Por Ezequiel
Flores Contreras.
La
organización defensora de los derechos humanos Artículo 19, exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular
de la Fiscalía General del estado (FGE), Jorge de los Santos Barilla, “separar
inmediatamente” del cargo público al policía ministerial que encañonó a
reporteros la semana pasada durante un operativo realizado en la capital de la
entidad encabezado por el director de la corporación, Esteban Maldonado
Palacios.
A través de
una alerta emitida ayer por la tarde, el
organismo demandó a las autoridades estatales, garantizar el ejercicio de la
libertad de expresión y evitar que se vuelvan a repetir actos que restrinjan de
manera directa e indirecta el ejercicio periodístico.
Incluso, exhortaron al gobierno astudillista a
centrar sus esfuerzos en investigar la agresión policial contra comunicadores y
sancionar no sólo al elemento ministerial directamente señalado, sino a
cualquier otro funcionario que por su acción u omisión haya puesto en riesgo la
vida e integridad personal de los reporteros, indica la recomendación.
La alerta de
Artículo 19 recuerda que la noche del
pasado martes 29 de enero, un policía ministerial de la Fiscalía estatal apuntó
su arma contra un grupo de reporteros que documentaban un operativo realizado
en el fraccionamiento SUSPEG donde se desató una balacera dejando un saldo de
una persona asesinada y varias viviendas cateadas.
El organismo
advierte que en México se encuentra
regulado el marco de actuación de la policía en el sentido de que debe estar
centrada no solo a llevar a cabo todos los actos necesarios para garantizar la
integridad y resguardo de indicios y objetos relacionados con la investigación
de los delitos sino a proteger los derechos de toda persona para que puedan
desarrollarse de forma segura y plena.
“Esta protección incluye los de
acceso a la información y libertad de expresión”, indica el comunicado oficial.
No obstante lo anterior, los hechos
del presente caso ilustran los riesgos que enfrentan las y los periodistas
durante la cobertura de hechos violentos en el estado de Guerrero.
De enero a
julio del 2018, Artículo 19 registró 26
agresiones en esta entidad y los hechos analizados exhiben “las malas prácticas
que persisten entre los elementos policiales durante el resguardo de las
escenas del crimen y la realización de operativos que resultan en agresiones
contra la prensa”, indicó.
También, recuerda que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su Informe Especial sobre México (2010) documentó numerosos
casos de presuntos actos de hostigamiento y violencia contra periodistas que
intentaban dar cobertura informativa a las actividades de agentes de la policía
o militares y recomendó a México adoptar mecanismos de prevención adecuados
para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación:
“La capacitación de funcionarios públicos,
en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la
adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de
expresión”, señala
la alerta del organismo.
La agresión cometida hacia los
reporteros por parte de un agente ministerial resulta aún más preocupante ante
el contexto de violencia contra la prensa en que se encuentra el estado de
Guerrero.
“Esta entidad es considerada por los
organismos internacionales de derechos humanos como una zona silenciada para la
prensa por la gravedad de la violencia aunado a los altos niveles de impunidad
que generan el silenciamiento de las y los periodistas”, indica la alerta.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.