Por Efrén
Flores.
A 100 días del inicio del Gobierno
federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) lucha por
recuperar la rectoría de las políticas para el desarrollo del campo mexicano,
ya que las administraciones pasadas se “desentendieron de ser autoridades”.
Al término
de este año, el Gobierno federal espera
que sus programas agropecuarios tengan un “beneficio medible” al incremento a
la producción y la disminución a la dependencia de las importaciones, dijo a
SinEmbargo el Secretario Víctor Villalobos.
“Ha sido todo un proceso, primero, de
reconocer en qué condiciones recibimos la Secretaría, con un desentendimiento
de las políticas públicas para la promoción y para la agricultura misma. Las
autoridades de la Secretaría se desentendieron de ser autoridades. […] Estamos
en ese proceso de recuperación de esa autoridad, que tiene mucho que ver con el
proceso de toma de decisiones, las reglas de operación, el presupuesto, la
transparencia y la rendición de cuentas. […] Estamos implementando un cambio
importante en la manera de ejercer las políticas. […] Hay reacciones, choques e
inconformidades, pero el cambio va”, explicó.
A través de cuatro programas
prioritarios –”Producción para el Bienestar”, “Precios de Garantía a Productos
Alimentarios Básicos”, “Crédito Ganadero a la Palabra” y “Fertilizantes”– y una
inversión de 65.43 mil millones de pesos en 2019, la Sader busca mejorar la
producción de autoconsumo; es decir, impulsar el poder adquisitivo y
patrimonial de los trabajadores del campo para darles “mejor calidad de vida”,
pero también, capital y herramientas para reinvertir y mejorar la calidad de la
oferta, con miras a fortalecer las exportaciones y las cadenas de valor entre
los sectores primario, secundario y terciario.
En la actualidad, el sector primario
emplea a 6.8 millones de personas, o al 13.3 por ciento del total de la
población ocupada a nivel nacional. Este sector productivo aporta, en promedio
desde el 2000, el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, con
un potencial productivo de 292 millones de toneladas anuales de productos
agropecuarios y pesqueros, según cifras de Sader, del Banco de México y del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Pese a que en los últimos cinco años
el valor de las exportaciones agroalimentarias creció 42.9 por ciento (pasó de
22 mil 805 a 32 mil 583 mdd) y que el saldo de la balanza comercial pasó del
déficit (-4 mil 969 mdd) al superávit (5 mil 411 mdd), las familias rurales de
México (23 por ciento de la población mexicana) enfrentan “desafíos
estructurales”, ya que seis de cada 10 personas que viven en el campo sufren de
pobreza y dos de cada 10 viven en pobreza extrema, de acuerdo con la Organización de
las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (ONU-FAO).
VICTOR-VILLALOBOS-SADER.
El doctor Víctor Manuel Villalobos
Arámbula ha sido reconocido a nivel internacional por sus contribuciones en los
campos de la biotecnología, producción vegetal y conservación de los recursos
genéticos y naturales. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
Para revertir esta situación, los
subsidios serán indispensables.
A través del
programa “Producción para el Bienestar”,
la Sader invertirá 9 mil millones de pesos para dar apoyos a 2.8 millones de
pequeños y medianos productores, entre ellos 250 mil integrantes de comunidades
indígenas. La estrategia consistirá en dar entre mil y mil 600 pesos por
hectárea a productores y dueños de hasta 20 hectáreas productivas, con el
objetivo de impulsar las cosechas de maíz, frijol, trigo panificable y arroz,
en aras de lograr la autosuficiencia alimentaria del país.
La estrategia irá acompañada del
programa “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, que es un
subsidio para los productores –sobre todo de maíz, frijol, leche, arroz y trigo
panificable– que dependen de las unidades de producto vendido. La idea es comprarles
a los productores su cosecha, a un precio promedio de 6 mil 110 pesos por
tonelada, según el tipo de producto.
Empero, en nuestro país, las políticas “orientadas
a proveer bienes privados individuales” han sido “regresivas” y aumentaron “las
desigualdades regionales y entre productores”, según ONU-FAO (2018). Dicha
situación se vio agravada por la existencia de un “excesivo” número de programas
que “pulverizan la acción gubernamental”, así como “por marcos legales y diseño
de políticas públicas sectoriales que no se articulan en el territorio”.
Inclusive, ONU-FAO refiere que los
rendimientos por hectárea del maíz, frijol, trigo y arroz —que son algunos de
los principales cultivos cíclicos del país— “han experimentado incrementos
moderados en casi 40 años”, además que “los cultivos oleaginosos registran una
disminución en su rendimiento lento desde 1980”.
Las cifras
del Gobierno federal también contrastan
los resultados. Por ejemplo, entre 2000 y 2018 uno de los principales subsidios
al campo, el programa Proagro (Procampo hasta 2013), ejerció 263 mil 698
millones de pesos. En ese periodo, la productividad del sector primario como
proporción del PIB pasó de 3.3 a 3.1 por ciento, con un promedio anual de
crecimiento de dos puntos porcentuales (aunque a partir de 2012 el promedio de
crecimiento aumentó a 4.6 por ciento).
En ese
sentido, SinEmbargo cuestionó al
Secretario Villalobos acerca de cómo garantizará que haya más productividad y
por qué será diferente lo que propone la nueva administración.
Según el
ingeniero agrónomo, doctor en morfogénesis vegetal por la Universidad de
Calgary (Canadá), se trata de propuestas
de subsidio orientadas a estimular y mejorar “las prácticas de producción sencillas”.
Esto es, impulsar sus ingresos para incrementar el acceso que tienen a insumos
básicos de producción, como fertilizante o semillas mejoradas, lo que
“posiblemente” les permitirá “duplicar o hasta triplicar sus rendimientos”.
“Entonces, además de poder tener una
autosuficiencia en términos de su producción, [el productor] puede pensar en
vender sus excedentes y de esa forma el precio está acompañando el estímulo
para el incremento a la producción”, dijo Villalobos.
–No obstante, los precios de garantía
son criticados por ser contrarios a la economía de mercado. ¿Cómo evitarán
afectar al comercio mexicano, tanto a nivel interno como externo? –preguntó SinEmbargo.
–“En primer lugar, es muy importante
que quede claro que este programa de precios de garantía no va a distorsionar
la agricultura comercial, porque su razón de ser no es intervenir en los
mercados comerciales. Es un subsidio; es un estímulo para la gente más pobre,
la gente que ha estado olvidada por muchos años, que no ha tenido acceso a los
apoyos, que tiene propiamente nulo acceso a la extensión y a las tecnologías”.
Con un “precio atractivo” a los
productores, refirió Víctor Villalobos, “vamos a incrementar la productividad
[…] considerando que va a haber un aumento en la producción de autoconsumo”.
Por un lado, la asistencia social “mejorará los ingresos [directos] del
productor”. Y con un mayor poder adquisitivo, el productor podrá consumir más,
mejorar su calidad de vida e invertir capital adicional en sus procesos de
producción.
Para no afectar los mercados, el
funcionario público aseguró que en los casos del maíz, trigo harinero, frijol y
arroz, aunque llegaran a entrar en la cadena comercial, “no van a detonar el
precio” de los productos porque serían adquiridos al precio de garantía por
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Este organismo descentralizado de la
Sader, a su vez, “tendría que poner [los productos] en el mercado al precio
comercial”. Al respecto, Villalobos aseguró que “la idea es proteger al
mercado” ya que la producción comercial seguirá estando acompañada de los
mecanismos tradicionales, como lo es la “agricultura por contrato”.
PROGRAMAS E
IMPACTOS.
Además de
los programas de subsidio directo, la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementará el programa “Crédito
Ganadero a la Palabra”, cuya finalidad es generar autosuficiencia de carne y
leche con inversión en ganado de cría.
Esta medida estará dirigida a
pequeños productores que tengan hasta “35 vientres bovinos”, quienes podrán ser
beneficiados “hasta con 10 vaquillas y un semental, así como otros componentes”
como alimento, equipamiento y obras de infraestructura pecuaria.
Para ello, a
lo largo del sexenio la Sader entregará
un millón de vaquillas y 50 mil sementales en todo el país, con prioridad en
los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
A diferencia
de los programas de subsidio, la
estrategia de Crédito Ganadero pretende que la entrega de “especies pecuarias”
sea retribuida, en un plazo de tres años, con el retorno del apoyo “a través de
las primeras crías” que el productor obtenga, según el proyecto del Gobierno
federal.
“Lo que se pretende es incrementar,
repoblar y/o mejorar la genética del hato ganadero y lograr que las hembras,
que son los vientres que necesitamos para mantener el hato, se queden en vez de
llevarlas al sacrificio”, dijo a SinEmbargo el Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural. Asimismo, la estrategia contempla que los pequeños ganaderos
tengan acceso al forraje y a los pastizales, como a potreros para sus animales.
Con dichas medidas, los ingresos de los pequeños ganaderos irán mejorando “a
partir de la oferta de animales de mejor calidad”.
VICTOR-VILLALOBOS-SADER.
En México, la producción de alimentos para la
exportación logró revertir el déficit comercial del país a partir de 2015,
logrando una balanza comercial superavitaria del sector primario. Sin embargo,
a la fecha, la pobreza y la desigualdad siguen minando al campo. Esa es la
preocupación de Villalobos. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
La actividad pecuaria representa el
40.3 por ciento del valor del sector agropecuario y pesquero. Al año son
producidos 6.7 millones de toneladas de carne de ave, bovino, porcino, ciprino
y ovino con exportaciones anuales por 3 mil 537 millones de dólares, de acuerdo
con datos de la Sader.
Con el programa
de créditos, Villalobos y su equipo de
trabajo buscan “llegarle” al pequeño ganadero “para incrementar su producción”,
en un primer acercamiento. Sin embargo, la Secretaría también contempla
capacitaciones para la producción, como en el caso de la leche, así como un
“acompañamiento de índole sanitario” para garantizar optimas condiciones
productivas.
En la actualidad, muchos ganaderos
del sur-sureste del país engordan y venden su ganado de pie. Para el titular de
la Sader, lo ideal es evitar que los ganaderos se deshagan –por necesidad– de
su patrimonio base, a la par que comercian su ganado de engorda con calidad de
exportación a Estados Unidos.
–¿Por qué será diferente lo que
ustedes proponen? ¿Cuál es la estrategia para generar una cadena productiva de
valor? –preguntó
SinEmbargo.
“Estamos exportando alrededor de 1
millón 300 mil cabezas al año. Lo que nosotros quisiéramos idealmente es que en
vez de mandar los animales en pie pudiéramos mandar cortes. Y eso de alguna
forma se empieza a hacer, pero sí nos falta mucho más infraestructura. Nos
faltan rastros TIF [Tipo Inspección Federal, que son lugares dedicadas al
sacrificio de animales, proceso de envasado, empacado, refrigerado o
industrializado], nos faltan empresas que hagan el sacrificio y que hagan toda
la industrialización de la carne. En ese sentido, se puede ir progresando en
función de la oferta de animales de mejor calidad” –respondió el ingeniero agrónomo.
No obstante,
Villalobos mencionó que a pesar de los
esfuerzos del Gobierno federal, “hay que tomar en cuenta que la ganadería está
sujeta siempre a imponderables. Nuestro hato más o menos se ha mantenido y lo
que hay que reconocer es que tenemos una genética más o menos respetable
internacionalmente. Pero si de repente tenemos sequías prolongadas [como la de
2011], el ganadero va a vender sus animales porque de otra forma se le van a
morir. O si de repente la sequía está asociada con la falta de forraje o falta
de agua, o temperaturas extremas, es cuando perdemos el hato. Entonces allí la
idea es asistirlos, prepararlos y la capacitación allí tiene sentido”.
Además de los subsidios y los
créditos en especie, el Secretario de Agricultura expuso la necesidad de su
plan de “Fertilizantes”. Con dicha estrategia, el Gobierno federal dará 110 mil
toneladas de fertilizantes nacionales –químicos y orgánicos– a pequeños
productores, sobre todo en estados como Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sin embargo, el programa piloto dará
inicio en Altamirano, Guerrero, con 650 millones de pesos en inversión, en
apoyo a 116 mil (80 por ciento) productores estatales.
–La degradación de los suelos afecta
a 89 millones de hectáreas en México, según datos de ONU-FAO. Ustedes planean
impulsar el uso de fertilizantes nacionales. ¿Con qué medidas garantizarán que
no sean dañinos para el medio ambiente o para el consumo humano? –cuestionó SinEmbargo.
–Estamos muy preocupados por la
calidad de nuestros suelos. Y también no todo tiene que ser necesariamente con
fertilizante químico. Estamos hablando de un programa muy agresivo de
fertilizante orgánico, casualmente por la ganadería.
De acuerdo
con el funcionario público, “el problema
de los suelos no está en función de los fertilizantes; somos de los países que
menos fertilizantes químicos usan. […] Lo que uno ve en las zonas agrícolas o
en las zonas aledañas a las zonas ganaderas, es una pérdida de los suelos por
influencia del viento y del agua, porque hemos venido desprotegiendo la
cobertura vegetal y [no hemos controlado] los incendios forestales
[controlados]. […] Todas estas actividades han llevado a un proceso de degradación
de los suelos y al incremento, no de la desertificación, pero sí de la erosión
de los suelos y efectivamente esa es una realidad”.
Lo que la Sader propone, en primer
lugar, es “regresar a las buenas prácticas agrícolas que incorporan, entre
otras cosas, lo que llaman ‘labranza de conservación’”, explicó Villalobos.
Esto quiere decir que buscarán revertir prácticas como la quema de cultivos
cosechados y el uso de fertilizantes químicos para compensar el desgaste del
suelo, como medida para evitar la pérdida de microflora y microfauna que
coadyuvan a la fertilidad de los suelos.
La idea es “hacer compostas [e]
incorporar […] las buenas prácticas agrícolas, para incorporar la materia
orgánica al suelo. Esto retiene la humedad, mejora la estructura del suelo e
incrementa la fertilidad. […] A mí, en lo personal, me preocupa mucho que […]
no tenemos un programa nacional de suelos; ahora sí lo vamos a tener. Vamos a
poder sustentar las fórmulas para la determinación de qué fertilizantes usar.
Ya no se usan análisis de suelos. Ya simplemente el que vende los fertilizantes
es el que te dice qué echarle y en qué cantidad; no necesariamente lo más
adecuado. Vamos a empezar a acompañar con análisis técnicos, con acompañamiento
científico-técnico para que se puedan analizar el tipo de suelos [y] qué tipo y
cantidad de fertilizante se usan en los cultivos”.
El agrónomo añadió que ya empezaron a implementar este
tipo de medidas. “Tenemos mil millones
de pesos. Y tenemos un programa de extensión, pero eso se complementa mucho con
los programas que tienen los estados, las universidades y los centros de
investigación”. Sin embargo, Villalobos advirtió que se trata de un proceso que
toma tiempo y que no dará resultados a corto plazo, aunque esperan ver
resultados positivos a mediano y largo plazos.
NO A LOS
TRANSGÉNICOS.,
“No vamos a promover el uso de
semilla transgénica para los cultivos que van a la cadena alimenticia. La razón
[de esta decisión] es que la sociedad está polarizada. Hay un debate que no ha
concluido por muchos años, particularmente el caso del maíz. Entonces hay la
creencia de que el transgénico es la mejor solución; y por el otro lado, hay la
versión de que es cancerígeno. Ambas posiciones están equivocadas”, mencionó Víctor Villalobos,
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
En los
últimos 30 años, México pasó de la
prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos
transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe “Treinta años
de transgénicos en México”, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio
en el Campo Mexicano (CECCAM).
La expansión
del cultivo de transgénicos ha sido tan evidente que, entre 2005 y 2017, sólo
la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco permanecieron como territorios
“libres” del cultivo experimental y comercial de este tipo de productos. Sin
embargo, existen casos documentados del
uso ilegal de transgénicos en estos lugares y en toda la República Mexicana.
A finales del año pasado, por ejemplo,
la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reveló que a pesar
de que en México está prohibida la siembra y distribución de maíz transgénico,
el 91.3 por ciento de los productos industriales de maíz contienen algún
producto genéticamente modificado –inclusive en aquellos etiquetados como
“artesanales” o “libres de transgénicos”–.
Pese al
aumento, hasta 2016, México tenía 100
mil hectáreas de cultivo de productos transgénicos, refieren datos del Servicio
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de la Agrobiotecnología
(ISAAA, por sus siglas en inglés).
El uso de organismos genéticamente
modificados (OGM’s) o transgénicos, en México y el mundo, se presenta en la
actualidad como “una alternativa para enfrentar la crisis climática” que afecta
las cosechas y la producción de alimentos, refiere el documento del CECCAM.
Los cultivos
transgénicos “son organismos creados en
el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias, plantas
o animales a cultivos como el maíz y la soya”, refiere Greenpeace en su Guía
roja y verde de alimentos transgénicos.
El problema radica en que “la
ingeniería genética aplicada para la creación de transgénicos, ‘corta y pega’
genes sin controlar dónde y cuántos se pegan en el organismo receptor y sin que
se sepa qué efectos inesperados pueden provocar. Tampoco se sabe si estas
construcciones transgénicas son estables o no”, explica el organismo
internacional.
Contrario a
lo que se dice, Víctor Villalobos aseguró
que “desde el 2004 la Organización Mundial de la Salud [OMS] decretó que los
transgénicos no hacen daño a la salud y eso está publicado con base en un
estudio muy profundo”. Además, añadió que en todo caso “el transgénico no se
come directamente; nadie está comiendo maíz crudo, por ejemplo”.
Pese a todo, reconoció que en los
procesos de industrialización, como aquellos productos o mercados a base de
maíz, la proporción de transgénicos es de 60 ó 70 por ciento. En ese contexto y
hasta que la comunidad científica, los diferentes niveles de gobierno y las
organizaciones ambientalistas no lleguen a un acuerdo y se defina la política
pública en torno al uso de productos transgénicos, la Sader se enfocará en
promover el uso de técnicas y semillas convencionales. La capacidad de
producción agroalimentaria de México dijo Villalobos, nos da la posibilidad de
incrementar la producción nacional para satisfacer las demandas del país, “sin
usar semillas de transgénicos. […]“No hay una limitante tecnológica de forma convencional
para no atender –por ejemplo– la demanda de maíz”.
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