Por
Veneranda Mendoza.
La Legislatura local dio entrada a la
discusión de la despenalización del aborto en el Estado de México, después de
que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresó al pleno iniciativas
de reforma a los códigos Penal y Administrativo.
Omar Ortega, coordinador de la bancada del sol azteca,
admitió que el tema ha generado polarización, trae conflictos por su sola
presentación, se ha discutido amplia y abundantemente en los Congresos, pero
“es una realidad que nos ha alcanzado y tenemos que atenderlo de manera urgente
y necesaria”.
El PRD, precisó, no está en favor del aborto, mucho
menos contra de la vida, sino en favor del derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo y de que el Estado se haga responsable de su atención.
Es necesario, dijo, dejar de
criminalizar a las mujeres. De 2007, cuando la Ciudad de México cambió su Ley
de Seguridad Social y Código Penal, a la fecha, expuso, han pasado más de 10
años y el tema no ha sido retomado por otras Legislaturas.
Desde entonces, dijo, en la Ciudad de
México (Cdmx) se han practicado más de 184 mil interrupciones legales del
embarazo con cero mortandad; de ellas, 48 mil a mujeres mexiquenses.
Por esta
razón, planteó que su propuesta de
reforma al Código Penal del Estado de México tiene por objeto despenalizar el
aborto antes de las 12 semanas de gestación.
En tanto, las modificaciones al Código Administrativo
plantean definir que no se comete un aborto antes de ese plazo, pues en 2008 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que el tema
lógico-jurídico de la discusión no es la vida del embrión, y los ministros
reconocieron la constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
“El Estado de México hoy retoma el
tema, de manera amplia y abierta, evitando subjetividades e intromisiones
religiosas, en favor de la salud de las mujeres. Somos un Congreso de
izquierda; demostremos que somos vanguardistas, progresistas y que velamos por
los derechos humanos. Que ninguna mujer sea madre por deber, presa por abortar
o muerta por decidir”, acotó Ortega Martínez.
La morenista
Nancy Nápoles lamentó que son las
mujeres pobres quienes van a la cárcel o mueren, producto de la criminalización
del aborto. Recordó que 23% de quienes han recurrido al ILE en la Cdmx radican
en el Estado de México, por lo que es necesario garantizar una atención segura
y gratuita en los hospitales públicos de la entidad como un mecanismo de
justicia social.
Su correligionario Gabriel Gutiérrez
se dijo de acuerdo con la modificación, pero destacó la necesidad de ir más
lejos y fortalecer las políticas públicas en materia de educación, información
y prevención.
“No se trata de ser reactivos y
agarrar un tema coyuntural, se requiere enfocar políticas públicas del gobierno
del estado para evitar esta decisión dolorosa, y quien lo haga que sea seguro,
pues la Conapo registra que sólo 45% de los jóvenes tiene acceso a métodos
anticonceptivos o información sobre ellos”, dijo.
La diputada
del Verde, María Luisa Mendoza destacó
que el derecho personal termina donde empiezan las garantías de los demás.
Admitió que el tema es controversial y llevará a posiciones disidentes, y pese
a ello, los diputados deben dar soluciones viables a la ciudadanía y velar por
los derechos.
“El derecho de las mujeres sobre la
libertad de nuestro cuerpo es incuestionable y atendible; pero también debemos
ser responsables, crear un contexto social para tomar decisiones con
responsabilidad, regular los temas de educación, cultura y salud para que todas
las mujeres conozcan las consecuencias del aborto”, dijo.
Es necesario, prosiguió, que
participen psicólogos, médicos, víctimas de abuso; “legislar con
responsabilidad, no por criterios de concepción feminista, sino con
irresponsabilidad; buscar coincidencias racionales, objetivas y lógicas en
mesas de trabajo”.
Armando
Bautista, coordinador del Partido del
Trabajo (PT), precisó que apoyar esta propuesta no requiere estar en favor del
aborto, sino de despenalizar a la mujer por una decisión.
Consideró que la ley es machista,
pues a pesar de que la concepción es entre dos personas, no se señala al varón
por esta decisión. “Me congratulo por el debate; me sumo a la ILE”, dijo.
Las propuestas fueron turnadas a las
comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia –en el caso del Código
Penal-, y de Gobernación, Salud, e Igualdad de Género la de modificación al
Código Administrativo.
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