La transformación de los estados.

Salvador Camarena.

Varias veces durante el sexenio pasado escuché a funcionarios decir que una carretera administrada por Caminos y Puentes Federales salía 30 por ciento más cara que una concesionada.

Sin embargo, argumentaban, dar más concesiones suponía enfrentar resistencias del sindicato y de los directivos de Capufe (ah, cómo olvidar a Benito Neme y su subdirector envuelto en Capufeleaks), e incluso de gente dentro del mismo gobierno, que no querían que el organismo estatal siguiera haciéndose más delgado, así fuera claro que era mal administrador. Hay quien decía que desaparecer Capufe era cerrar una caja chica, pero esa es otra historia.

Esta anécdota parece de un pasado muy remoto. Uno donde se discutía eso: costo-beneficio de dar a la IP lo que era obligación del Estado. Modelo “privatizador” que se masificó, luego de fiascos por ineptitud y escándalos de corrupción gubernamental, desde los años ochenta. Hoy, en cambio, vivimos en un país en el que el Ejército tendrá la administración de un aeropuerto civil en el Valle de México.

Pero no nos vayamos al extremo del uso de las Fuerzas Armadas para plantar árboles o administrar torres de control aéreo, y concedamos que, en una de esas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene algo o mucha razón en que al adelgazar al gobierno, los anteriores mandatarios pudieron haber dado cambio de más, o en las palabras del tabasqueño, creado un “gobierno paralelo”, uno donde por una parte los organismos públicos servían sólo para emplear burócratas, hacer diagnósticos y poco más (todo esto según AMLO), y por otro se subrogaban servicios clave, terminando la administración pareciendo una especie de mastodonte mutilado que no deja de consumir presupuesto, pero al mismo tiempo mantiene entenados.

Mi punto en esta entrega es que el diagnóstico puede no estar equivocado, incluso si se tiene poca o nula confianza en que López Obrador y su equipo puedan reconvertir eficientemente a la burocracia.

Lo que toca es preguntarse si así está la catedral, cómo estarán las capillitas.

Hace poco, observadores de la realidad jalisciense me hicieron notar que la bien ganada polémica por la desaparición del instituto para las mujeres, medida tomada y corregida por el gobierno de Enrique Alfaro, ocultó algo igualmente importante.

La administración de Alfaro habría hecho algo parecido a lo que intenta Andrés Manuel. En pocas palabras, el nuevo gobernador se propuso revisar no sólo la estructura gubernamental, sino todos los fideicomisos, organismos públicos descentralizados, donativos y hasta patrimonio público que a lo largo de los años se fue entregando a grupos de interés.

Es como una poda general que buscaría eliminar la herencia de esa práctica priista-panista de aplacar reclamos de algunos sectores mediante la cesión a estos de espacios que deberían ser del gobierno (desde institutos de planeación hasta patronatos de fiestas regionales).

Tal práctica, en el colmo, era endogámica: desde ese nuevo empoderamiento, logrado gracias a lo cedido por el gobierno, tales grupos de interés luego querían imponer a la administración una agenda que, por necesidad, les beneficiaba.

Con esa emancipación, ahora resta que estos gobiernos demuestren que pueden ser eficientes en el uso de los recursos que recuperarán al cancelar todo lo que consideren que indebidamente se había cedido a la IP y otros grupos de poder. No está fácil: Capufe lleva décadas demostrando lo contrario.

Sin embargo, no está de más preguntarse: cuántos otros gobiernos estatales estarán dispuestos a hacer una poda, a replantearse dinámicas y estructuras que llevan años sin funcionar, salvo para los que las obtuvieron como parte de la justicia que les hizo la revolución priista o panista. ¿O a poco me van a decir que en los estados no urge una buena transformación?