Maite Azuela.
En el aniversario de las Fuerzas Armadas, celebrado el
domingo pasado, el discurso del General Salvador Cienfuegos resultó acertado al
insistir en que no se debe impulsar una ley de seguridad interior “a modo”.
Después de las preocupaciones planteadas por académicos y organizaciones de la
sociedad civil, sobre los riesgos de las iniciativas de ley que hasta hoy se
han presentado, vale la pena atender esa solicitud, con la intención de
fortalecer la legitimidad de las fuerzas armadas que no debe arriesgarse
obviando los contrapesos mínimos que requiere un sistema democrático.
Los diferentes debates surgidos a partir de su solicitud de
normar la participación del Ejército y la Marina en la estrategia nacional
contra el crimen organizado, dieron lugar a tres distintas iniciativas de ley
presentadas por los legisladores César Camacho, Roberto Gil Zuarth y Miguel
Barbosa, cuyo común denominador busca sustentar legalmente su operación en
espacios y contextos diversos, sin que prevalezcan algunas condicionantes
importantes.
Entre las debilidades de las iniciativas planteadas, las
organizaciones de defensa de derechos humanos y los especialistas en seguridad
nacional advierten las siguientes: Los estados de emergencia atentan contra la
médula constitucional, contra la división de poderes y contra los derechos
fundamentales; se faculta a las fuerzas armadas para reprimir cualquier tipo de
resistencia social, aunque esta fuera no agresiva; las fuerzas armadas tendrían
acceso a todo tipo de información independientemente de la autonomía las
instituciones en las que decidan intervenir.
Concentrémonos en la última, en tanto la declaración del
General Cienfuegos coincide con la decisión del Pleno del Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública INAI, de dar a conocer la versión pública del
expediente de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre
el caso Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con las conclusiones de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 30 de junio del 2014 en la comunidad
de San Pedro que pertenece al municipio de Tlatlaya, murieron 22 personas. En
su recomendación, la CNDH señaló que 15 de las víctimas fueron ejecutadas por
militares, que el lugar de los hechos fue alterado y que algunos de los
fallecidos eran civiles que no estaban relacionados con el motivo del
enfrentamiento armado.
La trascendencia de
esta obligación para hacer pública la información responde a dos garantías que
se deben conservar. La primera es la posibilidad de que la CNDH realice
investigaciones e integre documentación sobre casos de violación de derechos
humanos, con la tranquilidad de que la investigación no será interceptada ni
los documentos serán sustraídos por instrucciones de las fuerzas armadas. Ya
que de hacerse efectiva la intención de las iniciativas de ley, de que las
fuerzas armadas tengan acceso a cualquier información mediante cualquier
método, se facilitaría una intromisión injustificada que dificultaría el
ejercicio de funciones de los defensores de derechos humanos del Estado,
vulnerando su autonomía.
Además, no solo la
CNDH podría ver afectada su autonomía, sino que, de aprobarse una Ley de
Seguridad Interior en esos términos, también el INAI podría ser objeto de
intervención de información por parte de las fuerzas armadas.
Es importante que atendiendo el llamado del General
Cienfuegos para que el marco jurídico responda a las necesidades del Estado,
tanto los legisladores, como la sociedad y las instituciones, nos tomemos el
tiempo necesario para construir un marco normativo integral en materia de
seguridad que no ponga en riesgo la independencia de los órganos autónomos, ni
sirva de blindaje a la impunidad de acciones violatorias de derechos humanos.
El reto es enorme,
sobre todo cuando la autoridad civil no está preparada para hacerle frente al
crimen organizado. Sin embargo, debemos confiar en que es posible diseñar un
esquema de mediano y largo plazo en el que paralelamente se fortalezcan las
policías y se construyan las vías progresivas para ir regresando al Ejército a
sus cuarteles.
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