursos del FAIS de manera constante y en todas las
entidades federativas: de 49 mil 999 millones de pesos en 2012 pasó a 67 mil
420 millones de pesos en 2017, lo cual representa un aumento de 36.40% en cinco
años.
Este incremento no mejoró la situación: “De 2010 a 2015, de
los 2 mil 457 municipios analizados, 44 disminuyeron su rezago social, 914
aumentaron su rezago social y 1499 permanecieron igual”, deploró la ASF en la
auditoria 1635-DS, donde enlistó una serie de deficiencias en el FAIS, sobre
todo en torno a su opacidad y su uso discrecional.
Así, la ASF subrayó
que los municipios reportan el destino de apenas dos de cada 10 pesos que
reciben del fondo y que los ocho restantes escapan al monitoreo y la rendición
de cuentas; además, la mayoría de estos recursos termina beneficiando a la
población que no sufre pobreza extrema.
Según la ASF, apenas
32 municipios del país –1.5%– reportaron la totalidad de los recursos que
recibieron del fondo en 2015. El órgano fiscalizador lamentó que la Sedesol
no capacite a las entidades federativas y municipales sobre el funcionamiento
del fondo.
Al revisar la situación de 15 municipios, donde
supuestamente se llevaron a cabo mil 320 obras con recursos del FAIS, la ASF se percató de que faltaba 45% de las
actas de entrega-recepción. En otra muestra de cien municipios, sólo tres
gastaron la mayor parte de los recursos del FAIS en proyectos que benefician a
la población en miseria.
El caso del Estado de
México resultó particularmente preocupante: en una muestra de tres
municipios mexiquenses, se invirtieron apenas 200 mil pesos en proyectos que
benefician a la población en pobreza extrema, mientras 11 millones de pesos del
FAIS fueron invertidos en obras que no beneficiaron a esta población. La
diferencia fue de 5,498%.
En la entidad que
gobernó Enrique Peña Nieto vive el mayor número de personas en situación de
pobreza en el país: el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 8 millones 269 mil mexiquenses en
situación de pobreza en 2014, de los cuales un millón 206 mil sufrían pobreza
extrema.
El estado tiene 558
mil afiliados nominales al programa Prospera –10% del total nacional–, 495
mil recipiendarios del programa Pensión para Adultos Mayores y 595 mil
beneficiarios de los comedores comunitarios, según el padrón de beneficios de
los programas sociales.
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