Por Pedro
Matías.
La familia del estudiante
universitario Jesús Israel Moreno Pérez, con el acompañamiento de Litigio
Estratégico en Derechos Humanos, interpusieron un juicio constitucional contra
el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, por incumplir con la
recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de los
Pueblos de Oaxaca.
Carlos
Moreno Zamora, padre del estudiante
universitario desaparecido el 8 de julio de 2011 en el poblado de Chacahua,
denunció que las autoridades de Oaxaca simularon la muerte de Jesús Israel
Moreno Pérez para dar carpetazo al caso y a su búsqueda.
Explicó que el martes 19 de febrero
se realizó la etapa oral del juicio constitucional de protección a los derechos
humanos interpuesto por la Defensoría, en contra del Fiscal Rubén Vasconcelos
Méndez, por incumplir la recomendación 13/2016.
Moreno
Zamora señaló en audiencia que “desde la
denuncia de la desaparición de su hijo se enfrentó a diferentes obstáculos,
entre ellos la negativa a ser recibido por las autoridades, la falta de
investigación y constantes extorsiones por parte de los servidores públicos
relacionados con la investigación”.
Hizo hincapié en que, ante la
“inactividad de las autoridades, Carlos Moreno Zamora emprendió por su cuenta
la búsqueda de su hijo, donde logró ubicar el celular de su hijo, identificar
el lugar donde se hospedó y recuperar la mochila de sus pertenencias”.
“Pese a la evidencia presentada por
Moreno Zamora, las autoridades investigadoras alteraron la evidencia para
sustentar que la desaparición de Jesús Israel se debió a que fue asesinado en
un asalto del que fue víctima en Chacahua; para sostener dicha hipótesis, la
Fiscalía obtuvo testimonios bajo tortura, se basó en dictámenes con resultado
negativo, avalúo de objetos falsos y una autopsia verbal, que se realizó a
partir del testimonio de personas que aseguraron haber visto un cuerpo flotando
en la laguna de Chacahua”, agregó.
Aunque la Defensoría advirtió en su
recomendación que existían violaciones al derecho al debido proceso en relación
con los derechos a una investigación diligente y exhaustiva, derecho a la
verdad y el derecho a no sufrir desaparición, la Procuraduría, ahora Fiscalía
General, fue ignorada.
Aunque la recomendación fue aceptada
por el fiscal Héctor Joaquín Carrillo durante el gobierno de Gabino Cué, el
actual fiscal Rubén Vasconcelos ha obstaculizado el cumplimiento de la misma,
al grado tal que la única acción para dar cumplimiento fue la apertura de una
carpeta de investigación en julio de 2018 (a casi dos años de haberse aceptado
la recomendación).
El abogado
de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Guillermo Naranjo, calificó de “desafortunada la reacción de
la Fiscalía frente a esta demanda, pues en su contestación la Fiscalía buscó
demeritar al Juicio de Protección de los Derechos Humanos al tildarlo de
inconstitucional, soslayando el dolor de las familias y gravedad que implica
investigar los casos de desapariciones”.
Finalmente, esperan que la Sala Constitucional
resuelva el cumplimiento coactivo de la recomendación por parte del Fiscal y se
deslinden las responsabilidades correspondientes.
De obtener fallo favorable y
continuar el fiscal general incumpliendo la recomendación, podría ser separado
del cargo y consignado a las autoridades por incumplimiento de sentencia,
puntualizó.
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