La organización Reporteros Sin
Fronteras (RSF) envió ayer una petición a la Corte Penal Internacional (CPI)
para que investigue los “ataques generalizados y concretos” perpetrados contra
los periodistas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
durante los cuales 102 periodistas fueron asesinados y 14 sufrieron
desaparición forzada.
Christophe
Deloire, secretario general de la organización, denunció la “pasividad culpable” y la “abstención deliberada” del
Estado mexicano para detener la violencia contra los periodistas, pero acotó
que esta demanda ante la CPI “no es una medida hostil hacia México, todo lo
contrario”.
El francés viajó hoy a México, donde
tenía agendada una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador,
para pedirle que respalde la petición ante la CPI.
“Venimos para ello y estaríamos
decepcionados de no verlo”, dijo.
En la mañana
del martes, se reunió con Alejandro
Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien le dijo que el presidente
está “abierto” en acompañar la petición, pero que primero se consultará al
gabinete al respecto.
Según
Balbuena Flores Martínez, representante
de RSF en México, Encinas reconoció que hubo un repunte en la violencia: de
diciembre hasta la fecha, se reportaron 105 agresiones contra periodistas y
defensores de derechos humanos.
“Lo único que dijo es que hay
recursos para el mecanismo, hay un diagnóstico que se está haciendo, que se
dará a conocer a mediados de marzo; que hay toda la disposición. Fue lo único
que expresó”, indicó
Flores.
Emmanuel
Colombié, director del despacho América Latina de RSF, acotó que la CPI no está obligada en abrir una investigación a
petición de una organización de la sociedad civil, y por ello RSF solicita a
AMLO que la respalde ante dicho organismo internacional.
“El presidente puede usar este
procedimiento ante la CPI para combatir las deficiencias de la justicia
mexicana”, insistió
Deloire.
“Los procedimientos de la CPI son los
únicos que permiten hacer demandas contra personas (…) contra cualquier persona
que habría actuado en nombre del Estado o del crimen organizado y que
perpetraron estos crímenes contra la humanidad”, añadió.
Sara Lidia
Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica, denunció los “sexenios sangrientos” de Calderón y Peña Nieto, que
convirtieron a México en el país más peligroso de América para ejercer el
periodismo.
“Durante estos sexenios las
autoridades fueron omisas en las investigaciones”, deploró, y añadió: “los
crímenes contra periodistas, las agresiones constantes, no solo contribuyeron
en crear un ambiente de miedo ante los periodistas, sino ante la población”.
De cinco casos documentados por la
organización –entre ellos el de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de
Proceso en Veracruz, asesinada en abril de 2012 en su domicilio–, “no hubo
investigación ni sentencia hacia los autores intelectuales de los crímenes”.
“En el caso de periodistas
desaparecidos, hay 100 por ciento de impunidad”, lamentó Flores.
Preguntado por Apro sobre su análisis
de la política que lleva a cabo el gobierno de AMLO para atender el problema,
Colombié estimó: “estamos confiando, no tenemos otra opción”.
“Hasta el momento no tenemos nada
concreto, pero tenemos la sensación de que las cosas puedan mejorar. El
gobierno sabe la situación, está consciente, y tiene el compromiso de
combatirla”, añadió.
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