Por Luciano
Campos Garza.
La unidad de transición de la
subprocuraduría de Combate a la Corrupción de Nuevo León, creada por Ernesto
Canales Santos como la primera de su tipo en México, fue disuelta hoy por
disposición del Fiscal General del estado.
El dictamen
presentado por el titular de la Fiscalía general, Gustavo Adolfo Guerrero, señala innecesaria la subsistencia del
equipo de trabajo de Combate a la Corrupción de la desaparecida
Subprocuraduría, que tuvo un año de vigencia luego de que fuera creado el nuevo
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que busca ciudadanizar la persecución de
delitos cometidos por servidores públicos deshonestos.
Dice el
comunicado emitido hoy: “Se hace del
conocimiento de la comunidad que el Fiscal General de Justicia ha presentado al
Honorable Congreso del Estado, dictamen mediante el cual determina innecesaria
la subsistencia de la Unidad de Transición de Combate a la Corrupción a cargo
del licenciado Ernesto Canales Santos y, en consecuencia, la declara disuelta”.
“Lo anterior después de una
pertinente evaluación de resultados y de conformidad con lo establecido en el artículo noveno
transitorio, quinto párrafo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Nuevo León”.
Los asuntos que llevaba la Unidad que
dirigía Canales Santos ahora serán turnados al fiscal especializado en Combate
a la Corrupción, Javier Garza y Garza, quien designará a un funcionario que le
dará seguimiento a los expedientes que aún siguen abiertos, hasta que sean
debidamente resueltos, señala el boletín.
El personal de servicio de carrera
bajo las órdenes del subprocurador, y los recursos materiales y de
infraestructura que utilizaban, quedarán a disposición de la Secretaría
Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Fiscalía General para su
correspondiente reasignación.
Con el
inicio del sexenio de Jaime Rodríguez, como gobernador de Nuevo León, en
octubre del 2015, fue creada la subprocuraduría de Combate a la Corrupción, que
se encargó, entre otros casos, del presunto desfalco millonario por hasta 3 mil
500 millones de pesos, por el que fue acusado el anterior mandatario Rodrigo
Medina, quien incluso, por las acusaciones, estuvo medio día en prisión.
Sin embargo,
con presiones del Congreso de Nuevo León, fue creado él SEA, y los legisladores
aprobaron la propuesta de Garza y Garza como nuevo fiscal para sustituir a
Canales, quien se quedaba al frente de una Unidad de Transición que desahogaría
las carpetas que había abierto en su gestión.
A lo largo de estos poco más de tres
años el subprocurador manejó más de una decena de expedientes e imputaciones
contra exfuncionarios estatales, pero uno tras otro fueron desestimados por los
jueces.
Garza y Garza, al llegar como nuevo
Fiscal de la materia, dijo que las carpetas estaban mal integradas y que era
necesario darles un nuevo giro, lo que ocasionó que se cayeran prácticamente
todas las acusaciones contra Medina y sus presuntos cómplices.
Canales
Santos acusó a Garza de trabajar para evitar que políticos del PRI y el PAN
pisaran la cárcel.
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