El gobierno de César
Duarte en Chihuahua malversó recursos por 107.2 millones de pesos, con la
compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con
la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2015.
Lo hizo a través de
proveedores que inflaron los costos de medicamentos, por hasta 20 veces más su
valor individual autorizado.
Animal Político obtuvo documentos del Registro Público del
Comercio de Coahuila y Chihuahua, ubicando a las empresas involucradas, sus
dueños y la fecha de su creación.
El actual mandatario
estatal, Javier Corral, acusa que los dueños de al menos dos de esas empresas
apoyaron en 2010 la campaña del entonces candidato a gobernador, César Duarte.
Según una auditoría forense practicada por la ASF, el
gobierno de Chihuahua malversó “Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa”.
Se malversó dinero
“destinado a la atención digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el
Seguro Popular, con lo que se afectó directamente a familias que por su
condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones
de seguridad social”, apuntó la Auditoría Superior.
Por lo menos desde
2012, medios de comunicación y el actual gobernador de Chihuahua, Corral,
señalaron que esas empresas se favorecieron económicamente con millonarios
contratos públicos, inflando los costos de los medicamentos y materiales
médicos vendidos a la administración de César Duarte.
Una de las empresas
involucradas en el sobreprecio es Administración y Comercialización de
Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V, de la cual “se presume un
probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto
de 6 millones 223 mil pesos y 32 millones 335 mil pesos, correspondientes
al pago de medicamentos y material de curación, respectivamente.
Según el acta constitutiva en poder de Animal Político, la
empresa fue creada en Chihuahua en 2004. Como dueños aparecen Eduardo Almeida
Navarro y Armando Antonio Acosta Nava, el primero señalado por Corral de apoyar
la campaña del exgobernador Duarte en 2010.
Originalmente
Administración y Comercialización de Franquicias Internacional tenía como
objeto social “la obtención de aprovechamiento por cualquier título legal de
toda clase de concesión”, pero el 13 de junio de 2011 (ya con Duarte en la
gubernatura) establecieron un nuevo punto al objeto de la empresa: “la
compraventa de medicamentos”.
Según la revisión de la ASF, a la factura número K-498 de
fecha 3 de julio de 2015, por concepto de la compra de Olanzapina tabletas con
10 miligramos -medicamento que sirve para atender el trastorno bipolar- se pagó un precio unitario de 848.56 pesos.
No obstante, el precio autorizado era 55.48 pesos, por lo que resulta una
diferencia de sobreprecio de 793.08 pesos.
Otro de los medicamentos con sobreprecio es la Sertralina,
antidepresivo que sirve para tratar el trastorno obsesivo compulsivo y el
trastorno de pánico, “cuyo precio
unitario fue 149.14 pesos, cuando el precio autorizado era de 8.93 pesos, un
aumento de 140.21 pesos”.
Otra empresa involucrada con sobreprecios fue Servicios y
Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, que vendió medicamentos y material de
curación en 2015. Por inflar los precios de los medicamentos y materiales de
curación se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas por 3 millones
800 mil pesos y 3 millones 231 mil pesos, respectivamente.
En el caso de esta
empresa se detectó una factura –de varias- fechada el 10 de enero de 2015,
donde se pagó 1,153.87 pesos por Olanzapina 5 miligramos, medicamento para
atender la esquizofrenia. Tenía un precio autorizado de 56.57 pesos, por lo que
resultó una diferencia de sobreprecio pagada por 1,097.3 pesos, por la cantidad
de 63 unidades facturadas.
Una persona física, de la cual no se revela su nombre,
también infló los costos de material médico. Según la ASF, se presume un
probable daño o perjuicio al erario por un monto de 8 millones 798 mil pesos.
Además, los Servicios de Salud de Chihuahua contrataron a la
empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte para la compra de
medicamentos y material de curación con sobreprecios. Según la ASF, por esa
acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.
En todos los casos la ASF estableció que los servidores
públicos del Instituto Chihuahuense de Salud y el Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el
ejercicio de los recursos, “no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y
oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se
relacionaran con los CAUSES de conformidad… (y) verificar de forma eficiente y
oportuna el precio autorizado de los medicamentos”.
Aparte de los sobreprecios, la ASF detectó que se pagaron 5
millones 105 mil pesos por medicamentos y material de curación a la empresa
Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V.
Fueron adquiridos en 2014, a través de un contrato que se
les dio por adjudicación directa, bajo el argumento de que los medicamentos
eran “exclusivos” del proveedor.
En su investigación,
la ASF estableció que los medicamentos “no eran… exclusivos” de Ymmarsa
Pharmaceutica, además que dichas compras se realizaron al amparo de dos
contratos vencidos, lo que presuntamente derivó en la adjudicación,
contratación y pago a favor de la empresa.
El acta constitutiva de la sociedad, en poder de Animal
Político, revela que esta empresa se dio de alta oficialmente ante el Registro
Público del Comercio de Coahuila el 4 de abril de 2011.
Su objeto social es
la “intermediación en el comercio de medicamentos”; sus dueños son: Juan
Hiram Márquez Rodríguez, José Luis Martínez Prado, Juan Francisco Lucero Chávez
y José Lázaro Joaquín López Ramírez.
Márquez Rodríguez, según Corral, apoyó la campaña de César
Duarte en 2010.
En sus conclusiones, la ASF estableció que, en términos generales, el gobierno de
Chihuahua, en ese entonces bajo el mando de César Duarte, no cumplió con el
objetivo de garantizar que los recursos federales del sector salud fueran
gastados correctamente, por lo que se presume un daño al erario por más de 100
millones de pesos.
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