La Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) desvió por lo menos mil 787 millones de pesos en
2015, año en que la dependencia fue encabezada sucesivamente por Rosario Robles
Berlanga, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), y José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Hacienda.
Una revisión de las nueve verificaciones financieras que la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) le practicó a la Sedesol sobre la cuenta pública de 2015 muestra que
nada más en un “esquema de simulación de servicios” con tres universidades del
Estado de México, la dependencia desvió 887 millones de pesos.
Parte del dinero
desviado terminó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas en
Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Las mismas tres empresas recibieron
recursos de otro programa de la Sedesol, que consistió en la instalación de
baños ecológicos en zonas marginadas. En total obtuvieron 334 millones 55 mil
pesos de las dos maniobras –que no tienen nada que ver una con la otra– y la
ASF “presumió” un vínculo entre estas empresas y la Sedesol.
Se trata de Matchser,
S. A. de C. V., que recibió 74 millones 357 mil pesos en ambos movimientos;
Srevint, S. A. de C. V., 163 millones 685 mil pesos, y Factores y Servicios
Humanos, S. A. de C. V., que ganó 96 millones 13 mil pesos. De acuerdo con
la documentación de las empresas, consultada por Proceso en el Registro Público
de Comercio, las tres fueron registradas
ante el mismo notario, Gustavo Muñoz Domínguez: Factores y Servicios Humanos el
17 de abril de 2009, y Srevint y Matchser los días 22 y 23 de abril de 2014,
respectivamente.
Factores y Servicios Humanos está controlada por los
empresarios laguneros Javier Ángel González Colsa; su padre, Javier Ángel
González Ruiz, y Alejandro Islas González. Srevint y Matchser tienen como
administradora única a Soraya Mexsen Jalife, quien comparte las acciones de la
primera con Carlos Luis Alfonso González Ruiz, y de la segunda con María del
Rosario González Jalife.
González Colsa aparece
como socio de tres empresas en Torreón y ocho más en Gómez Palacio, Durango. En
Coahuila fue socio del priista Antonio Juan Marcos Villarreal en la empresa
Combustibles Integrales, S. A. de C. V., que ahora está cerrada por
liquidación.
Empresario textilero,
dueño del Grupo Denim –asentado en Gómez Palacio– e hijo de Salomón Juan Marcos
Issa –exalcalde de Torreón–, Juan
Marcos Villarreal fungió como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna
durante la administración de Humberto Moreira, y enfrentará en fechas próximas
un juicio por su supuesta participación en operaciones de lavado de dinero por
un monto cercano a 441 millones de pesos.
Impunidad garantizada.
Los desvíos de los
recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias a la complicidad de su Órgano
Interno de Control (OIC): la ASF determinó en la auditoría 288-DS que “en general, no se promueven sanciones
a los servidores públicos que han infringido la normativa” y que aquella
entidad no supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la “causa
origen de los problemas”.
De las 18 auditorías que el OIC realizó en 2015 se derivaron
78 observaciones, que mostraron el mal uso de 938 millones 639 mil pesos. De
este monto, el organismo apenas logró reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve de cada 10 pesos
desviados se desvanecieron.
Y quedaron impunes:
“Se identificó que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones
monetarias, el OIC no promovió el fincamiento de responsabilidades a los
servidores públicos que ocasionaron un daño o perjuicio al erario federal”,
insistió la ASF.
De acuerdo con la ASF, los
programas sociales que distribuyen las mayores cantidades de recursos escaparon
al monitoreo del OIC. Entre ellos: los programas de Pensión para Adultos Mayores
–dotado de 36 mil 707 millones de pesos–, de Comedores Comunitarios –3 mil 155
millones de pesos– y de Estancias Infantiles –3 mil 641 millones de pesos.
El OIC detectó
deficiencias en el padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no
promovió sanción alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados
con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación”,
y los tres restantes “continúan en investigación”.
A lo largo de 2015
los cuatro titulares del OIC de la Sedesol nunca abordaron las nuevas
disposiciones establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción ni propusieron
revisar los programas “susceptibles a posibles actos de corrupción, como es el
caso de Prospera”.
Los propios trabajadores de la Sedesol, en la Encuesta de
Clima y Cultura Organizacional del ejercicio 2015 –a la que respondieron de
manera anónima–, denunciaron que “en
relación con temas de ética y prevención de la corrupción, se carece de acciones
concretas y articuladas por parte de los mandos directivos”, recordó la ASF.
Desvíos absurdos.
El 30 de enero de
2015 la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol
otorgó tres contratos –por 136 millones 85 mil pesos, 319 millones 121 mil
pesos y 156 millones 478 mil pesos, respectivamente– a la Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco, para mejorar la
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Las universidades, a
su vez, transfirieron 97.7% de estos recursos a seis personas físicas y 12
personas morales “sin que existiera contrato o constancia que justifique los
pagos y los servicios que no fueron otorgados”, precisó la ASF. Esto es ilegal,
pues las universidades no tienen derecho a subcontratar más de 49% de los
servicios.
Entre las
beneficiadas de estos desvíos, según la ASF, se encuentran las empresas
laguneras Matchser, Srevint y Factores y Servicios Humanos.
A final de cuentas,
los servicios no fueron prestados y el dinero se esfumó. La ASF sostuvo, en
su jerga, que el fraude consistió en “eludir el procedimiento de licitación
pública y simular contratos con terceros, lo que ha provocado el ejercicio y
desvío de recursos públicos a fines ajenos”.
Los contratos
obligaban a las universidades a asumir el pago de los coordinadores técnicos
sociales, quienes supervisan las obras realizadas con recursos del FAIS. Esta
tarea no incumbe a la Sedesol, sino a los estados y municipios, de acuerdo con
la ASF. Para ello la dependencia utilizó los recursos de la partida 44101,
destinada a “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de
ayuda extraordinaria”, la cual no tiene nada que ver con los servicios
contratados.
Los auditores
realizaron visitas domiciliarias a cuatro proveedores, quienes “se negaron a
proporcionar la información solicitada”. Se percataron posteriormente de
que estas empresas “tienen actividades
diferentes a los servicios solicitados”. Durante la auditoría, la Sedesol “no
encontró” los “entregables” de las universidades, ni los supuestos informes de
los trabajos de supervisión.
La ASF descubrió que,
al final de la cadena, los mil 246 coordinadores técnicos sociales recibieron
pagos por un total de 79 millones 410 mil pesos. En otras palabras, no hay
manera de comprobar que los servicios fueron prestados, y aunque fuera el caso,
la Sedesol habría pagado 532 millones 301 pesos en exceso.
El absurdo no termina aquí: en febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015 la Sedesol asumió
el pago a los coordinadores técnicos –tarea que incumbía a las universidades–
por un monto total de 89 millones 959 mil pesos.
Sumando todas las
irregularidades y ampliaciones de contrato, el fraude costó 887 millones 37
pesos al contribuyente mexicano.
“Los rectores de las universidades manifestaron que el monto
asignado a cada convenio y la elección de los proveedores para los supuestos
servicios fueron definidos por el entonces titular de la UPRI o por personal
dependiente de esa unidad administrativa”, informó la ASF.
En ese entonces, el
titular de esta unidad era el priista Juan Manuel López Arroyo, quien fue
nombrado delegado de la Sedatu en Puebla el pasado 10 de enero.
Oscuros despilfarros.
De la muestra de mil 526 millones de pesos destinados a las
partidas de “Servicios Generales” y “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
otras ayudas”, que la ASF revisó a lo
largo del año pasado, fueron desviados 420 millones de pesos. De nuevo, la
Sedesol utilizó cinco universidades: dos del Estado de México, dos de Chiapas y
una de Zacatecas.
Las universidades subcontrataron los servicios que les
encargó la Sedesol por un precio mucho menor. La Universidad Intercultural del
Estado de México pagó 61 millones 222 mil pesos a dos empresas para levantar
los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica en zonas rurales y
semiurbanas, 49.3% del monto que le otorgó la Sedesol.
La Universidad Autónoma de Zacatecas contrató a dos proveedores
por 90 millones 911 mil pesos, poco menos de la mitad de los 222 millones 720
mil pesos que obtuvo de la Sedesol.
La Universidad Politécnica de Chiapas recibió dos contratos
de 200 millones de pesos cada uno, en los que la institución se comprometió a
supervisar, monitorear y controlar los comedores comunitarios del Estado… de
México.
Subcontrató empresas por 278 millones 400 mil pesos, lo que
implicó una pérdida de 121 millones de pesos para la Sedesol.
Este caso es peculiar: la Sedesol afirmó ante los auditores
que desconocía las operaciones de la universidad, pese a que cuenta con los
convenios en sus archivos y pagó los 400 millones de pesos a la institución.
La Universidad Autónoma de Chiapas cobró 60 millones 952 mil
pesos para coordinarse con la Sedesol en la operación de proyectos. Sus
entregables resultaron de pésima calidad: información faltante, documentos con
“tachaduras, borrones, enmendaduras y corrector en las fechas”, fechas que no
corresponden o listas de asistencia sin fechas. Tampoco acreditó que realizó
las 8 mil 400 acciones que se comprometió a efectuar.
De los mil 19 millones de pesos que la ASF auditó del
programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se detectaron 55 millones 978 mil
pesos erogados sin documentación justificativa y comprobatoria; y de los 593
millones 780 mil pesos del programa de Opciones Productivas se desviaron 65
millones 904 mil pesos –alrededor de 10%–, sobre todo debido al mal uso de los
recursos por parte de la delegación de la Sedesol en Chiapas.
Zonas prioritarias… para la corrupción.
Los programas que la
Sedesol aplicó en las Zonas de Atención Prioritaria del país –los municipios en
pobreza extrema– generaron desvíos millonarios por parte de las delegaciones en
las entidades federativas.
De la compra e
instalación de techos de lámina, parte del programa “Techos Fijos” de la
Sedesol, fueron desviados por lo menos 160 millones 635 mil pesos –17% del
presupuesto del programa–, de acuerdo con la auditoría 287-DS.
La ASF señaló que
ninguna de las delegaciones de la Sedesol instrumentó “acciones de control y
seguimiento” y varias incurrieron en serias irregularidades. Un ejemplo: en
Chiapas hubo 632 inconsistencias –por un costo de 33 millones 264 mil pesos– y
un posible “uso indebido para fines electorales” de los techos en el municipio
de Ocozocoautla de Espinosa.
La Sedesol aseguró
que mejoró 110 mil 562 viviendas, cifra que contradijo su propio padrón, en el
que quedan registradas 83 mil 311 viviendas atendidas en enero de 2017. Aun
así, en el padrón “se determinaron inconsistencias que (les) restan
confiabilidad y veracidad”, subrayó la ASF.
En el caso de la
instalación de 15 mil baños ecológicos en distintos municipios del país, la
Sedesol gastó 580 millones de pesos, 240 millones 262 mil de los cuales fueron
desviados. Un consorcio, integrado por las empresas BPG Ingeniería, S. A.
de C. V.; Grupo Daxme, S. A. de C. V., y Muebles y Mudanzas, S. A. de C. V., le cobró a la Sedesol 38 mil 600 pesos por
la instalación de cada escusado, cerca de tres veces el precio unitario –13 mil
839 pesos– de estos retretes, fabricados por la empresa Rotoplas.
La ASF descubrió que
el consorcio elaboró un esquema fraudulento de facturación y de “simulación de
las operaciones”, con el que desvió 206 millones de pesos hacia 21 empresas y
siete personas “ajenas y desvinculadas a los servicios solicitados por la Sedesol”;
entre ellas las tres mencionadas empresas laguneras.
Total, “de 50 visitas
realizadas para constatar la instalación de los baños ecológicos, se observó
que en 25 casos no se encontraban en uso por diversas razones, entre las cuales
se encuentran que el agua se regresaba por falta de declive; los tinacos
presentaban filtraciones; por mal olor, etc., por lo que los beneficiarios los
utilizaban como bodegas”, deploró la ASF.
Y en la instalación
de 21 mil 292 sistemas de recolección de aguas pluviales, en los que la Sedesol
pagó 580 millones de pesos, se desviaron 98 millones 117 mil pesos, en pagos
indebidos.
Cruzada fallida.
La ASF no sólo constató e investigó los desvíos de recursos;
también analizó las deficiencias
estructurales en el desempeño de los programas de la Sedesol, las cuales
explican el fracaso del gobierno federal en combatir la pobreza.
Para empezar, el órgano fiscalizador detectó severas fallas
en la integración del Padrón Único de Beneficiarios, lo cual “repercute en que
55.3 millones de personas en situación de pobreza no sean atendidas con
eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada focalización de los
lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado;
la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de
los recursos federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo
social”, sentenció el órgano fiscalizador.
La ASF deploró, por ejemplo, que en 2015 persistieron “las deficiencias en el diseño” de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre (CNCH), la estrategia “estrella” de erradicación del
hambre que lanzó y promovió la administración de Enrique Peña Nieto en los
primeros dos años del sexenio.
Estas fallas “limitaron garantizar el acceso a la
alimentación y a los demás derechos sociales a la población que se encontró en
pobreza extrema alimentaria, así como la erradicación de dicha condición”,
sostuvo el órgano fiscalizador.
En consecuencia, la
CNCH sólo atendió a 60% de la población que padece hambre y dejó fuera a 2
millones 467 mexicanos. “La información reportada por la Sedesol en la Cuenta
Pública de 2015 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos
de la CNCH”, deploró la ASF.
Desde el
desplazamiento de Robles a la Sedatu, en septiembre de 2015, la Cruzada
desapareció del aparato de propaganda gubernamental: Luis Miranda Navas, el
actual titular de la Sedesol, nunca la menciona en sus escasas apariciones
públicas, y la noticia más reciente del portal sinhambre.gob.mx tiene fecha del
pasado 10 de noviembre.
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