Por Gloria
Leticia Díaz.
Con la exigencia al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador de la pronta localización de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos en 2014, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y el Estado mexicano formalizaron un nuevo convenio de
asistencia técnica esclarecer el caso de desaparición forzada que marcó al
sexenio de Enrique Peña Nieto.
A cien días
del inicio de gobierno de López Obrador, la
presidenta de la CIDH y relatora de México para el organismo, Esmeralda
Arosamena de Troitiño, entregó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas
Rodríguez, el Informe de Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto
Ayotzinapa, con el que se concluyó la etapa anterior de la asistencia técnica
del organismo, que inició con el otorgamiento de las medidas cautelares
MC409-14 a las víctimas de la desaparición forzada, por las que se instruye al
Estado mexicano a localizar a los jóvenes y sancionar a los responsables de los
hechos.
Con la
presencia de algunos de los padres y madres de los 43 normalistas
desaparecidos, así como de sus representantes, el responsable de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, el gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo, y funcionarios que forman parte de la Comisión Presidencial
para la Verdad en el Caso Ayotzinapa, presidida por Encinas, Arosamena
reconoció que a cuatro años, seis meses y once días de los acontecimientos,
persisten “grandes pendientes y desafíos” para alcanzar verdad y justicia en el
caso.
Visiblemente conmovida, la
comisionada originaria de Panamá alentó a descartar de una vez por toda la
llamada “verdad histórica”, impuesta en el sexenio pasado, por la que se daba
por ejecutados y calcinados a los 45 jóvenes, en el basurero de Cocula, y sus
cenizas vertidas en el río San Juan.
“Es importante que se deje atrás la
llamada ‘verdad histórica’, que ya el (Primer) Tribunal Colegiado (del
Decimonoveno Circuito) de Tamaulipas, GIEI (Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes) y la oficina de
la Alta Comisionada de Derechos Humanos ya la han cuestionado; debe haber una
nueva narrativa, la mal llamada ‘verdad histórica’ está descartada”, dijo la comisionada presidenta,
quien durante los últimos dos años encabezó el Mecanismo Especial del
Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA), instrumento de supervisión que logró
revisar 618 de los 660 tomos con que cuenta el expediente.
Entre los pendientes enlistados por
la comisionada, se encuentran ahondar los análisis de balística y telefonía
celular para determinar con claridad cómo ocurrieron los hechos y quiénes
intervinieron; esclarecer la participación de los cuerpos de seguridad que tuvieron
responsabilidad en los hechos, “por comisión u omisión, se debe investigar a
los elementos castrenses que intervinieron en la noche de Iguala”.
Al señalar que se deben investigar
las irregularidades en las investigaciones, y sancionar a los funcionarios
responsables, Arosamena urgió a ejecutar las órdenes de aprehensión de
“personajes claves que participaron la fatídica noche del 26 de septiembre de
2014”.
Esmeralda
Arosamena llamó a los representantes del
Estado mexicano a “armar el rompecabezas” de la investigación del caso de la
desaparición así como indagar a funcionaros claves “para dar con lo que
ocurrió” hace más de cuatro años.
Aplaudió que el gobierno de López
Obrador esté en proceso de diseñar herramientas para el esclarecimiento en
materia de política criminal, como lo es el ofrecimiento de beneficio e
incentivos a personas privadas de libertad que quieran cooperar con el caso,
política que se espera quede establecida a finales del mes de marzo.
Luego de llamar al gobierno mexicano
a dar “un fuerte impulso” en el esclarecimiento del caso “para romper con la
impunidad y dar derecho a la verdad y justicia”, Arosamena resaltó que ya se
encuentran trabajando en México dos miembros de la CIDH para supervisar la
indagatoria y dar apoyo técnico, en tanto que se acordó la colaboración de al
menos cuatro de los cinco miembros del GIEI, que colaboraran en momentos
específicos, de acuerdo a avance del cronograma que se establecerá en próximos
días.
Esmeralda
Arosamena hizo un reconocimiento a los
familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos por “la fortaleza, por
el aliento a seguir impulsando al Estado a o a cumplir con sus compromisos
internacionales, y sobre todo su obligación de alcanzar justicia, verdad y
garantías de no repetición”.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Presidencial
para la Verdad, reconoció que a más de
cuatro años de los acontecimientos “la única verdad es que no hay verdad”, por
lo que la encomienda del presidente López Obrador es esclarecer este caso
emblemático, como un paso alcanzar la “pacificación del país”.
El
subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de
Gobernación, agradeció la disposición de
la CIDH para colaborar con el Estado mexicano en el establecimiento de “líneas
de investigación, que no se llevaron a cabo por la PGR, y en el marco de
incentivos para informadores, proponer proyectos de asesoría técnica para la
búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada”.
Encinas destacó que en esta nueva etapa de
asistencia técnica de la CIDH para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el
equipo del organismo contará con acceso total a la indagatoria así como para
acudir a los centros de privación de la libertad, y contarán con inmunidad
diplomática como garantía de protección.
“El mecanismo podrá ingresar a toda
la información documental vinculada con el caso y nos asistirá en las
diligencias relacionado con el mismo”, dijo Encinas, tras comprometerse a no
criminalizar a víctimas y a sus familiares.
En el evento
protocolario, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha
Delgado Peralta, explicó que el convenio de colaboración fue resultado de un
trabajo intenso de autoridades, la CIDH y los representantes de las víctimas.
Dijo que la CIDH colaborará con el
Estado mexicano aportando asistencia técnica y apoyando en el desarrollo de
capacitaciones institucionales en materia de derechos humanos, así como en la
búsqueda de personas desaparecidas.
El personal que la CIDH designe como
parte del mecanismo, y que será coordinado por la Secretaría Ejecutiva del
organismo, asesorará y acompañará en las investigaciones que le competen al
Estado mexicano, con lo cual se le dará “certidumbre” ya que podrá “brindar una
visión imparcial en materia penal como en acciones forenses, integración de
expedientes, definición de líneas de investigación”, entre otras actividades.
Al insistir que la responsabilidad de
la indagatoria estará a cargo del gobierno mexicano, resaltó que serán las
instancias de procuración y administración de justicia las responsables de
sancionar a los responsables de los hechos.
El abogado
de las familias de las víctimas, Vidulfo
Rosales Sierra, reconoció la voluntad política del gobierno de López Obrador,
contrario a la actitud de su antecesor en cuya administración “se regateó” la
verdad a los padres y madres de los 43 normalistas.
El abogado,
integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, admitió que gracias al GIEI de la CIDH, “el
gobierno no pudo imponer una mentira que tanto lastimó a los padres de los 43”,
por lo que consideró que con la nueva etapa de colaboración se abre “la
oportunidad histórica para avanzar en el esclarecimiento pleno, para que las
madres y padres puedan alcanzar la verdad y saber el paradero” de los jóvenes
desaparecidos.
Rosales
Sierra hizo votos porque en próximos
días, durante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se alcance un convenio de colaboración
similar.
En nombre de
los padres y madres de los normalistas desaparecidos, la señora Hilda
Leguideño, madre de Jorge Tizapa, admitió que “gracias a los organismos
internacionales”, los familiares de los jóvenes “seguimos caminando”.
Breve en su
discurso pero contundente, Leguideño
insistió en que por el respaldo de la ONU-DH, del GIEI y de la CIDH, los
familiares de los jóvenes desaparecidos han mantenido vivo el caso.
Aunque reconoció la disposición de
López Obrador para crear la comisión presidencial y renovar el convenio con la
CIDH, la madre de Jorge Tizapa, puntualizó que lo que los padres y madres
quieren es saber la verdad.
“La lucha ha sido muy dolorosa pero
aquí estamos: le queremos pedir al nuevo gobierno resultados, porque ha
mostrado voluntad, pero queremos resultados, no nos detendremos hasta saber de
nuestros hijos”,
advirtió.
La CIDH informó que los objetivos del
nuevo mecanismo de supervisión consiste en “cooperar y monitorear en la
elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas”; dar
asistencia técnica para el establecimiento de las líneas de investigación
criminal del caso Ayotzinapa; “apoyar en el diseño de un marco de incentivos
para colaboradores eficaces”; brindar apoyo técnico en “la atención integral y
reparación a las víctimas y familiares”;
formular recomendaciones para hacer cambios estructurales necesarios
para evitar su repetición, y respaldar en el diseño de planes de
fortalecimiento institucional para atender el problema de la desaparición en
México.
Al informar que el Mecanismo contará
con un Grupo de Acompañamiento Técnico (GAT), conformado por personal de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, el organismo destacó que durante un año que
dura el convenio, susceptible de ampliación, se realizarán tres visitas
oficiales por parte de los comisionados, aunque habrá personal establecido en
el país de manera permanente.
Entre las actividades que tendrá a
cargo será el monitoreo de avances de la investigación; asesorar a la instancia
que seguirá la investigación a propuesta de la Fiscalía General de la República
(FGR); realizar reuniones con autoridades para “cumplir los objetivos de la
asistencia técnica, incluida la entidad que adelante la investigación
criminal”; realizar visitas de “documentación y verificación a instalaciones
estatales o lugares determinados, incluyendo centros de privación de libertad
del país y en coordinación con la Comisión de la Verdad”; acceder a todo el
expediente del caso; asistir a las diligencias; sostener reuniones con
familiares de los 43 y sus representantes, así como con otros miembros de
organizaciones civiles, entre otras actividades, todas financiadas por el
Estado mexicano.
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