Por Dulce Olvera.
A inicios de año un grupo de
empresarios en contra de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunió
en una residencia en Rancho San Francisco cerca de la zona de Santa Fe, de
acuerdo con una columna de Lourdes Mendoza en El Financiero. Ahí vive William
Jorge Karam Kassab, dueño de Grupo Hidrosina, la primera marca alterna a
Petróleos Mexicanos (Pemex) que comenzó a vender combustible en junio de 2016 y
tiene 210 estaciones, sobre todo en la Ciudad (60) y Estado de México (41), que
concentra la mayor venta de gasolinas a nivel nacional.
Este grupo gasolinero mexicano –que
se autodenomina el más grande– fue uno de los que registró desabasto este
enero, incluyendo la estación con la que inauguró el negocio ubicada en Avenida
Paseo de la Reforma, la cual permaneció cerrada al menos durante un día.
En
comparecencia en la Cámara de Diputados, el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,
detalló que hay 33 individuos directamente bloqueados y denunciados, y 188
terceros relacionados que han sido bloqueados por operaciones de depósito por
más de 5 mil millones de pesos y retiros por más de mil 033 millones de pesos,
recursos “superiores al financiamiento público que recibieron todos los
partidos políticos con motivo de la elección federal y locales de 2018”, dimensionó
sobre las ganancias del huachicol.
A partir de
un listado de posibles empresas que estuvieran relacionadas con el robo de
hidrocarburos y su comercialización, se
identificaron a 11 sujetos que no adquirieron combustible desde 2016 y 2017 a
Petróleos Mexicanos (Pemex), pero siguieron vendiendo, ente ellos, gasolineras
en Tamaulipas. En este momento se encuentran en la lista de personas
bloqueadas, por realizar una actividad presuntamente relacionada con el lavado
de dinero, y ya fueron denunciados ante la Fiscalía General.
De acuerdo
con la Secretaría de Hacienda, las
entidades del sistema financiero mexicano tienen prohibido realizar cualquier
acto, operación o servicio con las personas que aparecen en sus listas como
“bloqueadas”.
“Incluye a un ex Diputado, un ex
Presidente Municipal, cuatro ex funcionarios de Pemex…”, enlistó.
No obstante,
el Juez décimo de distrito Francisco
Gorka Migoni Goslinga ordenó a la UIF desbloquear 32 cuentas bancarias de
Hidrosina, porque, justificó, no hay una investigación internacional o por
terrorismo en torno al empresario, informó Grupo Milenio.
En la lista
de empresas con permiso de la Secretaría de Energía (Sener) para importar
gasolinas y diésel, Hidrosina no figura
a diferencia de otras marcas como Exxon Mobil o Shell. Al 28 de noviembre de
2018, están vigentes 522 permisos de importación de gasolinas y 550 de diésel,
reportó la dependencia federal en enero.
“El 95 por ciento de las personas que
tienen permiso de importación de hidrocarburos no lo están efectuando”, resaltó Nieto.
Nieto informó que, en alianza con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), se determinaron nueve casos en los cuales
había un diferencial entre lo que la gasolinera le compraba a Pemex y lo que
vendían; en algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59
millones de litros más durante 2017 y 2018, de lo que se había comprado a Pemex
o importado.
“De los 20 casos analizados con el
SAT, encontramos que 11 tenían un porcentaje de utilidad mayor al 5 por ciento.
Esto implica una diferencia respecto a la operación habitual que tienen los
empresarios gasolineros con sus ganancias. Tenemos empresas que han tenido 9.5
por ciento de utilidad, lo cual no corresponde con la métrica habitual”.
“La
hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la Fiscalía General y a
partir de la lista de personas bloqueadas, es
precisamente que ese diferencial se explica a partir del robo y
comercialización de los hidrocarburos”, dijo el titular de la UIF.
Además, se encontraron grupos gasolineros que
reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de
servicio.
“Uno de los principales problemas de
la Reforma Energética es que no estableció un mecanismo de control adecuado
para efecto de ver las empresas de naturaleza privada que están comercializando
el producto. A Pemex se le puede revocar las franquicias”, aseguró Nieto.
El
periodista Carlos Loret de Mola en su columna en El Universal reveló que en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera inició la indagación a Hidrosina en
2016, tras la salida de Emilio Lozoya Austin de la dirección de Pemex. Encontró
lo mismo: diferencias entre lo que compraba a Pemex y lo que vendía. Lo
denunciaron ante la PGR de Raúl Cervantes, pero no fue judicializado.
Sobre las
personas bloqueadas, Nieto aclaró que
“hay garantía de audiencia. Están los tribunales para que las personas tengan
la posibilidad de defenderse en el caso que consideren que su actividad no es
ilícita. [Se necesita un modelo en] que los recursos congelados pasen a la
Tesorería para que los intereses se surtan a favor del Estado mexicano,
mientras el Poder Judicial determina”, aclaró.
“El número de detenidos del 1 de
diciembre a la fecha son 558, se han iniciado 2 mil 286 carpetas de
investigación y se han judicializado 112 imputados. Solo 124 personas se
encuentran vinculadas a proceso. A pesar de que el Ministerio Público tiene la
obligación de oficio de solicitarle al juez de control la prisión preventiva
oficiosa en los temas relacionados con robo de hidrocarburos, solamente en 48
casos se ha dictado la prisión preventiva, y esto ha llevado a las 11
sentencias condenatorias”, documentó Nieto Castillo.
“De 558 detenidos en flagrancia,
tenemos 48 [en prisión]. Menos del 10 por ciento ha alcanzado la prisión
preventiva oficiosa. Es importante fortalecer al sistema procesal penal
acusatorio en un marco de derechos fundamentales; ahí en el tema del poder
judicial hay un problema”, agregó.
Sobre los estados donde más han
detectado “operaciones relevantes” relacionadas al huachicol, expuso que en los
91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex, son justo donde el sistema
financiero ha establecido reportes de montos inusuales (transferencias de más
de 10 mil dólares) y también corresponden con espacios donde se han
incrementado el secuestro y la extorsión.
SU RELACIÓN
CON JAVIER DUARTE
La Unidad de Inteligencia Financiera
y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detectaron en
noviembre de 2016 una empresa en la que Moisés Mansur Cysneiros, identificado
por la autoridad como el prestanombres del ex Gobernador de Veracruz Javier
Duarte, tenía como socio al gasolinero William Jorge Karam Kassab, en una
sociedad denominada Servicios Profesionales Jura, en el Estado de México.
Ambos socios
la constituyeron en agosto de 2011, de
acuerdo con la investigación de la UIF. Mansur fue designado como presidente de
la compañía y Karam como vicepresidente.
Alfonso Ortega López, un abogado
fiscalista prestanombres de Duarte, declaró a la PGR que una parte del dinero
desviado por el ex Gobernador se destinó para la adquisición de gasolineras de
Hidrosina.
Aunque no detalló la cantidad, dijo
que los recursos vinieron de Majafin, sociedad financiera constituida
supuestamente por prestanombres de Duarte, y se trianguló con la compañía Xixa.
ECOCIDIO EN
TAJAMAR.
En enero de
2016, el 90 por ciento de los terrenos
del Manglar de Tajamar en Cancún fueron devastados para iniciar construcciones
que van desde comercios hasta una catedral. Bajo el permiso del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo dado por la Secretaría de Medio Ambiente.
Entre las 22 empresas que pretendían
edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son
propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a
la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.
SinEmbargo publicó en enero de 2016 que una de las
empresas es Inmobiliaria Moka, que tiene como representante al empresario
William Jorge Karam Kassab, cuyo hermano Paul, director general de Hidrosina,
es relacionado desde 1993 con el ex candidato a la Presidencia por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, de acuerdo con el
libro Las enseñanzas del profesor, de José Martínez.
En julio de
2017 un Tribunal Colegiado emitió una
sentencia que canceló la autorización para urbanizar y lotificar el sitio de
Tajamar, y ordenó rehabilitar el ecosistema. No obstante, a casi dos años de la
sentencia y ya con nuevo gobierno, activistas promovieron un nuevo recurso de
inconformidad ante el Tribunal Colegiado, por incumplimiento de la sentencia
respecto a la rehabilitación.
El hermano de William, Paul Karam,
también ha sido señalado como co-inversionista en negocios de bienes raíces con
la familia Hank Rhon, de acuerdo con los documentos del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos citados en el libro referido.
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