… Y permisos de gasolinerías hasta para criminales.

Por Mathieu Tourliere.

En julio de 2012, el Departamento del Tesoro estadunidense dio a conocer una lista de personas y empresas de Sinaloa y Jalisco vinculadas a la cúpula del Cártel de Sinaloa, particularmente a Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Entre las empresas usadas para lavar dinero señaló siete gasolinerías en Culiacán.

Una de ella es Buenos Aires Servicios, que fue incorporada al Registro Público del Comercio (RPC) en abril de 1996 por César Javier Loya Castro –un operador del Chapo Guzmán, asesinado en diciembre de 2005 en Zapopan– junto con el empresario sinaloense Ignacio Emilio Escobosa Serrano. En diciembre de 2011 Loya vendió sus acciones a Ofelia Monzón Araujo, esposa de Esparragoza Moreno.

Tres meses después de aparecer en el boletín del gobierno estadunidense, los propietarios le cambiaron el nombre a su empresa por el de Gasolinera Multilomas, pero finalmente decidieron que disolviera su sociedad, en enero de 2017, Angello de Jesús Solís Avilés, también señalado por las autoridades estadunidenses como operador del cártel.

Entre octubre y noviembre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 15 permisos a empresas de Escobosa –todas llamadas Servicios Escoserra– para operar gasolinerías en Culiacán, Mazatlán, Angostura y Salvador Alvarado, y en julio de 2016 le entregó otro.

En años recientes se multiplicaron las noticias sobre gasolinerías usadas por grupos criminales para lavar el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas, gracias a la facilidad que les da comprar y vender miles de litros de gasolina en efectivo y de emitir facturas.

En su revisión de 1, 205 concesionarios a los que la CRE otorgó 4 mil 397 permisos para operar gasolinerías entre 2015 y 2018, Proceso encontró nombres relacionados con grupos criminales dedicados al tráfico de drogas o de personas, pero también al robo y la venta de combustible.

Aunque está preso en España desde marzo de 2016 y es requerido por la justicia de Estados Unidos para responder a las acusaciones de realizar operaciones financieras y gestiones políticas con el exgobernador Humberto Moreira para Los Zetas, el empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono, todavía opera alrededor de 30 gasolinerías en el norte del país y solamente una fue intervenida por las autoridades. Entre el 12 y el 26 de noviembre de 2015, cuatro meses antes de su detención en Madrid, la CRE le otorgó ocho permisos.

En las actas del RPC aparece que en julio de 2013 Muñoz compró a Ricardo Fuyivara Romero sus acciones en la empresa gasolinera Servicios Fuyivara, la cual este empresario fundó con Blanca Ayup del Bosque –esposa de Muñoz– en 1999.

Fuyivara, presunto operador de Los Zetas involucrado en el contrabando de cocaína a España, fue detenido en la Ciudad de México en julio de 2012 con 880 mil dólares en una maleta y un arma corta.

En julio de 2009 Muñoz creó en Querétaro la empresa Gases Presurizados del Bajío con Alejandro David Herrera Hinojosa, sobrino del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que entonces tenía apenas 26 años.

Yamilé Abouzaid El Bayeh, hermana de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh –integrante de la banda de Los Cuinis, dirigida por Abigael González Valencia y afiliada al Cártel de Jalisco Nueva Generación controlado por Nemesio Oseguera, El Mencho–, controla una gasolinería en Toluca. Su exesposo, Naim Libién Tella, exvicepresidente del periódico Unomásuno, fue señalado en 2015 por el gobierno estadunidense como “narcotraficante especialmente designado” y miembro de Los Cuinis. Fue detenido en septiembre de 2016 por defraudación fiscal.

En Tamaulipas varios gasolineros son o fueron asociados con organizaciones criminales que operan en la región; Juan Nepomuceno Guerra Pérez, descendiente de Juan Nepomuceno Guerra –el fundador del Cártel del Golfo– tiene un permiso a su nombre.

Otro caso es el de José Guadalupe Herrera Bustamante, procurador de Tamaulipas durante los sexenios de Manuel Cavazos Lerma y de Eugenio Hernández, de quien fue además coordinador de asesores. Hernández se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano por enriquecimiento ilícito y está en vías de ser extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de haber colaborado con el Cártel del Golfo y Los Zetas a cambio de millones de dólares.

Notario público vinculado con el Cártel del Golfo –sus hermanos Ariel y Érick integraron el grupo criminal–, Herrera Bustamante fue investigado por lavado de dinero después de recibir depósitos sospechosos por 22 millones de pesos entre 2003 y 2008. En septiembre pasado las autoridades detuvieron a José Francisco Buerón Gracia, también notario y exasesor de Herrera en la fiscalía estatal, por escriturar predios a prestanombres del Cártel del Golfo.

El 26 de octubre de 2015, Herrera solicitó a la CRE un permiso para operar una gasolinería en Ciudad Victoria y lo obtuvo sólo tres días después. Fue además uno de los fundadores de la organización de gasolineros tamaulipecos Meta C40.

En esa entidad la CRE entregó un permiso a la firma Combustibles Briones, propiedad de Abel Briones Ruiz, empresario tamaulipeco al que las autoridades estadunidenses identificaron como prominente integrante del Cártel del Golfo y al que acusaron de traficar drogas en pipas de combustible, según el acta de la acusación de la causa C14754, abierta en la Corte de Distrito Sur de Texas.

En la misma entidad, Seyed Mohammed Farough Fatemi Corcuera, acusado de lavado de dinero en las administraciones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas y de Roberto Borge en Quintana Roo, tiene una estación de servicio; mientras el tamaulipeco José Luis Rodríguez Berlanga –cuyo hermano Eduardo, La Conga, fue señalado como prestanombres de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández– también opera gasolinerías en el estado.

Las conexiones.

En Puebla, las conexiones criminales de los gasolineros tienen más que ver con el robo de combustible. Othón Muñoz Bravo, mejor conocido como El Cachetes, líder huachicolero de la zona y amigo del exgobernador Rafael Moreno Valle –presuntamente apoyó su campaña en 2010–, opera al menos seis gasolinerías en el estado, ya sea a su nombre o al de su esposa Leydi Laura Zamora Rosas y su hermana Nélida Muñoz Bravo, más otra en Hidalgo.

Muñoz Bravo fue detenido por agentes de la Marina y de la Fiscalía General de Puebla en agosto de 2017 con armas de alto calibre, drogas y vehículos. En una de sus empresas de Puebla, llamada Energéticos Muñoz y que obtuvo un permiso de la CRE en agosto pasado, el líder huachicolero se asoció con el juez poblano Carlos Loranca Muñoz y sus hijos. En enero de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al magistrado.

El exdiputado y notario poblano Manuel Pozos Cruz, cuya empresa Combustibles Grupo PC –titular de tres permisos de gasolinerías– fue cerrada por vender combustible robado, tiene otra compañía, Gasóleos San Juan de los Llanos, que despacha gasolina en los municipios poblanos de Aljojuca, Oriental, San Salvador el Seco, Zacapoaxtla y Libres, así como en Perote, Veracruz. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pozos Cruz, cercano a Moreno Valle, pudo obtener 332 millones de pesos del negocio ilícito.

En la misma entidad, los exalcaldes Pablo Morales Ugalde, de Palmar de Bravo, y José Isaías Velázquez Reyes, de Atzizintla, fueron detenidos por sus presuntos vínculos con grupos huachicoleros. Ambos controlan gasolinerías en los municipios que gobernaron: el primero tiene tres y el segundo dos. A Velázquez se le acusó de estar coludido con la banda de Los Bukanas –una rama de Los Zetas– y de haberle entregado tres agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, ejecutados el 9 de marzo. Recobró su libertad en septiembre pasado.

En Guanajuato, la empresa gasolinera Servicio Versantis fue clausurada en noviembre de 2017 por vender combustible robado. Entre sus accionistas se encontraba Marco Antonio Vergara Larios, exrector de la Universidad de Guanajuato y entonces director general de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tuvo que renunciar a su cargo.

(Con información de Francisco Castellanos, Juan Alberto Cedillo, Rodrigo Corona, Yesme Cortés, Armando Guzmán, Celia Guerrero, Isaín Mandujano, Pedro Matías, Alfredo Maza, Gloria Reza, Rosa Santana, Pedro Zamora y Noé Zavaleta.)