Por Noé
Zavaleta.
Es como una jornada laboral, día a día, desde
que sale el sol y previo al atardecer.
Medio centenar de personas del
colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba; la Agencia de
Investigación Criminal (AIC); la Fiscalía General de la República (FGR);
policías estatales, ministeriales y peritos de la Fiscalía estatal
suben-escalan medio kilómetro del cerro de Río Blanco, en la colonia Venustiano
Carranza.
El corte pericial al día de hoy
indica la exhumación de 12 cuerpos, dos de ellos sacados este jueves.
Del total,
11 aún tienen tejido adherido al hueso, lo cual indica una temporalidad de
mortalidad de entre 7 y 10 años atrás, es decir, en el período 2009-2012, la
etapa inicial del sexenio del priista Javier Duarte (2010-2016) y la época de
terror de Los Zetas en esta región montañosa de Veracruz.
Con binomios
caninos, trajes de bioseguridad, machetes, palas, picos, cubrebocas, guantes,
repelente de insectos y protector solar, la brigada mixta que exhuma cuerpos
desde la semana anterior sube el cerro, entre piedras rocosas, árboles
frondosos y caminos sinuosos, para continuar los trabajos en cuatro cuadrantes
de 20 x 20 metros.
“El trabajo parece interminable.
Tenemos puntos marcados aquí, pero también del otro lado en Los Sótanos (otra
congregación de Río Blanco), en donde tenemos la certeza que también criminales
enterraron a nuestros desaparecidos”, externa Araceli Salcedo, vocera del
colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, quien desde septiembre del
2012 busca a su hija, Fernanda Rubí Salcedo, “levantada” por un comando en una
discoteca de Orizaba.
La forma de dar con este narco-cementerio
fue similar al de Colinas de Santa Fe, con el colectivo Solecito; el año
pasado, un grupo criminal abordó, de forma breve, al colectivo de
Córdoba-Orizaba en la alameda del Pueblo Mágico, cuando los activistas vendían
dulces para recaudar fondos para sus búsquedas.
“Nos entregaron un croquis
señalándonos el punto donde sólo nos decían que había fosas en esta región”, explica Salcedo.
De los 12
exhumados, hay una característica
peculiar: ninguno tenía alguna identificación oficial (INE o licencia de manejo
o credencial laboral) y ninguno tenía calzado. Una de las osamentas “parece ser
del sexo femenino”.
Los primeros cuerpos de este “campo
de exterminio” -como lo llama Salcedo- fueron exhumados entre enero y febrero
de 2018 -pasaron desapercibidos para la opinión pública, apenas medios locales
dieron cuenta de ellos-.
En esta semana han sido extraídos
seis cuerpos más.
Ya hay trabajo programado en la
montaña para lo que resta del mes. Ante la negativa del gobierno del morenista
Cuitláhuac García de enviarles apoyo, el ayuntamiento de Río Blanco los socorre
con una comida general y dos garrafones de agua diarios para el medio centenar
de personas.
Córdoba-Orizaba,
un agujero negro de los jóvenes.
Este jueves,
el Mundo de Córdoba -el periódico más
influyente de la región- publicó en portada el hallazgo, día con día, de restos
humanos, por ello, el teléfono celular de Araceli Salcedo recibió 27 llamadas
este día de familiares de desaparecidos.
En el control estadístico de las
llamadas, y con la lista que elaboró Salcedo, 24 desaparecidos eran hombres y
mujeres de entre 17 y 23 años. Los 3 restantes son adultos desaparecidos que
sobrepasan los 30 años.
El dato escalofriante y crudo es que
de los 27 casos, apenas cuatro familiares tienen puesta una denuncia en la
Fiscalía General del Estado (FGE) por la ausencia de su familiar.
Las causales para no poner la
querella son las de siempre: intimidación de fuerzas policíacas; miedo de
represalias por el crimen organizado -este corredor montañoso e industrial fue
famoso por los ilícitos de capos de Los Zetas, como “El Felino”, “El Duende”,
“El Chilango”, “El Picoreta”, “El Puchini”, “El Chichi”, entre otros- y por el
desconocimiento y temor de salir ante la prensa y entrar en un estigma social.
Desilusionados
del Gobernador.
De nada sirvió declarar “crisis
humanitaria” a Veracruz en el tema de desaparecidos en el primer día del nuevo
gobierno, si en campaña se prometieron 400 millones de pesos “canalizados” a
instituciones de búsqueda en Veracruz, pero en la realidad y en el presupuesto
autorizado por el Congreso local apenas se autorizaron más de 120 millones de
pesos, reprochan familiares de este colectivo de desaparecidos.
Es apenas una tercera parte de lo que
prometió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y en contraste, la ley de
egresos contempló 700 millones de pesos para compensaciones de la alta y media
burocracia para el ejercicio 2019.
“No puedes declarar como gobernador
crisis humanitaria a un estado y en el presupuesto y en la realidad no atender
esa crisis. Ese presupuesto no sirve para atender el rezago de la búsqueda en
vida, ni tampoco concluir el trabajo en fosas, estamos muy lejos de lo que se
había prometido”,
reprocha Salcedo.
Al bajar del
cerro, con el cansancio físico reflejado en el rostro, y con el bronceado del
sol brazante de montaña marcado en el rostro, la activista expone que al día de
hoy hay “diversas carencias” en el equipo de servicios periciales, varias
patrullas ocupadas al resguardo de buscadores con motores y baterías en franco
desuso, con un rezago de cientos de restos humanos sin identificar en casi 60
fosas en todo el estado en los últimos diez años.
“Nos hacen falta antropólogos,
odontólogos forenses, arqueólogos, criminólogos, gente de fotocrimen y
videocrimen, entre muchas otras carencias para garantizar resultados”, dijo.
Salcedo pone el ejemplo que en la región
Córdoba-Orizaba apenas se cuenta con cinco policías ministeriales para
investigación -incluyendo fosas clandestinas- con lo cual es insuficiente
abatir el rezago de desaparecidos, si a su vez, esta misma cuadrilla pericial
también atiende otros delitos como secuestros y homicidios de alto impacto.
El Colectivo Familiares de
Desparecidos Córdoba-Orizaba recrimina que en 100 días del nuevo gobierno no se
ha documentado un solo caso de “identificado” en las fosas clandestinas de
Veracruz.
En el gobierno de Duarte hubo una
completa cerrazón a dar esa información; en el bienio de Yunes -cuyo Congreso
local entregó la medalla Ruiz Cortines a familiares de desaparecidos- se logró,
al menos, la identificación de 50 cuerpos, 18 de ellos, pertenecientes a la
región Córdoba-Orizaba.
Según cifras oficiales de la FGE se
han abierto en los últimos ocho años cuatro mil carpetas de investigación por
desaparición de personas, en contraste, hay casi mil osamentas sin identificar
en planchas del forense y en fosas comunes de los panteones municipales de
Veracruz.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.