Por Jaime
Luis Brito.
El Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
demandó al gobierno de Morelos el pago de la prima de antigüedad para 12 mil
777 maestros jubilados y pensionados, cuyo monto total asciende a más de 300
millones de pesos.
En conferencia
de prensa, Gabriela Bañón Estrada, secretaria seccional del SNTE en la entidad,
informó que desde el año pasado la
organización gremial interpuso una demanda formal ante el Instituto de
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para exigir el pago de la
nómina de 2018 y 2019.
Explicó que durante el proceso de
integración de la demanda “se recibieron 9 mil expedientes de prima de
antigüedad por parte de los jubilados y pensionados, y se inició la etapa
procesal de 500 compañeros jubilados”.
Tras detallar que los expedientes ya
fueron entregados a la Junta de Conciliación y Arbitraje, subrayó: “Hemos
agotado las instancias y avanzado en la etapa de admisión y fecha de audiencia
en la que se ratificará el contenido de las demandas con pruebas anexas para
dar pie a la respuesta de los demandados”.
Además, aseguró que, una vez transcurrida esta
etapa del proceso y luego de que el tribunal a cargo resuelva los laudos,
“vamos a exigir al Ejecutivo y a las autoridades correspondientes que se cubra
de inmediato el pago a nuestros maestros que se encuentran en esta lamentable
situación”, es decir, los jubilados
y pensionados que no han podido cobrar la prima de antigüedad.
Bañón
Estrada mencionó que la Ley de Servicio
Civil del estado otorga la prestación de la prima de antigüedad a los 12 mil
777 profesores jubilados y pensionados, y por ello la exigencia desde la propia
dirigencia seccional del SNTE.
Según la
lideresa, este año sólo se etiquetaron
cinco millones de pesos para el pago de la prima de antigüedad, cuando en
realidad se requieren más de 300 millones de pesos.
“Es grave que no se quiera atender de
manera seria lo que sucede con nuestros maestros jubilados. No se trata de un
asunto de asignación directa, o de dar paliativos al tema y caer en un desvío
de recursos. Esto es un asunto que lo debe de resolver la Junta de Conciliación
y Arbitraje, es decir, a través de un proceso legal”, concluyó.
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