Por Jorge
Carrasco Araizaga.
Ahora que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador se ha embarcado en otra “cruzada” en materia energética,
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Manuel Bartlett tendrá que ir más
allá de lo que ha sido el combate al robo de gasolinas a Pemex.
Bartlett tiene la oportunidad de emprender una
acción que sea más que ideológica: la revisión del primer proyecto de
generación de electricidad de la reforma energética.
Se trata de un conflicto que tiene la
empresa mexicana Codisa Corp Energy con las empresas europeas Enel Green Power
México y Prodiel México por las alegadas prácticas ilegales de las
transnacionales para incrementar sus ganancias.
La controversia tiene que ver con la
construcción del parque solar más grande en el continente americano, y el
segundo más grande del mundo, en el municipio de Viesca, en Coahuila. Fue el
primer proyecto en operación de la primera subasta eléctrica tras la reforma
energética del gobierno de Enrique Peña.
La italiana
Enel Green Power México ganó en 2016 una
subasta lanzada por la CFE para la instalación de 2.3 millones de paneles
solares con el propósito de generar 1.7 gigawatts al año. De acuerdo con la
información institucional, abastecerá a un millón 300 mil casas y será cuatro
veces más barata de producir que con carbón o diésel.
Es el proyecto más grande la firma
italiana en el mundo, para el que dispone de 2, 400 hectáreas, y le permitirá
la venta de energía a la CFE durante 15 años.
Para
construir el campo fotovoltaico, la
firma italiana contrató a Prodiel México, sucursal de Prodiel, empresa cuyas
oficinas centrales están en Sevilla, España. Para el proyecto, los españoles
crearon la empresa Novamper Construcción México. Ésta, a su vez, subcontrató a
Codisa.
Conocida
como Villanueva, la gigantesca planta
solar se inauguró en marzo del año pasado en medio de una controversia con la firma
mexicana por falta de pago, originada por la negativa de Codisa a reportar un
incremento mayor de sus costos.
Desde
septiembre 2017, Codisa reclama
judicialmente el pago de 10 millones de dólares por trabajos que hizo para la
construcción de la planta y que le fueron retenidos por su negativa al alegado
fraude. Las empresas europeas han negado la acusación.
La demanda de la empresa nacional
está archivada en los escritorios de la CFE y de la Fiscalía de la Ciudad de
México luego de que la fiscalía de Coahuila quedara rebasada.
El caso escaló e involucra ya a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.
Señalar los conflictos de interés de
funcionarios convertidos en ejecutivos de empresas energéticas extranjeras con
operaciones en México, así como el incumplimiento de mega contratos con la CFE,
deja muy buenos dividendos políticos y apoyo ante un sector de la opinión
pública.
Si el gobierno federal se queda en la
estridencia, poco se habrá ganado en lo que presenta como parte de su lucha
contra la corrupción.
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